Duras sanciones y hasta cárcel por dar empleo a ilegales en la UE

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BRUSELAS | AGENCIAS Y SERVICIOS

La crisis financiera y el desempleo dieron el toque de gracia para que la Unión Europea endurezca sus políticas de migración. El Europarlamento aprobó ayer una medida para sancionar, hasta con la cárcel, a empresarios que contraten a ilegales.

El Parlamento Europeo, que se reunió ayer en Estrasburgo, este de Francia, dio un acuerdo de principio para la nueva normativa destinada a luchar contra la inmigración de indocumentados. El escrito contempla sanciones para las empresas y los particulares que empleen a extranjeros sin residencia legal.

Los eurodiputados decidieron postergar la adopción formal de la ley para su próxima sesión plenaria y exigieron obtener de los 27 una "declaración" que garantice que en el futuro será posible votar otras leyes contra los "subcontratistas" de mano de obra ilegal.

Las penas para los que den trabajo a los "sin papeles" serán: exclusiones por un lapso de cinco años a las ayudas públicas y subsidios -incluidas las subvenciones de la Unión Europea-, cierre de los establecimientos, sanciones financieras como multas o el costo del pasaje del viaje del extranjero indocumentado a su país de origen o, en los peores casos, castigos de carácter penal.

Estos últimos serán implementados en los casos considerados "más graves", como la reincidencia, el empleo de un gran número de clandestinos, la imposición de condiciones de trabajos abusivas -como jornadas laborales demasiado largas o malos tratos-.

También podrán ir a la cárcel cuando contraten a menores, más aún si se prueba que estos son víctimas del tráfico de personas. El texto, además, establece que el empleador se verá obligado a retribuirle al trabajador salarios y cotizaciones sociales atrasadas según las condiciones legales.

El eurodiputado británico Jean Lambert, que votó en contra del proyecto, señaló que era imposible dar "ninguna garantía de que los pagos se efectúen" una vez que los clandestinos sean expulsados.

Otro opositor del proyecto, el italiano Giusto Catania, manifestó, en nombre de los comunistas, que el texto "se inscribe en la línea de la directiva retorno", adoptada en 2008 para unificar en toda la Unión Europea las reglas de expulsión de los indocumentados.

El Europarlamento estima que cada año entran a la Unión Europea entre 893.000 y 923.000 inmigrantes ilegales, según datos brindados por 21 de los 27 estados miembros.

Los diputados recordaron ayer que unos ocho millones de inmigrantes sin papeles trabajan dentro de los países del bloque. La mayoría de ellos se desempeña en sectores como la construcción, hostelería, agricultura y servicios.

El Europarlamento advirtió ayer que la medida también se extiende para aquellas personas que empleen inmigrantes como trabajadores domésticos.

El exponente italiano de la ley, el socialista Claudio Fava, dijo ayer que "el texto es una forma de proteger a los que tienen que trabajar de manera ilegal bajo las bandas criminales".

En tanto, el Comisario Europeo de Justicia, Jacques Barrot, estimó que "este es un paso significativo para combatir la inmigración ilegal, al poner en el punto de la mira a los empleadores, mientras se trata de proteger a los inmigrantes que a menudo son sus víctimas".

La de ayer es una medida más del Parlamento Europeo para con los inmigrantes indocumentados en el bloque. En 2008, se aprobó la directiva retorno que permite encarcelar hasta por 18 meses a los ilegales, la tarjeta azul que promueve la contratación de trabajadores calificados y una norma que establece los "derechos básicos" para los inmigrantes.

Londres | La huelga que mantienen los trabajadores de la refinería Lindsey que la petrolera Total tiene en Killingholme puede llegar hoy a su fin. Los sindicatos alcanzaron ayer un principio de acuerdo por el que la empresa italiana IREM se compromete a que 102 de los 195 trabajadores de su subcontrata en Lindsey sean británicos.

Aunque los líderes sindicales subrayaron que el acuerdo no implica la expulsión de ningún trabajador extranjero, veta la posibilidad de que se contrate a más y supone una violación cuando menos del espíritu de la legislación que permite a las compañías utilizar a sus trabajadores de plantilla cuando ganan contratos de servicios en otros países de la UE. IREM -que tiene contratados a 150 británicos en unas obras en Ravena (Italia)- pensaba cubrir con trabajadores italianos y portugueses de su plantilla los 195 empleos que va a generar el contrato que ganó en Lindsey. La protesta de los trabajadores británicos le obligó ahora a ceder a las presiones. EL PAÍS DE MADRID