Las empresas de operativa portuaria Terminal Cuenca del Plata (TCP) y Montecon, más el sindicato único de trabajadores portuarios, ratificaron su oposición al proyecto del gobierno por el que se construirá una segunda terminal de contenedores en el puerto de Montevideo. El proyecto de ley que crea la segunda terminal fue aprobado por el Senado el pasado 13 de mayo, y ahora viene siendo estudiado por la Cámara de Representantes.
Katoen Natie, accionista mayor de TCP, la empresa que hoy opera la única terminal de contenedores existente, anunció tras reunirse con la comisión de Transporte y Obras Públicas de Diputados que pedirá al próximo gobierno la cancelación de la segunda terminal. La directiva de la compañía ratificó ante la comisión que se amparará en el Tratado de Protección de Inversiones entre Uruguay y Bélgica para llevar al Estado uruguayo a un arbitraje internacional con el objetivo de que quede sin efecto el proyecto.
Según dijeron a El País miembros de la comisión, el director de Katoen Natie, Joris Thys, sostuvo ante la comisión que a raíz de la crisis global este año caerá el movimiento de contenedores y que, si a eso se le suma la perdida de mercado a manos de un competidor en el futuro, el plan de negocios de la firma podría sufrir modificaciones.
La empresa argumentó ante los legisladores que este año se realizarán 350.000 movimientos de contenedores en la terminal actual, y que la firma precisa de entre 700.000 y 800.000 movimientos para justificar algunas inversiones. Thys reconoció que como el presente es un año electoral, se esperará a que el próximo gobierno decida sobre el proyecto de construcción de una segunda terminal porque sería "más justo", dijeron los informantes.
La empresa naviera Montecon fue la otra firma que compareció a la comisión de Transporte. Montecon entregó documentación en la que da cuenta de su disconformidad con algunos cánones establecidos, los que considera excesivamente altos. Los montos requeridos, dijeron, le impedirían participar de la subasta que se realizaría a partir de junio de 2010 con la próxima administración.
La empresa dijo ante la comisión que la licitación se hará sin una localización predeterminada para la terminal y sin un proyecto técnico conocido.
TRABAJO LOCAL. En la misma reunión pero más tarde, el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) cuestionó la construcción de la segunda terminal.
Los legisladores, aun los del oficialismo, consideraron "razonables" los planteos de las empresas y de los trabajadores, según las conclusiones extraídas tras la reunión.