Más de la mitad de operativos contra menores son ilegales

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FEDERICO CASTILLO

Más de la mitad de las detenciones policiales a niños y adolescentes son injustificadas. Sólo un 7% son por orden judicial y un 25% por delito infraganti. Por lo general, las denuncias sobre violencia policial no son verificadas por un forense.

En el 67,48% de las intervenciones policiales, no surge de los expedientes judiciales que haya existido motivo alguno para la detención de niños y jóvenes. Las actitudes sospechosas o hasta el aspecto de los detenidos es la causa más frecuente de acción policial, muy por encima del delito infraganti (25,2%) y órdenes judiciales expresas de intervención (7,32%).

Estos datos están expresados en un informe elaborado por el Observatorio del Sistema Judicial del Movimiento Nacional Gustavo Volpe -con el apoyo de Unicef- luego que el equipo investigador tuviera que apelar a una acción de amparo para conseguirlos: el Ministerio del Interior se negaba a dar información sobre el tema.

Tras la orden judicial en el 2007, y en base a los datos obtenidos desde el 2001 hasta ese año, se elaboró el estudio que analiza y traduce la situación hasta el 2006.

El coordinador del proyecto, Javier Palummo, dijo a El País que se mantiene un porcentaje importante de detenciones, de las cuales no surge del expediente que las mismas hayan sido fundadas constitucionalmente.

"De acuerdo a la Constitución, los adolescentes -al igual que los adultos- para ser detenidos por la Policía tienen que ser aprehendidos en situación de delito infraganti o por orden judicial", explicó Palummo e insistió en que en más de la mitad de los casos analizados, no consta de los expedientes judiciales que la Policía haya intervenido por estos motivos.

"Son detenciones típicas de rastrillaje o por actitud sospechosa. Generalmente los detenidos son gurises de la calle o adolescentes que adoptan un estereotipo (el típico plancha) que es el que persigue el agente policial", explicó.

Según el coordinador del informe, la patrulla policial "puede pasar delante de 10 adolescentes, pero cuando ve a uno que representa este estereotipo, para y lo detiene, aunque muchas veces no esté haciendo nada".

Dijo que las causas del arresto tendrían que quedar especificadas en el expediente judicial: el policía debe marcarle al juez los motivos para la detención. "No se puede iniciar un procedimiento a uno porque esté vestido como un plancha", argumentó y dijo que por lo general no se inician procedimientos porque no hay mérito para ello.

"Se sigue operando de una forma incorrecta, sin que existan causales claras. Los detienen, los remiten al juez y son liberados porque no hay pruebas", remarcó Palummo.

Otro hecho calificado como "preocupante" y señalado en el informe del Observatorio Judicial, es que de los casos en que los adolescentes efectuaron denuncias de violencia policial, "en poco más de la mitad" de los mismos intervino un médico forense para constatar si había lesiones.

"El joven cuando llega al juzgado dice que fue agredido por la policía y no se toma el recaudo mínimo de comprobar con un médico si existió o no el golpe. Eso genera una situación de impunidad sobre la violencia cotidiana", sostuvo Palummo.

El informe agrega que según los datos registrados en la investigación, las detenciones son efectuadas en su gran mayoría por funcionarios de dependencias policiales comunes, no especializadas.

Menos acciones. El informe también se detiene en la constatación de una disminución en el número de intervenciones anuales sobre niños y adolescentes. Las acciones policiales se habían disparado en el 2005, tras la introducción a fines del año anterior del nuevo Código de la Niñez y la Adolescencia. Sin embargo, ahora se aprecia una leve tendencia a la baja.

En el año 2004, según datos del Ministerio del Interior, se registraron 7.349 arrestos. Un año más tarde, la cifra trepó al doble: 15.609.

Los últimos datos (2007) marcan una disminución, aunque no considerable: 14.420 intervenciones.

Para Palummo, de todas formas, la Policía "cada vez interviene menos" y eso "da la idea de que está siendo más razonable al actuar sobre los adolescentes". Dijo que la cifra de detenciones que se había disparado en los últimos años es "incomprensible" y valoró que ahora esté en caída.

El pico máximo de arrestos juveniles se dio con la instrumentación del nuevo código, lo que supone algo inesperado.

"Con la nueva normativa, el sistema se puso mucho más duro, al contrario de lo que se podía suponer. Todo el mundo pensaba que sería un código blando, pero nada que ver. En la práctica operó como un endurecimiento clarísimo de las prácticas policiales y judiciales", señaló el experto.

Agregó que también hay una tendencia a la baja en lo que son las intervenciones judiciales -no está cuantificada- pero lo puede afirmar, dijo.

"Sin perjuicio de esto, cada vez hay mayor incidencia en la privación de libertad del joven; esto es contradictorio con el Código de la Niñez y la Adolescencia, donde se establece que la privación tendría que ser el último recurso", sostuvo.

El informe del Observatorio del Sistema Judicial del Movimiento Nacional Gustavo Volpe introduce la investigación con una reflexión sobre la sociedad uruguaya y una "relación problemática" con la infancia y la adolescencia.

Se sostiene que esta situación se percibe con mayor fuerza cuando se trata de adolescentes en conflicto con la ley y con aquellos que viven en la calle.

El Observatorio sugiere que, en ese contexto, "la necesidad de un sistema de políticas sociales para promover la restitución de los derechos vulnerados de niños y adolescentes choca con los sistemas tradicionales de tutela y control, reforzados por el reclamo de seguridad pública", expresa el informe.

En ese sentido, se señala que uno de los problemas asociados con esa tensión, ese choque, es la "confusión" entre las políticas de seguridad, tendientes a la prevención y represión del delito, con las políticas sociales.

"Debería ser evidente que, si bien ambas son necesarias y complementarias, unas no pueden reemplazar a las otras", remarca.

Agrega que esto significa que las tareas profesionales de la Policía "no pueden ni deben sustituir a las tareas de otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales, y en particular que no es legítima la intervención policial con fines asistenciales. "Cuando se detectan casos de maltrato, la policía debe llevar al joven al juez", concluye.