Cinco años atrás se produjo una avanzada de empresas agrícolas argentinas que -desalentadas por la voracidad fiscal hacia el campo por el gobierno kirchnerista- se instaló en el suelo uruguayo tapizando de soja y otros cultivos una amplia superficie antes destinada a la ganadería.
El negocio le venía hasta ahora siendo beneficioso a ambas partes: a las empresas argentinas seguramente mucho más, ya que la batería de impuestos y retenciones en su país es superior en por lo menos dos veces y media más a la carga fiscal que les implica plantar en el Uruguay. Es cierto que el monto en dólares de los insumos en nuestro país son mayores a los de Argentina (sobre todo por la incidencia del alto precio del gasoil) pero aún así las ganancias que los argentinos recibieron por venir a plantar al Uruguay fueron hasta tres veces superiores a las obtenidas allí. A los productores uruguayos también les sirvió el negocio, aunque debe acotarse que la rentabilidad dejada a los dueños de los campos por las hectáreas cedidas en arrendamiento a las empresas argentinas (en comparación con el producido de la ganadería) no tuviera los mismos porcentajes que las ganancias obtenidas por los agricultores vecinos en su mudanza de allí hacia aquí. Pero así son los negocios: se debe mirar lo que a uno le sirve y no si a la otra parte le sirve más. Y los productores hicieron sus cuentas y le resultó más rentable arrendar hectáreas para que los argentinos planten sus cultivos que criar o engordar ganado en esa misma superficie.
Encaradas de esa forma las cosas, durante estos últimos años la relación entre las empresas agricultoras argentinas aquí instaladas y los productores uruguayos, marchó sin tropiezos, mientras la soja continuaba su escalada ascendente de precios internacionales.
Pero resulta que se cruzaron en el camino un par de inconvenientes inesperados para que la buena relación cambiara repentinamente: por un lado la crisis global, que hizo deprimir abruptamente el precio internacional de los commodities (llegó al entorno de un 40% menos en el caso de la soja); y por el otro la sequía del pasado verano, que castigó duramente a nuestro suelo agrícola (como consecuencia de la falta de agua el rinde por hectárea del cultivo es alrededor de un 30% menos de lo previsto).
Y no es que ardiera Troya, pero la relación ya no fue la misma. Sobre todo porque alguna de las empresas argentinas decidió que ante el nuevo escenario económico, era momento de revisar los contratos de arrendamiento. En general estos se regían en dólares, pagando las empresas el equivalente a determinada cantidad de kilos de soja al precio internacional de aquel momento y en cuotas adelantadas. Al bajar el precio en el mercado internacional, los arrendamientos quedaron -en su concepto- excesivamente altos, por lo que pretenden revisarlos, reduciendo los adelantos y ya no pagando las cuotas en dólares fijos sino en kilos de soja (o su valor) al final de la cosecha.
Claro que los productores tienen otra visión, fieles a eso de que negocios son negocios. Y así como no estuvieron midiendo cuánta era la ganancia de las empresas argentinas al venir al Uruguay sino que calibraron su propia conveniencia al arrendar o no sus campos, tampoco desean ahora, con razón, que por circunstancias ajenas a ellos los cultivadores pretendan revisar los contratos y bajarles los montos considerablemente, además de posponerle las cuotas establecidas para los pagos en dólares. Las empresas argentinas pretenden que los productores uruguayos "comprendan" la situación de los cultivadores, pero no es fácil "entender". Su concepto parece ser: "Pagamos bien si a nosotros nos va excepcionalmente bien, pero si no es así, les cambiamos el contrato".
Negocios son negocios. Nuestros productores suelen ser el lado más fino del hilo. Le ocurre con la industria frigorífica, que le fija los precios a los ganados según su conveniencia. Ahora algunas empresas argentinas "sojeras" quieren que ellos "enjuaguen" sus problemas. Puede haber cierta consideración de parte de los productores, que bien saben lo que son las coyunturas internacionales y los avatares climáticos, pero tampoco tienen por qué ceder más de la cuenta. Si los contratos están firmados, se respetan. Cualquier magistrado les daría la razón. Pero como siempre "algo hay que ceder", seguramente lo harán (o ya lo están haciendo) porque se trata de un tipo humano que estila la comprensión y la paciencia.