Tiempo de masacre

Antonio Mercader

Aunque disimulada por la campaña electoral la cifra es tan atroz que resulta inocultable: diez reclusos murieron en nuestras cárceles en los últimos cien días. Cinco perecieron en un incendio, dos cayeron abatidos a balazos por la guardia en un motín y los tres restantes fueron asesinados en riñas con otros presos. Una de esas riñas -un duelo a machetazos en el patio del penal filmado por las cámaras de seguridad- se vio en los canales de TV como un "reality show". El último incidente ocurrió este fin de semana en el Comcar cuando dos presos se liaron a tiros -nadie sabe cómo obtuvieron sus armas- y uno murió mientras otro quedó malherido.

Esta masacre silenciosa pero pertinaz transcurre al final de un período de gobierno que se estrenó con la promesa de soluciones para la "emergencia carcelaria" declarada por Tabaré Vázquez en su discurso en el Palacio Legislativo el mismo día en que asumió el gobierno. Ocurre un año después de que un enviado especial de ONU, Manfred Nowak, presentara un pavoroso informe de nuestras prisiones a las que catalogó entre las más "superpobladas, crueles y miserables" del mundo. Y sigue en pleno período de transición entre dos gobiernos de izquierda sin que a nadie -o apenas a unos pocos- se le mueva un pelo.

Urge detener esa sangría. La liberación en masa de 800 reclusos dispuesta en 2005 por el gobierno de Vázquez fue una pésima solución, como lo probó el subsecuente aumento de la criminalidad y la reincidencia de buena parte de los liberados en tropel (un 25% en las primeras tres semanas). Tampoco es aceptable que en Uruguay el encierro sea sinónimo de "hacinamiento", esa palabra invariablemente usada para describir colapsos como el del Comcar que aloja a casi 3.000 personas, el doble de su capacidad. Además, no puede ser que nuestras prisiones sean "escuelas del delito", como se acepta con resignación, en donde los delincuentes primarios conviven con criminales fogueados.

La decadencia del sistema carcelario no empezó con Tabaré Vázquez ni es culpa exclusiva del último gobierno sino que es una lacra que arrastramos por décadas. Sin embargo, debe recordarse que el Frente Amplio hizo campaña en 2004 repicando sobre la gravedad del problema y pregonando que arbitraría soluciones. Aparte de la liberación de presos decretada por el ministro José Díaz y alguna ampliación de la capacidad locativa, poco más se intentó para remediar ese estado de cosas. El nombramiento de un comisionado parlamentario dedicado al tema, si bien fue un paso adelante hubiera requerido brindarle más apoyo a su gestión para lograr mejores resultados.

Uno de los pocos que luce preocupado por remediar ese drama es el probable ministro del Interior, Eduardo Bonomi, a quien la propaganda de la izquierda presentó alguna vez como el hombre adecuado para realizar "aquellas misiones en donde no está permitido fracasar". Dice Bonomi que debería sacarse a los presidios de la jurisdicción del ministerio del Interior aunque no indica cuál sería su destino definitivo.

En el pasado estuvieron en el área de Educación y Cultura en atención al precepto constitucional de que las cárceles no son para mortificar sino para reeducar. ¿Qué habría que hacer con ellas? ¿Integrarlas a un nuevo organismo? No hay respuesta a tales preguntas, pero es seguro que cualquier medida requerirá fuertes inversiones, esas que escasearon en los últimos años y que deberían hacerse a la brevedad.

Un país de primera no puede tener cárceles de cuarta.