Entre las cárceles y el miedo

CARLOS MAGGI

El comisionado parlamentario Álvaro Garcé informó al Parlamento, el 19 de marzo, que "se mantiene" la emergencia humanitaria en las cárceles, que fuera inútilmente declarada en el 2005.

De principios del 2008 a la actualidad, el número de reclusos aumentó en 1.000 y alcanza a 7.880 presos.

Garcé relató a los integrantes de la comisión legislativa, un panorama dantesco en la mayoría de las cárceles uruguayas. El senador Eleuterio Fernández Huidobro, que no tiene pelos en la lengua, señaló que los penales del país se encuentran peor que en los tiempos de la dictadura.

Garcé agregó que en este momento ocurre algo "inédito", el delito líder es la rapiña.

Al día siguiente, la ministra del Interior Daisy Tourné le dice a la prensa que no ha leído el informe del comisionado Álvaro Garcé (¿?). Y todo parece encaminarse para dejar todo como está.

Seis días después, el viernes 7 de marzo, se conoce un informe lapidario sobre el sistema carcelario uruguayo elaborado por el relator de la Organización de las Naciones Unidas, Manfred Nowak.

El primer día hábil, siguiente a ese viernes, el Presidente de la República, Tabaré Vázquez pide un informe que explique porqué en Uruguay el crecimiento de la población carcelaria es superior al crecimiento en el resto del mundo; y ordena que en un plazo de 15 días se empiece a trasladar presos a los cuarteles de las fuerzas armadas.

Todo hace suponer que esta medida plausible es el principio de una nueva política menos desaprensiva, menos despiadada, menos hipócrita, más humanista.

Hay que cortar dos procesos degenerativos: el rencor creciente de la delincuencia y el malestar que le provoca a la población, sentirse en peligro.

Mientras haya barrios marginados sin orden ni policía; y mientras los institutos de detención sean escuelas de criminales, la maldad será progresiva. Si a eso se agrega que los menores formados en la violencia que inculca la televisión, no pueden ser ayudados cuando cometen sus primeros delitos imitativos, la velocidad de la desmejora personal, se hace uniformemente acelerada. Esta es una primera explicación de las que pide el Presidente. La delincuencia crece y se envilece y crece, debido al método vil que se aplica a quien comete un delito.

Cuando los delitos se multiplican y se agravan (y van preferiblemente contra la personalidad del hombre y lidera la rapiña), el gobierno acusa a la prensa porque se fija en eso (como si fuera poca cosa morir asesinado); y mientras tanto, la prensa le echa la culpa al Ministerio de Interior a medida que cunde el miedo (como si rehabilitar a los reincidentes fuera un trabajo policial).

El principio del orden y la seguridad manda que a la gente hay que tratarla como la gente.

Para dispensar el trato y el tratamiento debidos ante las infracciones penales, lo primero es la creación de los medios materiales y la preparación del personal especializado, dedicado a mejorar a quienes delinquen. Ninguno de estos dos aspectos ha merecido la atención necesaria.

En este punto exacto corresponde detenerse para ver hasta donde las palabras huecas se dicen para disfrazar la realidad. Cuando los institutos de detención están degenerados, el único remedio es tener más y mejores institutos de detención. Y punto.

Solo puede haber una respuesta: financiar los instrumentos necesarios.

La recuperación de los adultos y de los menores que delinquen sólo puede encararse cuando están dadas las condiciones para un trabajo docente.

También es cierto que la legislación sobre los delincuentes infanto juveniles, a primera vista, es un disparate. Pero en los hechos ninguna otra cosa puede disponerse: los más chicos quedan libres y que de ellos se encarguen los padres.

¿Se averigua si hay padres o cómo son? ¿Quién cuida a los más chicos?

Los menores mayores no pueden ser detenidos porque no hay en el Uruguay, edificios adecuados adonde llevarlos, bajo severas medidas de seguridad; ni personal preparado que haga de los reformatorios, verdaderos colegios que eduquen y sean al mismo tiempo, sanatorios que curen males síquicos.

Ningún menor puede ser maltratado, ni dejado de tratar, para corregir su formación. En esta frase la droga, el delito, la ignorancia, la malevolencia son flagelos a extirpar, con la delicadeza y con la firmeza que cada caso requiera.

El gobierno gastó centenares de millones de dólares en planes sociales asistencialistas. Repartió sin pedir contrapartida, sin exigir nada a cambio, confiando en el poder curativo del dinero.

El gobierno avisó que repartir plata era la mejor forma de combatir la delincuencia; fue el modo elegido para atacar las causas mas profundas (para el gobierno, la causa mas profunda era la falta de 50 dólares al mes, en decenas de miles de hogares).

El pibe chorro fue considerado la consecuencia natural de un tiempo del desprecio, una sociedad burguesa impasible y de una seguidilla de gobiernos inclementes. Todo iba a solucionarse si la gente era menos pobre. Los beneficiarios del plan de emergencia recibirían su modesta mesada y acto seguido, los malos dejarían de rapiñar, copar o matar. Los muchachos (mis niños, como se dijo) dejarían de emigrar hacia adentro... hacia las cárceles o hacia el minusválido INAU. Todo era tan fraternal que se hizo un adelanto de confianza: fueron liberados 1.000 presos. La vida es bella. La gente es buena. Todos son inocentes. ¡Qué momento! ¡Qué Díaz!

Cuatro años después el gobierno puede elegir el fracaso.

Los planes de asistencia social no sirvieron como herramienta para combatir la indigencia determinante del delito (hay más presos); y tampoco sirvieron para mejorar la convivencia; los delitos son más graves, hay más robos con violencia. La vida vale cada vez menos. El mejor modo de robar, es acompañar el acto con heridas o asesinatos.

De nada sirve la amenaza. La posibilidad de imponer la tortura que implica entrar a una cárcel uruguaya, no le hace mella a quienes actúan al margen de la ley y están llenos de furia. A castigo inhumano, delincuentes más duros y más precoces.

A esta altura, el gobierno tal vez pueda superar la tentación del asistencialismo, pero nadie va a poder recuperar los recursos mal empleados.

Después de administrar una bonanza económica espectacular, los de adentro y los de afuera, están peor: menos tranquilos, los ciudadanos; y más infamados, los detenidos. El PBI aumentó, se multiplicó por dos la entrada per cápita (los celulares y las motocicletas, se duplicaron), pero simultáneamente, presenciamos la mayor expansión delictiva: más presos, más reincidentes, delitos más graves. A cuatro años de la receta repartidora, las cárceles se desbordan y ya no tenemos los 300 millones de dólares, que pudieron invertirse en decenas de escuelas de tiempo completo, para habilitarlas en los asentamientos.

La emergencia es cultural, hay que extirpar la degradación moral. Hay que curar a las personas que están presas, para que salgan en libertad.

El fracaso fue materialista, atender a las cosas y no a la gente. Sin reformación no hay albedrío y cuando se abre la puerta de la cárcel, la infamia está esperando más infame que nunca.