Pensar antes de hablar

Gustavo Penadés

Bastante revuelo levantaron declaraciones de la Ministra de Desarrollo Social aparecidas en un medio de prensa tachando a la enseñanza privada de "elitista". La respuesta airada de representantes de dichas instituciones motivó una intervención de la jerarca en la que contextualizó y reafirmó sus dichos.

No es ésta la primera vez que voceros del Gobierno se pronuncian negativamente sobre las instituciones de enseñanza privadas. Recordamos expresiones del entonces vicepresidente de la ANEP, Prof. Barrán, en cuanto al "peligro" que aquéllas representaban.

Pero, más allá de lo que pueden ser las expresiones puntuales de tan calificados representantes del Gobierno, es claro que una porción importante de dirigentes del Frente Amplio exhibe una actitud de gran desconfianza y antipatía hacia las instituciones privadas. Todo lo que no deja de resultar paradójico, ya que, al tiempo que se enfatiza en la democratización de la educación, se cuestiona, más o menos veladamente, la existencia de instituciones que nacen en ejercicio de la libertad de enseñanza que nuestra Constitución garantiza.

Recordemos que las instituciones privadas de educación encuentran variados orígenes. Algunas se desarrollaron con la intención de complementar la formación curricular con la religiosa; en otros casos se inspiraron en la defensa de postulados filosóficos; sin olvidar las nacidas al impulso de personas individuales o con el apoyo de estados extranjeros. En todo caso, durante muchos años las instituciones privadas no tuvieron la importancia que sí tienen en el presente; concentrándose la matrícula de primaria y secundaria en los centros públicos.

Pero, con el correr del tiempo, sobre todo después de la dictadura, se advierte un notorio aumento de la oferta educativa privada. Ante ese dato de la realidad, correspondería que las autoridades de la educación se preguntaran a qué obedece el fenómeno. Si variadas respuestas admite la interrogante, lo que es seguro es que entre ellas estarán las siguientes: la enseñanza pública perdió calidad; se advierte desorden en ella, y la oferta no responde a las expectativas del mundo moderno, sobre todo en materia de idiomas. Es entonces diferente el enfoque que deberían dar las autoridades públicas al tema. Es decir, en lugar de cuestionar la enseñanza privada y tacharla de "elitista" deberían preguntarse: ¿qué estamos haciendo para revertir el proceso de descrédito en que está inmerso el sistema público?

Si algo se está haciendo, no es suficiente. A la vista está la atención y energía puesta en el infructuoso Debate y, ahora, en la lucha por una cuota parte de poder en el sistema.

¿Son responsables las instituciones privadas de la incapacidad de la Administración para ofrecer respuestas acordes a las que la sociedad está buscando? Seguramente no.

Pero, además, resultan sumamente injustas las referencias negativas a la educación privada en cuanto se pasan por alto las dificultades que enfrentan muchos padres para costear esa educación (con el agravante de que aportan impuestos a la vez que pagan sus cuotas) como, así también, la gran mayoría de las instituciones que mantienen sus puertas abiertas solamente por su compromiso con los niños y los jóvenes.

Sería bueno que, a la hora de opinar, las autoridades tuvieran presente estas cosas.