MADRID | AP Y EL PAÍS DE MADRID

El gobierno español expresó ayer que las contrataciones de inmigrantes se efectuarán según "las necesidades del mercado", pero criticó al ministro de Trabajo por decir que el número de estos "se aproximará a cero".

La vicepresidenta de gobierno, María Teresa Fernández, de la Vega dijo que no queda otra alternativa que responder a las necesidades del mercado laboral. Sin embargo, criticó al ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, que el miércoles señaló que no tenía sentido seguir contratando trabajadores en otros países cuando España tiene 2,5 millones de desempleados, medio millón más que en agosto del 2007, debido sobre todo, al colapso de la industria de la construcción.

El ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, se sumó a las críticas de Fernández de la Vega, pues, a juicio del ministro, las declaraciones de Corbacho cuestionan una de las líneas de la política exterior española, la contratación de inmigrantes en los países de origen, a la que su Ministerio ha dedicado tantos esfuerzos.

Los dichos de Corbacho generaron un escándalo en las asociaciones de inmigrantes. El aluvión de críticas contra las declaraciones sorprendió y preocupó al gobierno, que no esperaba ese nivel de reacción, como tampoco esperaba que Corbacho hubiera añadido que "se aproximará a cero" dicha contratación. Lo que el ministro estaba autorizado a declarar por parte del gobierno era que la contratación de inmigrantes en origen iba a bajar en la misma medida que caía el empleo, pero no que se aproximaría a cero en alguna especialidad.

Corbacho ayer se rectificó de sus dichos y dijo que está desarrollando un plan que compensará a los extranjeros sin trabajo para que regresen a sus países de origen.

El plan pretende que los trabajadores se queden en su país unos años, pero con el derecho de regresar cuando la economía en España se estabilice.

La maniobra contradice la política favorable a la inmigración del primer ministro José Luis Rodríguez Zapatero, que otorgó amnistía a 600.000 inmigrantes indocumentados en el 2005, provocando el enojo de otros países europeos que dijeron que miles de inmigrantes sin papeles aprovecharían para llegar a otras zonas de Europa.

Un 10% de los 45 millones de personas que viven en España son inmigrantes y principalmente provienen de Latinoamérica, el Norte de África y el Este de Europa. Hace décadas, el porcentaje de inmigrantes en el país era insignificante.

La mano de obra barata ha permitido el auge de la construcción del que se benefició a España en años recientes.

Sin embargo, la economía del país se ha estancado y España pasó de ser uno de los principales países que ofrecía trabajo en Europa a registrar un nivel de desempleo del 10,7%, según las encuestas.

Fernández de la Vega señaló ayer que contratar a trabajadores en sus países de origen fue parte de la política española durante años, en un intento de regular la inmigración y frenar la entrada de inmigrantes indocumentados.

"El objetivo del gobierno en materia de política migratoria no ha variado", dijo durante una rueda de prensa. "La inmigración legal y ordenada va en función de las necesidades del mercado laboral, que es lo único que cambia``.

El Ministerio de Trabajo señaló que bajo el plan de Corbacho, los trabajadores que vayan a España a realizar trabajo estacional, como recoger frutillas u otros productos, no se verán afectados por la medida.

El plan se enfoca en gente que recibía contratos indefinidos y realizaban trabajo no especializado como limpiar casas o asistir en tiendas o negocios por menos de 1.000 euros (U$S 1.430) al mes. El año pasado casi 180.000 extranjeros recibieron este visado en España.

Almudena Fontecha, de la Unión General de Trabajadores, dijo que Corbacho relaciona los problemas económicos del país con la inmigración "como si ese fuera el problema del paro``.

Grupos a favor de los inmigrantes cuestionaron si los españoles harían estos trabajos. "Es un mensaje irresponsable", señaló Fontecha. Según una encuesta de COAG, una federación agrícola, de los 800 desempleados españoles entrevistados el jueves, sólo un 8% dijo que estaría dispuesto a recoger frutillas, y un 2% dijo que podría empezar a realizar ese trabajo de inmediato. (Producción: D. Beltrán Rohr, corresponsal)

Las voces de la polémica

Vicepresidenta del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega: España "va a seguir la misma línea: la de buscar el equilibrio entre los contratos ofrecidos en el exterior y las necesidades del mercado de trabajo español".

Portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso: "Lo prioritario es atender a los ciudadanos españoles que necesitan trabajar. Si hay un puesto de trabajo que puede ser cubierto, en función de la cuantificación requerida, por un desempleado español, éste tiene que tener prioridad".

Ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho: "Nunca he dicho que haya que suprimir las contrataciones en origen porque soy su defensor. La crisis no es el resultado de la inmigración, que ha contribuido de manera decisiva al desarrollo. Los inmigrantes padecen los efectos de la crisis, no son culpables de ella. Quiero que el inmigrante que ha venido aquí y se ha quedado aquí encuentre trabajo".

Rumiñahui, asociación hispano ecuatoriana: "No entendemos qué imagen quiere dar a la sociedad (Corbacho). Se trata de asociar a la inmigración con la crisis. Habrá que preguntarle a los españoles si quieren ocupar determinados trabajos en hostelería, el campo o la asistencia doméstica".

AESCO, asociación colombiana: "Si no vienen trabajadores en forma regular los traen de forma irregular".