Ernesto Ramas fustiga a la Justicia italiana

El coronel retirado, Ernesto Ramas , detenido por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, consideró "una burla" a la justicia y al gobierno de Uruguay la carta enviada por la fiscalía romana a 34 civiles y militares en retiro donde se les informa que deben designar abogados para su defensa en un juicio a iniciarse en Italia.

Ramas publicó su afirmación en la página en internet En Voz Alta creada por militares presos desde hace un par de años bajo acusaciones de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, entre 1973 y 1985.

Tras admitir que "algunos de los militares detenidos, prisioneros políticos de este gobierno progresista", recibieron por correo en sus domicilios una carta de la Fiscalía de Roma , dijo que "el motivo de la misma es aparentemente un aviso de la conclusión de las investigaciones preliminares que hace el fiscal italiano por una serie de desaparecidos en la República Argentina", todos ciudadanos que tenían la nacionalidad italiana.

"Entiendo que es un procedimiento totalmente irregular , una burla a nuestra justicia y a nuestro gobierno; del ministerio de Relaciones Exteriores ni me preocupo ya que éste es dirigido por quien montó esta payasada de los Derechos Humanos", agregó Ramas, aludiendo al canciller Gonzalo Fernández.

El origen de esto es el reclamo del fiscal, identificado en el diario Ultimas Noticias como Giancarlo Capaldo, que involucra a 34 ex militares y civiles uruguayos involucrados en la causa que en Italia investiga el Plan Cóndor, que funcionó bajo las dictaduras del cono sur en los años 70.

El informe dice que Capaldo actúa junto con la jueza Luisana Figliola que indagan la coordinación represiva de las dictaduras de Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, Bolivia y Paraguay, donde desaparecieron y fueron presuntamente asesinados 25 personas de esos países que, a su vez, tenían nacionalidad italiana.

La carta, dijo Ramas, data del 18 de agosto y en ella, agrega que el fiscal Capaldo "nos conmina a que fijemos domicilio en Italia" y les dio un plazo de 30 días y, asimismo, que debían nombrar abogado defensor, en caso contrario se los designarían de oficio.

Lea la carta completa

En base a AP

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