Habrá reunión del Congreso el lunes

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El Congreso Nacional de Intendentes se reunirá el próximo lunes cuando se conozca la decisión de la Suprema Corte de Justicia con respecto a la acción de inconstitucionalidad planteada por las Comunas de Colonia, Flores y San José.

Omar Lafluf, presidente del Congreso, dijo a EL PAÍS digital que el objetivo de la convocatoria es analizar cuál será la situación de las restantes Intendencias tras la decisión de la Justicia, así como el alcance que tendrá.

¿Qué pasa con un vehículo empadronado en Colonia pero que circula en Montevideo", se preguntó el presidente Lafluf.

Con informe jurídico de por medio, los jerarcas de los distintos departamentos estudiarán una posible solución al tema de las patentes, y propondrán una medida al respecto.

EJEMPLO. La situación en Río Negro es bastante particular. El departamento tiene una suerte de protección, ya que está "amparado en un artículo que nos faculta a exigir a aquél vecino que sabemos y comprobamos que vive en el departamento a empadronar" en su lugar de residencia. En caso contrario, "se le aplica una multa equivalente al 100% del valor de la patente", explicó Lafluf.

Esta podría llegar a ser una resolución posible a implementar al resto de las Comunas. Pero según informó el presidente del Congreso hace falta la aprobación de la medida por parte de la Junta Departamental y su inclusión en el presupuesto.

ANTECEDENTES. La decisión de las intendencias de Colonia, Flores y San José de presentar acciones de inconstitucionalidad contra la ley de patentes generó malestar y preocupación en varias comunas. El intendente de Cerro Largo, Ambrosio Barreiro, entiende que lo mejor es una reforma de la Constitución y obligar a que todas las intendencias procedan de la misma forma.

Las comunas rebeldes entienden que si el fallo es favorable se protegerá a los automovilistas que empadronen en esos departamentos. El abogado Daniel Hugo Martins es el promotor de las impugnaciones y considera que la ley de patentes impulsada por el gobierno el 26 de diciembre del año pasado, vulnera la autonomía municipal y por ende es inconstitucional.

Barreiro dijo a EL PAÍS digital que no comparte esa postura ya que la ley salió a instancia del Congreso de Intendentes. "Como no se encontraban soluciones para el tema (de la patente) se pensó en una ley que definiera la ubicación del contribuyente y el lugar en dónde tenía que sacar la patente de rodado", afirmó.

El jefe comunal recordó que concurrió una delegación al Parlamento para explicar los motivos por los cuales se impulsaba esa normativa. "La misma fue llevada adelante por el Legislativo, hoy rige como ley y ahora estas tres intendencias están haciendo esa fundamentación, de la cual no participamos pero estamos a la orden de lo que disponga la Suprema Corte de Justicia", agregó Barreiro.

El intendente arachán dijo que se violó lo que el Congreso de Intendentes planteó como una necesidad y se consiguió una ley que ahora se impugna "por el interés de mantener un status que les favorece".

CAMINO. Si la Suprema Corte entiende que es inconstitucional se acatará la decisión, si entiende lo contrario se aplicará la ley. "Mi situación es muy especial, yo ya no voy a ser más reelecto, el problema será de otros, yo siempre traté de buscar soluciones", consideró Barreiro. Pero también entiende que si este tema no llega a buen puerto y se extiende por siempre la mejor solución es llevar adelante la reforma constitucional.

Además si el fallo es favorable a las tres comunas, sepultará la idea de alcanzar una patente única por lo que se tendrá que buscar otra forma. "Una puede ser un impuesto dentro del combustible u otro mecanismo, pero yo creo que en esta instancia lo mejor sería una reforma. Creo que en esta última instancia habrá que llegar a eso".

Finalmente, Barreiro dijo que no se ha planteado si el Congreso debe tomar alguna acción contra San José, Colonia y Flores. "No se qué surgirá del próximo congreso, pero evidentemente se transmitirá el malestar de la mayoría de las intendencias y su preocupación por esta situación", finalizó.

DENUNCIA. En el Congreso de Intendentes ya nadie recuerda la fecha en que empezó la "guerra de las patentes". Una investigación hecha por el abogado tributarista Alberto Varela ( Estudio Ferrere) la situó en 1987 cuando comenzaron las diferencias de precios en Montevideo y el interior.

El intendente capitalino de la época, Jorge Luis Elizalde (Partido Colorado) denunció que se evadía un 25% del presupuesto de patentes, ya que miles de autos del interior circulaban por las calles montevideanas.