Periferia

En el Uruguay existen actualmente 566 asentamientos, 61% de los cuales se concentran en Montevideo y 13,6% en Canelones. En ellos viven 63.275 familias que totalizan 251.884 personas, según surge del Catastro Nacional de Asentamientos Irregulares elaborado durante cinco meses por equipos de voluntarios de la organización Un Techo Para Mi País. La antigüedad promedial de los asentamientos -esos caseríos que antes se denominaban cantegriles- se ubica en los 22 años y su mayor índice de crecimiento tuvo lugar en la década del 90, configurando un fenómeno de marginación creciente que en el caso se consolida a través de la llamada "segregación residencial". A pesar de que el impulso con que se multiplicaron los asentamientos disminuyó en los últimos años, desde 2005 han surgido otros 21, enfrentando a las autoridades con una emergencia de grave proyección social que exige soluciones imperiosas aunque hasta el momento sólo las ha obtenido precariamente.

Porque esa segregación residencial es apenas el semblante más visible de otras fracturas más profundas y menos fáciles de registrar. Quien habita al margen de los barrios "ordenados" o "regulares", siente asimismo muchas exclusiones de carácter económico, social y cultural, por no hablar del desventajoso acceso a servicios esenciales (luz, agua potable, saneamiento, salud, educación) con lo cual se afianza lo que cabría denominar como conciencia del expulsado, una sensación que tarde o temprano se manifiesta en la actitud que los habitantes de asentamientos exhiben ante el resto de la sociedad y que se expresa en múltiples formas de comportamiento, desde las retraídas hasta las agresivas. No parece envidiable la responsabilidad de las autoridades a la hora de encarar el desafío que significan los asentamientos, donde por el momento habita un 8% de la población nacional.

Más del 60% de tales formaciones se levantan en predios públicos (de propiedad estatal o municipal) y sobre terrenos fiscales, mientras el 32,4% se alza sobre lotes privados. Estos últimos son los que el informe considera "menos visibles", porque se encuentran por fuera de la órbita regularizadora del gobierno o de las instituciones del Estado. Los asentamientos que más abundan son los de tamaño mediano, categoría que abarca entre 21 y 100 familias, aunque un 27% pertenece al renglón de los llamados macroasentamientos, que albergan más de 100 núcleos familiares y son por lo tanto las concentraciones de erradicación más dificultosa.

La presencia familiar en un asentamiento está indisolublemente ligada a inestabilidades no sólo físicas. Se asocia igualmente a una penuria económica vinculada con la escasez de fuentes laborales, el tambaleante nivel de formación de sus miembros, las frecuentes discordias internas derivadas de tales carencias y la consiguiente disgregación del núcleo, cuya expresión más corriente son los grupos monoparentales y cuya consecuencia más notoria es el desamparo infantil, el ausentismo escolar y los niños vagabundos en situación de calle. Aunque las generalizaciones sean a menudo detestables, no resulta difícil enlazar esos extremos de condición socioeconómica con los últimos recursos a que pueden apelar los desvalidos, desde el consumo precoz de drogas hasta el ejercicio de la delincuencia, que son también las alternativas más sombrías que acompañan un estado de desesperanza.

Ahora que en este país se vive el cuadro alucinante de la criminalidad infantil, la crónica roja ha comenzado a utilizar la palabra "niño" dentro del léxico empleado para informar sobre los episodios de violencia armada. Los titulares dan cuenta de esa necesidad cuando dicen "Niños se tirotearon con la policía", "Atacaron de nuevo los niños que asaltan ómnibus" o "Los niños infractores son tratados como víctimas". La presencia de menores de 10, 12 o 14 años en tales episodios, permite trazar la curva de degradación que va produciéndose en ciertos niveles de la sociedad y el enorme riesgo que corren las nuevas generaciones salidas de esa penuria cuyo marco ambiental son casi siempre los asentamientos irregulares.

Entonces el problema al respecto no empieza ni termina al documentar la clase de materiales con que se levantan las viviendas precarias o al registrar los matices de la miseria en medio de la cual sobrevive dicho sector de la población. El problema se extiende a la intemperie moral, afectiva e intelectual bajo la cual se debate esa gente, porque en ese otro desamparo (que no se ve tanto, pero se padece hondamente) radica el origen de todos los males, incluida la violencia, como clave de un desencuentro que deberá remediarse antes de que la sociedad se fracture irreparablemente.