ALEJANDRO NOGUEIRA | LA CAMPANA
El ruido preelectoral ahoga temas de gran proyección para el país, los relega, los quita de la agenda y del análisis sereno de los ciudadanos. En el río revuelto desaparecen asuntos de la mayor importancia para decidir el voto y que la gente defina en qué clase de país quiere vivir.
Las políticas tecnológicas, entre ellas el acceso a las nuevas tecnologías por parte de la población, es un tema tan relevante como otros. Más allá de posibles falencias, de insuficiencias o de aspectos a corregir a futuro el Plan Ceibal, por ejemplo, no puede dejar un saldo negativo pese a la ausencia de un plan pedagógico.
En una línea similar va el Plan Cardales, aunque remacha los roles monopólicos o regentes de Antel y asegura a los operadores de TV cable (mayoritariamente los mismos denostados canales privados de televisión) la parte del león en este mercado.
El Cardales implicó que el gobierno dejara sin efecto la concesión al mexicano Carlos Slim para aportar la tecnología del Triple Play (telefonía, Internet y TV cable) para que este no se adelantara a los cansinos tiempos del Estado y se apropiara de la franja de mercado de mayor poder adquisitivo, necesaria en el Cardales para subsidiar la masificación de un servicio básico.
Una lógica similar guió los pasos del Estado en la prohibición de la instalación de sistemas PET de diagnóstico del cáncer en el sector privado. Como el Estado tiene en sus planes que este año, o el siguiente, este servicio se encuentre en manos públicas, no importa mucho si en este lapso los enfermos de cáncer no puedan tener el mejor diagnóstico disponible o solo lo consigan si pueden pagarlo en el exterior.
Ambos ejemplos tienen algo en común: que los privados no ofrezcan un servicio a los que puedan pagarlo (esos sospechosos) para que esa porción del mercado no quede fuera del Estado. Si esta lógica se hubiera aplicado antes, por ejemplo, las clínicas oncológicas privadas hubieran debido esperar a que Salud Pública tuviera a su disposición esas tecnologías, cerrando el paso a muchos negocios médicos, algunos muy conocidos.
Si hay dos o tres PET privados, el estatal estaría en competencia, ofreciendo precios, calidad y eficiencia a los diferentes agentes de la salud. No sabemos si después de que se instale el PET estatal, se le permitirá a los privados. Si no se les permite, el Estado quedará monopólico en esta materia, y todos sabemos lo que significa en cuanto a los precios y eficiencia. Si los permite, el único efecto práctico es que durante un año o dos muchos uruguayos no pueden combatir su cáncer de la mejor manera posible. Si usted, lector, tiene cáncer, o puede tenerlo, o un familiar, ¿qué le parece que el Estado le demore el diagnóstico?
En el caso del Triple Play, cerrar el camino al inversor extranjero para no perder recursos para el subsidio general, se podría subsanar sencillamente gravando el servicio en beneficio del resto de la comunidad. Sin embargo se opta por impedir el acceso a los uruguayos con dinero para pagarlo, que puedan obtener este beneficio antes que el Estado pueda poner en marcha el Cardales.
No es necesario un gran esfuerzo de argumentación para mostrar lo que subyace en estos ejemplos: el Estado, mejor dicho, el gobierno, tiene que estar presente, regular, regir, para igualar. E iguala para abajo.