RICARDO REILLY SALAVERRI

Hemos comentado en más de una oportunidad la tremenda injusticia que encierra la realidad salarial nacional, en la que hay sectores -fundamentalmente municipios, bancos y empresas del Estado- que pueden dar a su personal soluciones retributivas que no son posibles para el sector privado.

Ni tampoco para amplios sectores del propio Estado.

No es un tema de hoy sino que se arrastra de años y -curiosamente- nada se dice a nivel sindical privado, siendo que frecuentemente las alzas de precios de los servicios públicos, en ocasiones monopolísticos, perjudican al bolsillo y el bienestar de los trabajadores del área privada, sometidos por lo demás a la incertidumbre respecto de la estabilidad en su puesto de trabajo.

La cuestión habla a las claras de una ausencia de solidaridad entre personal dependiente, regido desde siempre en sus reivindicaciones por un "que cada cual se las arregle como pueda".

Uruguay está lleno de gente que trabaja y mucho, con dificultades para sostener a una familia y pagar sus cuentas y detrás de los mejores datos de la economía nacional no se puede cometer el agravio -como viene de hacerlo un senador- de desconocer que hay sudor y lágrimas

La hora que vivimos está signada por un cambio tecnológico de dimensiones exponenciales y una de sus consecuencias es que inversiones voluminosas, que cuentan con procedimientos de producción de bienes y servicios de muchísima productividad, no ocupan sostenidamente a mucha gente, lo que hace que los empleos de otrora, enmarcados en los conceptos tradicionales sobre el trabajo dependiente privado, se vean jaqueados y sea perceptible el crecimiento de ocupaciones precarias, cuando no de trabajo directamente informal (en negro).

En el mundo, mirando ejemplos de naciones desarrolladas, hay muchos sistemas de relaciones laborales diferentes. Desde los que libran al mercado fuertemente la regulación del empleo y del salario, como los Estados Unidos de América o Inglaterra, hasta los que tienen fuertes regulaciones y tradición de negociación entre las organizaciones de empleadores y trabajadores, como Alemania, Suecia o Japón.

También en otras realidades los hay de otra naturaleza, asentados en una represión exhorbitante de cualquier reclamo laboral, como pasa en Cuba o China.

Las relaciones laborales en cada país tienen un fuerte componente nacional y se han ido delineando con el tiempo. En nuestra república desde el origen anarquista del movimiento sindical a fines del siglo XIX, se pasó a una experiencia que curiosamente perdura, particularmente en el campo privado, en el que rigen cánones marxistas apolillados de lucha de clases, agresivas consignas contra los empleadores y una confrontación interna permanente por ver quien es más radical que quien.

Al restablecerse la democracia en 1984 se inició una experiencia de ajustes salariales periódicos por consejos de salarios, y hacia 1990, las actualizaciones hechas sobre inflación pasada más recuperación proyectaron al país a una inflación del 130% anual, que pulverizaba el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones.

Hoy, en medio de la incertidumbre mundial circundante, es legítima la vacilación de muchos empleadores en el tema y debería comprenderse que se precisa cautela.

Sin que se puedan imponer sistemas de ajuste con gatillo, de largo plazo.

Y sin salvaguardias.