El largo y lento camino de demandar al estado

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PABLO MELENDREZ

Para iniciar juicios civiles contra el Estado es necesario armarse de paciencia. Esos trámites se desarrollan en los juzgados de lo Contencioso Administrativos, los cuales están "saturados", según reconocen los jueces.

La jueza Loreley Pera, a cargo de la sede de 2° turno está agendando audiencias para febrero de 2010; la magistrado Cristina Cabrera, titular de la sede de 1° turno no tiene fechas disponibles sino hasta noviembre de 2009, mientras que el juez Pablo Eguren, responsable del juzgado de 3° turno no tiene posibilidad de fijar nuevas audiencias hasta el próximo mes de agosto.

A los juzgados de lo Contencioso Administrativo se debe recurrir en todos los casos en los que se inician reclamos contra organismos y dependencias estatales, ya sea por mala praxis en hospitales públicos, accidentes de tránsito en los que hayan participado vehículos oficiales, expropiaciones de terrenos y, tras la Rendición de Cuentas de 2007, se sumó la competencia de las causas laborales contra el Estado.

La demora para fijar audiencias se explica en el volumen de trabajo que tienen los juzgados, ante los cuales el año pasado se iniciaron un total de 656 demandas, cifra que si bien es inferior a la de 2007 -cuando se presentaron 869 casos- igualmente es considerada como muy elevada. En promedio, cada magistrado de lo Contencioso Administrativo dicta unas 120 sentencias por año.

Según estadísticas del Poder Judicial, entre 1996 y 2007 la cantidad de demandas contra el Estado han ido aumentando en forma constante, en un promedio de 20% anual.

Actualmente, los juzgados a cargo de las magistradas Cabrera y Pera son los que tienen más volumen de trabajo, ya que en cada sede hay unos 1.000 expedientes en trámite. En tanto, el juzgado de Eguren, que fue creado en julio de 2007, está cerca de 700 causas iniciadas.

"Estas son situaciones que se dan cuando se saturan las materias", dijo a El País la jueza Cabrera. Agregó que el volumen y la complejidad de los expedientes provocan que "valgan por muchos" de otras materias, y eso genera maratónicas jornadas de audiencias y la necesidad de redactar sentencias fuera del horario de trabajo.

En el mismo sentido se pronunció el juez Eguren, quien señaló que los juzgados de lo Contencioso Administrativo están trabajando "a un ritmo permanente". El magistrado dijo que en función del volumen de trabajo, se necesitan, por lo menos, otras dos sedes.

NUEVO JUZGADO. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Larrieux, admitió a El País que la demora en la fijación de audiencias para los juzgados de lo Contencioso Administrativo implica "casi una negación de Justicia".

Larrieux informó que la Corporación evalúa la posibilidad de transformar el juzgado Laboral de 15° turno en la 4° sede de Contencioso con el objetivo de "descongestionar" el trabajo. "La decisión está casi adoptada. Hay que hacer dos acordadas, una para transformar el juzgado, y otra para distribuir los asuntos que estaban en esa sede, que se deberán repartir entre los demás juzgados Laborales", explicó Larrieux.

En la Rendición de Cuentas de 2007, el Parlamento aprobó un norma que estableció que las demandas laborales contra el Estado, que hasta entonces se tramitaban en juzgados de esa materia, pasaran a la jurisdicción de las sedes de lo Contencioso Administrativo.

En el mismo articulado se habilitó a los organismos estatales y a los funcionarios públicos a llegar a la tercer instancia laboral ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en casos que superen los $ 81.000. El presidente de la SCJ, Jorge Larrieux, dijo que esa decisión generó una "sobrecarga" en los juzgados, aunque reconoció que las demoras en los trámites no puede ser atribuida únicamente a esa disposición, ya que "habitualmente" la materia de lo Contencioso Administrativo "tiene mucha demanda", lo que conspira contra la rapidez del servicio.

El juez Pablo Eguren, titular del juzgado de 3° turno, el cual fue creado a mediados de 2007, dijo que cuando se puso en funcionamiento su sede la situación "ya estaba sobrepasada", y cuando se tomó la decisión de enviar al Contencioso Administrativo los expedientes de juicios laborales contra el Estado el problema "se complicó todavía más", según señaló el magistrado al ser consultado por El País.

Los juzgados de lo Contencioso Administrativo están ubicados en un edificio situado en la calle San José 1132. Las sedes están instaladas en el 6° piso. Como en la mayoría de los edificios del Poder Judicial, el espacio es muy reducido y, en este caso, ante la gran cantidad de expedientes que hay en las oficinas, muchas veces se generan inconvenientes. El juez Pablo Eguren contó que hace algunos días, en una jornada de intenso calor, se abrió la ventana de la oficina. En ese momento, uno de los expedientes cayó por un patio interior, y terminó en el primer piso. "No hay paredes porque están tapizadas por expedientes. No hay sillas suficientes para sentarse porque están ocupadas con expedientes. Se trabaja en una situación insostenible", dijo Eguren.