El lunes se reunió por primera vez la comisión creada por el gobierno para estudiar la viabilidad de instalar una planta nuclear para generar electricidad en nuestro país. Es un cuerpo asesor compuesto por tres representantes del Ejecutivo y un delegado de cada uno de los partidos políticos de la oposición. En esta etapa se compilará información sobre el tema y se intercambiarán opiniones sobre este tipo de energía.
El interés en la utilización de la energía nuclear para producir electricidad se ha acentuado por diferentes motivos. Las fuentes de energía hidroeléctrica son limitadas y están aprovechadas al máximo. La demanda mundial por energía superará la capacidad de producción de petróleo y el mundo deberá recurrir a yacimientos cada vez menos accesibles para satisfacer las necesidades de una población creciente.
La preocupación por el cambio climático lleva a los países a invertir en fuentes de energía "limpias". Ello determina, por ejemplo, que existan dudas sobre construir plantas que quemen carbón.
La demanda por suministros confiables de grandes volúmenes de electricidad supera las actuales posibilidades de muchas de las fuentes "limpias", incluyendo la energía solar y la eólica. Estas tecnologías pueden hacer un aporte valioso como parte de sistemas o redes eléctricas más amplias que cuenten con una importante base de suministro "limpio" y confiable. Y esto solamente puede ser conseguido mediante centrales nucleares.
El Uruguay es un importador de energía. Dependemos de fuentes de energía en el extranjero. La instalación de una central nuclear es una opción posible que merecería ser estudiada con seriedad y sólido fundamento técnico.
Sin embargo, como señaló en la comisión creada por el gobierno, el delegado por el Partido Nacional, senador Ruperto Long, el art. 27 de la Ley N° 16.832 prohíbe "el uso de energía nuclear en el territorio nacional". Con razón, Long reflexionó que "empezamos a recorrer un camino en el cual vamos a tener que tomar decisiones sobre un tema prohibido, es una contradicción".
Es cierto. La forma de remediarla es mediante un acuerdo político que permita derogar aquel artículo.