Sólo con el voto en contra del herrerista Gustavo Borsari, que se mostró en contra de "institucionalizar la tinelización de la cultura", la Cámara de Diputados sancionó la ley de prensa.
La norma exime de responsabilidad al que realice "cualquier clase de manifestación sobre asuntos de interés público, referida a funcionarios públicos o personas que tengan una exposición social de relevancia o que se hayan visto involucradas en asuntos de interés público". También a quien difunde "cualquier clase de manifestación humorística o artística" sobre una persona pública. Pero la exención de responsabilidad no corresponde si se prueba "la real malicia" del que agravia a una persona pública o "vulnera" su vida privada.
La ley establece cuatro a diez años de penitenciaría para quien atenta contra la vida de un jefe de Estado extranjero o sus representantes diplomáticos. Si se atenta contra la integridad personal o la libertad, la pena va de dos a nueve años.
Se fijan tres a 18 meses de prisión si hay desacato, "menoscabando la autoridad de los funcionarios públicos", por medio de "ofensas reales" o "desobediencia abierta al mandato legítimo de un funcionario". Pero "nadie será castigado por manifestar la discrepancia con el mandato de la autoridad".
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