Principales medidas previstas para el campo

Atender al sector agro-exportador, adecuando la inflación en dólares al escenario internacional, con el fin de evitar que se produzca atraso en el tipo de cambio. En lo impositivo, este sector se inclina por aplicar al agro un impuesto a la renta real, dado que la imposición a la tierra perjudica la inversión por hacerla más riesgosa. Desgravar determinadas inversiones, como en madera o mejoramiento genético.

Duplicar el área del territorio con acceso al riego e implementar un programa orientado al mejor aprovechamiento de recursos hídricos para estimular el desarrollo productivo y el aumento de la productividad del sector agropecuario. Crear un fondo sectorial de 10 millones de dólares anuales, administrado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, para promover proyectos innovadores.

Simplificar el sistema tributario, permitiendo optar por el Imeba a niveles sensiblemente mayores de facturación.

Restablecer la igualdad con otros sectores, retornando a las sociedades anónimas sin restricciones. Respetar al derecho de propiedad y la libre contratación en materia de tierras. Ratificar las políticas de apertura y desregulación en carne y granos. Extender la electrificación rural.

Consolidar un modelo agro-exportador; políticas y señales claras que estimulen la inversión, preserven el libre mercado y reafirmen la seguridad jurídica. Promover producción de bio-combustibles, el desarrollo de sistemas de riego y el uso de seguros agropecuarios. Eliminar los impuestos al trabajo y a las exportaciones. Desarrollar rutas, caminos y telecomunicaciones en el sector rural.

Poner énfasis en el desarrollo de la investigación biológica. Crear fondos para atenuar las consecuencias de catástrofes naturales, como sequías o inundaciones. Fomentar el repoblamiento de la campaña y ayudar a mantener a la población que ya hay en zonas rurales. Duplicar asignaciones a las familias pobres que viven y trabajan en el campo. Concretar un sistema de trazabilidad para productores, que facilite trámites.

El sector agropecuario requiere políticas de larga duración y de acuerdos que estén por encima de los partidos políticos. Dada la especial coyuntura en la que se encuentra este sector, planteamos una política similar a la instrumentada por el gobierno colorado en el año 2001, cuando la situación de la aftosa: exoneración de pagos al BPS por un año y rebaja absoluta de la carga tributaria por el mismo período.