INAU reconoce dificultades para virar a una política más educativa

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R. ROSSELLO Y A. LÓPEZ REILLY

Los jueces reclaman a INAU y al sistema educativo. El Instituto de Adolescentes reconoce que sus mayores fallas están en conformar equipos técnicos. El sistema penal juvenil intenta sacudirse rémoras y ponerse a tono con la nueva realidad.

"Las mentes son como los paraguas: sirven cuando están abiertas". Las palabras del padre Mateo Méndez resuenan en el antiguo salón del Cabildo. El público -jueces, fiscales, abogados defensores, educadores, sociólogos, y técnicos- contiene la respiración.

El nuevo responsable de la Colonia Berro intentó explicar el cambio de paradigmas que intenta en el centro de contención. Sus lineamientos son básicos: diálogo y educación. El padre Mateo no habla como un funcionario, ni como un técnico, ni como un jurista.

Por ejemplo cuenta que el viernes pasado cerraron el Hogar El Puente. "Colocamos un crespón de color vivo, como gratitud por haberlo cerrado", dijo. Y los chicos que estaban alojados allí ahora pasaron a otras dependencias del complejo. Pueden jugar a la pelota, trabajan, "ahora andan bajando hojas de palma, porque quieren hacer una enramada para techar el lugar donde reciben a las visitas".

Entre los chicos que salieron de El Puente y del Ser y fueron reubicados en otros sectores, Mateo propuso una suerte de pizarra donde los internos hacen su evaluación. "Todos están contentos", dijo. Ahora que se sienten mejor, piden cambios en el menú diario ("queremos Big Mac", puso un joven).

Tanto el padre Mateo Méndez, como el presidente del Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay (INAU), Víctor Giorgi, coinciden en que el mayor problema que enfrentan es el de la conformación de equipos de educadores. Comportamientos rutinarios, tratamiento despectivo hacia los internos, resistencia a los cambios son algunos de los problemas que la dirección del organismo enfrenta para implementar sus políticas. Al punto que el Instituto pidió el apoyo a la Facultad de Medicina para hacer un estudio de las condiciones de trabajo de los técnicos y obtener un diagnóstico más ajustado.

"Uno muchas veces habla con los trabajadores o trabajadoras y los nota duros, tensos", observó el padre Mateo. En su opinión esta tensión demostrada por los funcionarios en contacto con los internos termina por generar estallidos de violencia. "Hay que cuidarse de no ser despectivo con el otro. Voy a decir algo fuerte: hay que pensar, ese adolescente que está allí, me da de comer", señaló.

REJA ADENTRO. Durante el seminario sobre "Sistema Penal Adolescente en Uruguay", convocado por Unicef, los cruces entre los operadores del sistema fueron varios. El INAU fue el blanco de varios cuestionamientos.

Su titular presentó un diagnóstico bastante sombrío de la realidad de los centros destinados a infractores a la ley penal. En particular, Giorgi observó que a partir de septiembre de 2007 "se empiezan a observar algunas situaciones problemáticas": estallidos de violencia entre los internos, motines, funcionarios atacados.

La lenta resolución de problemas edilicios que tienen los establecimientos de INAU y la "enorme dificultad en la constitución de equipos de trabajo", son los temas descritos como más acuciantes por Giorgi.

En ese contexto los ingresos a la institución crecieron en un 60%, informó el presidente de INAU. Sin embargo, con la aplicación de programas de libertad asistida, los internos en este régimen superan por primera vez, levemente, a los privados de libertad: agosto de 2008 cerró con 282 internos con medidas alternativas, contra 223 privados de libertad.

El cierre de dos de los centros de alta contención (Ser y El Puente) del complejo Berro es señalado por los responsables de INAU como uno de los logros en esta materia. El padre Mateo lo definió así: "Ver un hogar con (cercos) perimetrales es triste, y con torretas policiales, mucho más triste".

"Vale más una pelota de fútbol, que una puerta con reja", agregó poco después.

SISTEMA EDUCATIVO. El juez letrado de Adolescentes de 2° Turno de Montevideo, Alejandro Guido, hizo un análisis de las causas que llevan al menor a delinquir y de los cambios introducidos por el Código de la Niñez y la Adolescencia.

Guido dijo que el tema debe atacarse sobre la base de tres pilares: prevención, medidas sancionatorias educativas y reinserción social. Y se refirió al sistema educativo. "Muchos de los adolescentes que vienen por nuestros juzgados son directamente analfabetos. Hay otro porcentaje elevado que abandonó la escuela en tercer y cuarto año. Y los que comienzan el liceo, que podríamos situarlos en un 20 o 25%, todos o casi todos abandonan en el primer año", reveló.

"El sistema educativo no los contiene, no los atrae. Es un elemento para tener en cuenta para otro debate", advirtió.

Al margen de los aspectos sociales que generan la deserción del sistema educativo, Guido apuntó a los programas de enseñanza. "El sistema educativo no transmite valores pro sociales, como el respeto a las normas", señaló.

El desempleo, la frustración, la desesperanza, el consumo abusivo de alcohol y la incidencia de la pasta base a partir del año 2002, fueron otros puntos mencionados por el juez para explicar el incremento de la delincuencia en los últimos años.

Además, se refirió a los "programas violentos" de televisión, al "tiempo excesivo de ocio" y a los juegos play station, como posibles determinantes de las conductas violentas.

Guido también dijo que el arresto domiciliario durante el proceso, controlado por los equipos técnicos del juzgado durante el día y por la Policía en la noche "ha dado muy buenos resultados", ya que garantiza la presentación del joven a la audiencia final y permite conocerlo mejor. En cambio, manifestó reparos hacia la libertad vigilada, porque en muchos casos el infractor y su familia interponen pretextos para no concurrir a las audiencias.

n Gloria Rodríguez Petrocelli, jueza letrada de 1er Turno de Rosario, Colonia, sostuvo que en materia de rehabilitación existen grandes diferencias entre Montevideo y el resto del país, por concentrarse en la capital la mayoría de las instituciones y los recursos para los diferentes programas.

"En mi jurisdicción me encuentro con hogares del INAU que son de amparo. No tengo más nada. No tengo asistentes sociales, no tengo sicólogos, no tengo nada. En Colonia existe un hogar femenino que es de amparo también. Y los niños que están en amparo, no pueden cohabitar con chicos mayores que ellos que están en una situación diferente", sostuvo Rodríguez. "Estos chicos han sido abandonados por sus padres, o separados por alguna razón. Son niños que están en un hogar sustituto que les está brindando el INAU. Y no podemos mezclarlos. Los que tienen problemas de conducta, necesitan otras metas, otras personas que los atiendan, otros parámetros. En el interior esto es una lucha, porque no tenemos nada", insistió.

La jueza de Rosario recordó que los grandes principios rectores del Código de la Niñez y de la Adolescencia son "la no privación de la libertad y la intervención mínima", además de "asegurar los derechos y el respeto a la dignidad de los menores". Sostuvo que la recuperación de los menores debe ser, en lo posible, en su propia comunidad, para que puedan aceptarla y ser aceptados.

Una de las mayores dificultades que detectaron tanto los operadores del sistema penal, como Unicef, tiene que ver con la disparidad de criterios para procesar información. El seminario procura que sus participantes trabajen como un grupo interdisciplinario para fijar criterios comunes. Para ello Unicef propone trabajar sobre 15 indicadores, 11 de ellos de tipo cuantitativo y cuatro sobre políticas. La lista de indicadores incluye: menores o niños (0 a 17 años) detenidos en un período de 12 meses cada 100.000 menores de 18; número de menores privados de libertad cada 100 mil menores de la población general; privados de libertad antes de la sentencia; tiempo de privación de libertad con sentencia; muertos durante la privación de libertad; porcentaje de menores privados de libertad no totalmente separados de adultos; porcentaje de privados de libertad que son visitados por familiares; porcentaje de menores cuyo caso se resuelve antes de la instancia judicial; porcentaje de menores que reciben ayuda luego de recobrar su libertad.