En seis meses, Comcar se llenará otra vez

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D. ISGLEAS / E. BARRENECHE

Con un hacinamiento del 64% en el Comcar y del 127% en el penal de Mujeres, el gobierno anunció ayer un plan de descongestionamiento de cárceles que alcanzará a 1.250 presos. En seis meses el Comcar recuperará su población carcelaria.

"El número de presos continúa en aumento", sostuvo la ministra del Interior, Daisy Tourné. Por eso, el gobierno acordó impulsar a la brevedad una política diferente basada en dos aspectos: la modificación del sistema procesal penal de forma tal de concebir un mecanismo no punitivo, y aprobar rápidamente en el Parlamento la mejora de las medidas alternativas a la pena de prisión.

"Es necesaria la rehabilitación social de los reclusos para que no vuelvan a delinquir. No hay inclusión social y por eso vuelven a delinquir", subrayó.

Los perfiles de presos a reubicar en Punta de Rieles son: primarios, con salidas transitorias, penados que le falten dos años para cumplir su condena, procesados por delitos leves.

Tras aprobar ayer el Consejo de Ministros el plan de descongestionamiento del sistema penitenciario presentado por la ministra Daisy Tourné, técnicos de la Dirección de Cárceles acelerarán los trámites para otorgar seguridad al ex penal de Punta de Rieles.

Los traslados de los reclusos se harán dentro de 60 días en dos ómnibus en tandas diarias de 200 presos. "La Dirección de Cárceles ya diseñó un operativo de seguridad para el traslado de esos reclusos, los cuales no tienen peligrosidad alguna", indicó una alta fuente ministerial a El País.

Esta repartición ministerial también apuesta al egreso de 100 guardia cárceles, quienes ocuparán plazas en Punta de Rieles. También apelará a una redistribución interna de funcionarios.

El programa, que pretende reducir en un 20% el hacinamiento carcelario, fue elaborado semanas atrás por expertos del Ministerio del Interior y asesores de Tourné. Su costo inicial será de US$ 200.000 que serán financiados por el Ministerio de Economía.

El senador nacionalista Carlos Moreira, integrante de la comisión bicameral de seguimiento del sistema carcelario, expresó a El País que este gobierno ha invertido escasos recursos para mejorar las condiciones de alojamiento de las cárceles.

Pese a que el motín del Penal de Libertad ocurrió en el 2002, recién el año pasado se terminó la refacción de esa penitenciaría y solo se construyó un módulo nuevo en el Comcar. "Esta administración destinó US$ 6.000.000 en la edificación de nuevas plazas. No es una inversión importante y por eso el hacinamiento crítico", dijo Moreira replicando afirmaciones de Tourné acerca de que este gobierno fue el que más invirtió en cárceles.

Ayer, al finalizar la reunión del gabinete, el secretario de la Presidencia, Miguel Ángel To-ma, anunció el "apoyo incondicional" del presidente Tabaré Vázquez y del Consejo de Ministros a Tourné y a su gestión al frente de la cartera. De todos modos, Vázquez dijo que los ministros que hagan campaña electoral deberán dejar el gabinete.

REVUELTA. Unas 24 horas antes de que Tourné anunciara su plan de descongestionamiento de las cárceles, se amotinaron 100 reclusos del Módulo II del Complejo Carcelario de Santiago Vázquez (Comcar), un penal que enfrenta una sobrepoblación elevada. El módulo donde ocurrió el incidente es uno de los más hacinados de todo el sistema penitenciario, según afirmaron fuentes ministeriales a El País.

Durante el motín, los presos que lucían tapabocas para que no los identificaran y "cortes carcelarios", golpearon e hirieron a un policía.

Las fuentes señalaron que el guardia cárcel tuvo la suerte de no recibir más golpes al caer dentro de una cloaca.

La movilización fue dispersada por efectivos del grupo de choque y luego los reclusos fueron sancionados y derivados a otros módulos del Comcar.

CAMBIOS. El plan del gobierno también supone trasladar reclusos a varios lugares: al establecimiento de Punta de Rieles, a un hogar del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en la zona de Paso Molino, a la colonia Santín Carlos Rossi, a la chacra contigua al establecimiento de La Tablada, y a cinco casonas que serán alquiladas por el Poder Ejecutivo.

El penal de Libertad, donde se alojan los presos más peligrosos, no formará parte de este plan por ahora y la idea del gobierno es que paulatinamente se realoje en otras cárceles a los presos que se encuentran hoy en los módulos externos, conocidos como "las latas" por la consistencia del material con que fueron construidos.

Según el plan del gobierno, el predio de Punta de Rieles que fue cedido por el Ejército alojará a 550 reclusos procedentes del Comcar y categorizados como de baja y mediana peligrosidad. En el caso del penal de Libertad, los planes implican en una segunda etapa el traslado progresivo de presos desde ese establecimiento. Al desalojarse el Comcar, algunos pasarán a esa cárcel, con el fin de sacar a reclusos de los módulos adquiridos en el gobierno de Jorge Batlle (2000-2005) y que se conocen como "las latas".

Otras fuentes del Ministerio del Interior señalaron que es improbable que el plan de descongestionamiento de cárceles incluya la movilización de presos hacia cárceles del interior. Ese tipo de medidas enfrenta la oposición de los propios jefes de Policía -generalmente se "descartan" de los presos más peligrosos al enviarlos al penal de Libertad-, de las fuerzas vivas y de los presos que no desean separarse de sus familias.

La seguridad perimetral de Punta de Rieles estará a cargo de las Fuerzas Armadas, en tanto la Dirección Nacional de Cárceles se ocupará de la seguridad interna.

En el caso del hospital psiquiátrico Santín Carlos Rossi, dependiente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), se decidió alojar allí en dos pabellones especiales a 55 presos con patologías mentales severas para que continúen su tratamiento médico. Otros 150 reclusos serán enviados a una zona contigua a La Tablada, donde se construirán instalaciones prefabricadas en colaboración entre el Ministerio de Vivienda y la dirección de Arquitectura del Ministerio del Interior. La cárcel de mujeres de la calle Cabildo y Nicaragua también será aliviada en su capacidad. De las 330 reclusas que tiene ahora, 30 con hijos serán trasladadas hacia un hogar que el Mides en la zona de Paso Molino.

Tourné explicó que se eligió ese lugar por la facilidad de acceso, los medios de transporte disponibles y la proximidad de centros de enseñanza para esos niños. Los presos mayores de 60 años de edad y aquellos que estén próximos a su libertad y que tengan trabajo, serán enviados a establecimientos de pequeñas dimensiones.

Dado que las cifras de ingresos muestran que en el sistema carcelario hay 97 reclusos nuevos cada mes, dato que confirmó la ministra Tourné, en cinco o seis meses la cárcel de Santiago Vázquez podría estar nuevamente con los 3.011 reclusos que tiene hoy. "Este plan supone un alivio temporal", apuntó la ministra, que se manifestó a favor de seguir analizando las causas de fondo del problema, el hacinamiento provocado por la reincidencia y la "estigmatización" con que, dijo, la sociedad mira al recluso.

A nivel técnico, el concepto de "peligrosidad" es debatido, aunque es necesario recurrir a un criterio de esas características para establecer las condiciones de reclusión de los detenidos, según indicaron criminólogos consultados por El País.

En base a análisis de esas características -que son realizados por el Instituto Nacional de Criminología a pedido del Poder Judicial- es que se procede al momento de conceder el beneficio de la libertad condicional o anticipada. Según se explicó, el criterio de alta, media o baja peligrosidad se utiliza al momento de establecer las medidas de seguridad durante la reclusión, pero eso no puede ser considerado como un reflejo del peligro que una persona representa para la sociedad. Así, por ejemplo, podría considerarse que una persona mayor de 60 años, que goza de un régimen de salidas transitorias y que trabaja, es un recluso de baja peligrosidad que estaría en condiciones de acceder a un sistema de reclusión más abierto. En contrapartida, es posible determinar que un recluso joven, con varios antecedentes y sin el beneficio de las salidas transitorias puede señalarse como de mediana o alta peligrosidad, y por ese motivo requiere un sistema de reclusión cerrado. Los especialistas consultados indicaron que esa es la situación de la gran mayoría de los reclusos del sistema carcelario uruguayo, porque se trata de menores de 30 años, en su mayoría entre los 18 y 22 años.

El comisionado parlamentario, Álvaro Garcé, también manifestó una opinión técnica sobre el plan del gobierno para descongestionar las cárceles. "Desde el año pasado venimos advirtiendo sobre el aumento de la población reclusa. Por lo tanto, veo como algo positivo la búsqueda dentro del Estado de alternativas para mejorar el hacinamiento en parte del sistema penitenciario", dijo el funcionario. Sin embargo, Garcé no se pronunció acerca de si las medidas diseñadas por el Ministerio del Interior eran tardías o no, ya que "no me corresponde" efectuar análisis políticos relacionados con cárceles.

Cada día llegan entre 40 y 60 reclusos y sus familias al Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados buscando asistencia económica y social. Sin embargo, esa institución enfrenta dificultades en la aplicación de políticas de rehabilitación por falta de personal. "De los 20 cargos de asistencia social, solo están ocupados unos 12", dijo a El País la directora del Patronato, Cristina Gil. Ayer Gil se reunió con un grupo de jueces penales para solicitarles una mayor aplicación de medidas alternativas a la prisión con el objetivo de detener "el flujo" de reclusos que llenan las cárceles. También señaló que mientras el 60% de los presos vuelven a delinquir cuando salen en libertad, la reincidencia de aquellas personas procesadas con medidas alternativas a la prisión es apenas de un 11%.

Varios precandidatos presidenciales de la oposición cuestionaron la respuesta "tardía" del gobierno ante el problema del hacinamiento en las cárceles.

El precandidato nacionalista Luis Alberto Lacalle expresó que, en los últimos cuatro años, el gobierno pudo haber construido nuevas cárceles mediante concesión de obras públicas tras ser advertido por legisladores del Herrerismo sobre el inminente fenómeno de la sobrepoblación de presos.

"La única solución que se le ocurrió a este gobierno fue decretar la libertad anticipada de los presos para descomprimir las cárceles. Ahora se hacen remiendos", dijo Lacalle.

Por su parte, su rival en las internas blancas, Jorge Larrañaga, lamentó que el Poder Ejecutivo no haya atendido hace un año atrás su planteo de usar Punta de Rieles para descomprimir la situación carcelaria.

"Lamentablemente tuvo que venir el relator de Naciones Unidas para que el presidente Tabaré Vázquez dispusiera lo que la ministra de Interior debió haber resuelto hace un año atrás", explicó Larrañaga.

Por su parte el precandidato forista Luis Hierro López consideró como positivo el plan de descongestionamiento del sistema penitenciario resuelto por el Ministerio del Interior.

Sin embargo, se preguntó por qué no se aplicaron las medidas de emergencia humanitaria anunciadas por el presidente de la República el 1º de marzo de 2005. "Si estas se hubieran aplicado habrían evitado esta situación de hacinamiento de los penales que todos conocemos pero que salta a propósito del relator de Naciones Unidas (Manfred Nowak)", dijo.

Para Hierro, esta administración frenteamplista "no va a tener tiempo ni fuerza" como para instrumentar un plan a fondo para el sistema carcelario, ya que desde el año 2005 el propio presidente de la República declaró una emergencia humanitaria y todo el gobierno "fue incapaz" de resolver no todos sino apenas uno de los problemas planteados en materia carcelaria.

Por su parte el candidato del Partido Independiente, Pablo Mieres, expresó que el gobierno recién ahora aplica medidas con sentido común para mejorar las cárceles. "Se trata de cosas que estaban en la tapa del libro: la búsqueda de ampliar la locación, la infraestructura y los traslados de presos", dijo.

Mieres afirmó que "es muy patético" que el gobierno solo reaccione luego que un extranjero le dice lo que pasa en las cárceles del país.