La Cámara Alta aprobó por unanimidad el proyecto de ley que establece una sanción de hasta seis salarios para los acosadores sexuales en el ámbito laboral.
El Ejecutivo impulsó la indemnización de las víctimas de acoso sexual en el ámbito laboral o educativo, tanto a nivel público como privado. Las empresas deberán hacerse cargo del resarcimiento si no tomaron medidas para "corregir" la agresión.
La ley apunta a la prevención y sanción de los casos de acoso sexual. Si se comprueba la existencia de la agresión, la víctima "podrá reclamar al responsable una indemnización por daño moral equivalente a seis mensualidades".
La denuncia puede ser efectuada por el trabajador en el ámbito de su empresa o en la Inspección de Trabajo. Si la denuncia no se hace a la empresa y sí a la Inspección, ésta traslada la denuncia a efectos de que cese la situación de acoso. Si el trabajador reclama una indemnización y las pruebas demuestran la veracidad de la denuncia, será el juez laboral el que defina a quién corresponde el pago.
La recién aprobada ley también contempla que el acosado pueda romper unilateralmente la relación de trabajo por considerar que no puede permanecer en el lugar de trabajo. En ese caso, el afectado podrá considerarse "indirectamente despedido" con carácter abusivo y tendrá derecho a "una indemnización especial tarifada de seis mensualidades, acumulable a la indemnización común".
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