La seguridad genera tensión en la campaña de la izquierda

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La polémica por la seguridad pública que divide al Frente Amplio se intensificó ayer con el enfrentamiento de la ministra del Interior y el senador Eleuterio Fernández Huidobro, lo que tensó aún más la campaña electoral en la izquierda.

"Es un boyito tirar contra las cárceles. Cualquiera lo puede hacer. Lo que me molesta es que haya gente que descubre hoy la situación de los penales uruguayos cuando hay una campaña electoral", dijo ayer la ministra Daisy Tourné (Partido Socialista) en alusión a las cuestionamientos realizados por el senador tupamaro Fernández Huidobro.

En una columna en el portal Montevideo.com, el parlamentario comparó la situación actual de las cárceles uruguayas con las condiciones de reclusión brindadas por la dictadura a los militantes izquierdistas. "Si a los que no fuimos amnistiados en 1985 se nos computó por Ley tres días por cada uno en prisión debido al maltrato, a estos presos uruguayos de hoy habría que computarles por lo menos diez por cada uno debido al pésimo trato que el Estado les propina. Esto es crimen de Estado", dijo el legislador.

El enfrentamiento político entre ambos dirigentes frenteamplistas posee aristas interesantes. El Frente Amplio no quiere que la seguridad se transforme en un tema de campaña electoral. Sin embargo, dos de sus principales referentes se encargan de que el tema ocupe titulares de los medios de comunicación.

Algo parecido hizo Astori días atrás con el tema de la crisis. La oposición fue tildada por el oficialismo de antipatriota y el propio ex ministro de Economía dejó entrever que se precisa "una mano experta" para enfrentar la recesión, dando entender que él tenía los suficientes galones como para capear el temporal.

Además, detrás del enfrentamiento Tourné-Huidobro subyace distintas visiones sobre quién debe ser el candidato presidencial de la izquierda uruguaya. Se sabe que el Partido Socialista es uno de los principales respaldos que cuenta la precandidatura presidencial de Danilo Astori mientras que el sector de Fernández Huidobro responde a Mujica.

Mientras Fernández Huidobro usa Internet y una columna en el diario La República para expresar sus opiniones políticas, ayer la ministra del Interior utilizó todo el peso que otorga dicha cartera para hacer públicas sus opiniones citando a una conferencia de prensa de carácter urgente en el Ministerio del Interior sin especificar el tema.

El 20 de noviembre del año pasado, Tourné y Fernández Huidobro polemizaron sobre la tendencia de armas.

Mientras el senador tupamaro solicitaba mano dura contra la delincuencia y justificaba la autodefensa de las víctimas, la jerarca gubernamental planteaba que la clave de la lucha contra la delincuencia pasa por la prevención y por la aplicación de políticas sociales por parte del Estado.

TORTURAS. Durante la conferencia de prensa de la víspera, Tourné señaló que deseaba hablar de dos temas: la seguridad en los actos políticos y las agresiones recibidas por policías durante los operativos.

Sin embargo, sabía que el tema de las cárceles iba a estar encima de la mesa, ya que dos días antes había publicado una carta en el portal Montevideo.com donde le respondía a Huidobro.

Consultada sobre las manifestaciones de Huidobro sobre la existencia de torturas en los penales uruguayos, la ministra del Interior advirtió que, hasta el momento, el comisionado parlamentario para las cárceles no ha hecho ninguna denuncia en ese sentido.

La jerarca gubernamental destacó que el propio gobierno llamó al Relator contra la Tortura de las Naciones Unidas, Manfred Novac, quien arribará a Uruguay el 22 de este mes para que brinde su opinión sobre el sistema carcelario.

A juicio de Tourné, el hacinamiento de las cárceles comenzó a partir de 1995 cuando comenzó a endurecerse las penas al aprobarse la ley de seguridad ciudadana. Sin embargo, advirtió que la aplicación de este sistema punitivo no fue acompasado con la construcción de nuevos penales, lo cual incrementó la población carcelaria del país.

Tras advertir que este gobierno creó 2.200 nuevas plazas penitenciarias, la jerarca gubernamental dijo que las cárceles demandan "trabajo e inversión" y no "discursos facilongos", en alusión a los dichos de Fernández Huidobro.

"Este gobierno y este Ministerio reconocemos que no se ha llegado al punto óptimo de lo que deberían ser los establecimientos carcelarios", expresó.

Ayer, durante la conferencia de prensa, trascendió que Tourné habría presentado renuncia por los cuestionamientos efectuados por el senador tupamaro. Sin embargo, este rumor fue desmentido por la ministra del Interior, quien recibió el apoyo de Vázquez.

VIOLACIÓN. Fernández Huidobro, por su parte, dijo ayer que existe una "confusión" en cuanto a lo que significa "la palabra tortura".

"Para algunas personas tortura es que le apliquen la picana eléctrica. Y conocí otros modos de tortura que son dejarlo a uno tres meses sentado frente una pared, sin poder caminar y con las manos atadas con alambre", dijo el legislador y líder histórico del MLN, al ser entrevistado ayer en el programa Las Cosas en su Sitio, de Radio Sarandí. "Poner a vivir en condiciones horrorosas durante meses o años a una persona es una tortura", dijo Fernández Huidobro, quien estuvo en prisión durante 12 años.

El senador criticó que la situación actual en algunas cárceles "viola todos los Derechos Humanos", pero aclaró que no tuvo la intención de "echarle la culpa" de esa coyuntura a Tourné, porque se trata de una problemática que no puede ser solucionada en un período de gobierno.

Por su parte, el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) salió al cruce ayer de las afirmaciones de Tourné y advirtió que sí hay torturas y violaciones a los derechos humanos en las cárceles del país. "Tortura es que los presos del Penal de Libertad tengan que permanecer acostados en el piso para poder respirar, dado que a la altura de una persona parada la concentración de calor es superior a los 40 grados centígrados", señaló.

Desde hace varios años, el Parlamento cuenta con una Comisión de Seguimiento del Sistema Carcelario, la cual está integrada por senadores y diputados de todos los partidos políticos.

La presidenta de la Comisión, la diputada Daniela Payseé (Asamblea Uruguay) dijo a El País que de acuerdo con la información que se maneja en base a información que se maneja en el órbita del órgano legislativo "no condice" con las expresiones que el senador Eleuterio Fernández Huidobro.

"La Comisión está en contacto con el comisionado parlamentario Álvaro Garcé y con el Ministerio del Interior y desde ninguno de esos ámbitos hemos tenido información de esa naturaleza; es más nosotros concurrimos a los establecimientos y tenemos informes anuales y bimensuales los cuales no reflejan esas apreciaciones" de Fernández Huidobro, señaló Payseé.

La legisladora reconoció que la situación del sistema penitenciario "no es de maravilla, porque el estado de emergencia lo seguimos teniendo, pero las innumerables mejoras que se hicieron en el sistema carcelario han sido reconocida por el comisionado Garcé porque muchas de ellas fueron hechas por él", sostuvo.

"Desde mi lugar de presidenta de la comisión no deduzco nada anormal fuera de lo que es una situación estructural muy compleja, distinta a la que estamos analizando en forma cotidiana con el comisionado", añadió Payseé.

La diputada cuestionó a Fernández Huidobro porque "nunca concurrió" a las reuniones de la Comisión legislativa "ni tampoco envió ninguna nota con ningún tipo de inquietud".

Por eso, dijo que "tal vez carezca de los elementos que figuran en los informes analizados y en las actas de las reuniones".

"Tampoco me consta que haya visitado últimamente los centros carcelarios, pero está en su legítimo derecho de decir lo que piensa", dijo Payseé.

"Me llama la atención que un legislador que demuestra interés preocupación por este tema no haya concurrido nunca a la comisión o haya pedido una entrevista con la presidenta, o haya hecho un planto a través de una nota", concluyó.

INFORME. Consultado ayer por El País respecto a las afirmaciones de Fernández Huidobro y la polémica generada con la ministra del Interior, Daisy Tourné, el Comisionado parlamentario para el Sistema Carcelario, Álvaro Garcé declinó hacer declaraciones en virtud de que la próxima semana entregará su informe acerca de la situación en los centros de reclusión en 2008.

"Prefiero no hacer ningún comentario público porque me haría terciar en una polémica que es entre dos figuras política, porque yo soy un funcionario técnico del Parlamento", se excusó Garcé.

El informe, que será presentado ante la Comisión de Seguimiento de Sistema Carcelario, abarcará diversos aspectos como la evolución de la población reclusa, los estados y las condiciones de la reclusión y la relación entre penados y procesados. Garcé dijo que el trabajo "reflejará la realidad", aunque prefirió no brindar mayores detalles.

El trabajo, que además de datos estadísticos contiene una serie de recomendaciones, será analizado por los integrantes de la Comisión que luego convocarán a Garcé, con el objetivo de intercambiar puntos de vista sobre la problemática de cara a eventuales soluciones.

Actualmente la población reclusa ronda los 7.300 personas a nivel nacional. Según estimaciones del Comisionado Parlamentario, la cifra podría duplicarse hacia 2015 y llegar a los 15.000 detenidos. La Cárcel más poblada del país es el Comcar, que cuenta con una población cercana a los 2.500 reclusos.

En último informe entregado al Parlamento en setiembre de 2008, Álvaro Garcé advirtió que el control en los centros penitenciarios "generan reacciones" aún "cuando se realizan con el mayor equilibrio posible".

También mencionó los problemas de abastecimiento de alimentos que tienen la mayoría de los centros, aspecto que depende de la capacidad de suministro de cada momento. Además hizo referencia a las dificultades existentes en materia del acceso al agua potable. Esta advertencia la formuló, en particular, en referencia a lo que ocurre en el Comcar.

Al repasar los principales motivos de intervención en las dependencias, el informe señala que se refieren a aspectos vinculados a la saludad y la seguridad.

En la mayoría de los centros, Garcé observó que existe "un punto de saturación que es necesario observar y entender".

En cuanto al Penal de Libertad, Garcé advirtió que en el momento de la elaboración del informe cerca del 80% de los reclusos se encontraba sancionada por faltas disciplinarias, "lo que constituye un alarmante indicio, en tanto refleja el alto nivel de dificultad para el mantenimiento de la disciplina por parte de los funcionarios policiales".

También en relación a Libertad, Garcé constató un "importantísimo" ascenso de la población reclusa. Eso motivó que una serie de reclamos, ante lo cual la autoridad del centro no brindó mayores respuestas.

Además, señaló que durante varios meses del año pasado se determinó que en muchos casos, hasta los baños de Libertad se utilizaban como lugar para alojar reclusos, ante la ausencia de celdarios disponibles. Indicó que ante tales condiciones, las autoridades del centro penitenciario de cesar con la reclusión de personas en los baños "son limitadas, cuando no nulas".

Garcé también señaló la insuficiente presencia de médicos y odontólogos en los centros de reclusión.