Condena en España por el caso de niño vendido en Uruguay

RENZO ROSSELLO

El caso de un bebé uruguayo comprado por 1.970 euros reveló la existencia de una afianzada red de tráfico. El cierre del caso ocurrió en España, con el envío a prisión de dos personas. En Uruguay la Justicia archivó el tema por falta de mérito.

La Audiencia Nacional de España condenó a dos años de prisión al ciudadano español Pedro José Domingo. El delito que cometió fue el de "alteración de la paternidad". Al procesado se le retiró, además, la patria potestad del niño. La sentencia se conoció el jueves, pero el caso arrancó en Montevideo hace tres años a partir de una denuncia presentada por el Cónsul General de España, que sospechó de la maniobra apenas estuvo en conocimiento del caso, en 2005. En Uruguay la Justicia no halló méritos para procesar a los involucrados.

Fuentes del caso consultadas por El País señalaron que la receptora del niño fue una pareja de homosexuales españoles. Si bien este caso fue cerrado y laudado por un fallo judicial español, en Uruguay, señalaron fuentes consultadas, una vez conocida la sentencia en España podría reabrirse el caso a instancias del Ministerio Público, en caso de que advirtiera indicios de ilegalidad.

el caso. Comenzó en Montevideo con una joven de escasos recursos económicos que, avanzado su embarazo, decidió practicarse un aborto.

Esto ocurría a principios de 2005. La joven se puso en contacto con una "acarreadora", tal como se conoce en la jerga a mujeres -generalmente enfermeras o matronas- que trabajan en combinación con médicos aborteros clandestinos.

Pero cuando la "acarreadora" advirtió que la gestación llegaba casi a los cinco meses le advirtió a la joven que en esas condiciones era imposible practicar el aborto. En cambio le ofreció otro servicio: tener al niño y entregarlo por una fuerte suma de dinero a otra persona.

Así se originó el caso. El 4 de agosto de 2005 el cónsul español denunció ante las autoridades uruguayas lo que presumía era una maniobra fraudulenta de paternidad.

La denuncia fue derivada al Departamento de Operaciones Especiales (DOE) de la Jefatura de Policía de Montevideo. Durante poco más de un mes los investigadores del DOE siguieron la pista a la red clandestina.

También chequearon los ingresos del español Pedro José Domingo en el país. Domingo había estado en Montevideo el 25 de julio de ese año. Ese día, junto a la madre biológica del niño, había ido al Registro Civil para inscribir al recién nacido como hijo natural suyo. El 4 de agosto se había presentado en el Consulado para hacer la transcripción de la partida de nacimiento y de ese modo posibilitar la nacionalización del niño. Estos trámites los llevó a cabo con un abogado español que, a la postre, también resultó procesado. En el Consulado presentó una autorización escrita de la madre para sacar al niño del país. Ese mismo día viajó con el chico de regreso a España. Pero su ostensible nerviosismo en las oficinas consulares terminó por despertar la sospecha del Cónsul General.

Al cabo de un mes de discretos seguimientos y vigilancias, los hombres del DOE dieron con la joven madre. La interrogaron y descubrieron la verdad. La joven había recibido casi dos mil euros en varias entregas, que habían comenzado unos tres meses antes del parto. Pese a la admisión, la Justicia no tuvo mecanismos para fallar.

El español Pedro José Domingo, informaron fuentes de la investigación, es tan sólo un nombre de una larga lista de espera con la que se manejan las redes internacionales de tráfico de niños.

Domingo registró, indicaron fuentes policiales, al menos dos entradas al país, la última el 25 de julio de 2005 cuando junto al abogado español "legalizó" la tenencia del niño.

La madre recibió unos 1.970 euros: 1.050 euros le fueron entregados a la madre en varios pagos durante la gestación. En el momento de la entrega la madre recibió 800 euros y antes de abandonar el país el español entregó otros 120 euros. A los intermediarios se les pagó alrededor de US$ 20 mil.

El 4 de agosto de 2005, Domingo y su abogado Pedro Roche, sacaron al niño del país con los papeles "legalizados" por el consulado que terminó por denunciar el caso.

A resultas del fallo en España, el caso podría ser reabierto aquí por iniciativa del Ministerio Público o a instancias de familiares del niño.