México lanza ofensiva contra el narcotráfico y secuestros

1/1

MÉXICO | EL PAÍS DE MADRID

Construcción de nuevas cárceles de máxima seguridad y reforma judicial para que los secuestrados cumplan las penas íntegras son medidas incluidas en el pacto que firmaron todos los poderes para combatir el crimen organizado en México.

También se acordó el nombramiento de jueces especializados y la creación de una base nacional de teléfonos móviles, en el Acuerdo Nacional por la Legalidad y la Seguridad, que el jueves fue suscrito por todos los poderes en México: Gobierno federal, autoridades de los Estados y municipios, legisladores y jueces. El acuerdo, redactado por el Gobierno del conservador Felipe Calderón, quiere comprometer a todas las instancias y coordinar esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado, que tiene contra las cuerdas a la sociedad.

Los objetivos del pacto, al que se han sumado partidos, medios de comunicación y organizaciones empresariales y ciudadanas, son el combate a los secuestradores y los narcotraficantes, la limpieza de los corruptos, cuerpos policiales y el fin de la impunidad.

El acuerdo consta de 23 medidas, que afectan a cada poder. Así, el Gobierno federal que lidera el presidente Felipe Calderón, se compromete, entre otras cosas, a fijar una estrategia contra el lavado de dinero, a construir dos penales de alta seguridad con áreas especiales para secuestradores, a unificar las bases de datos de teléfonos móviles, a instaurar un programa de recompensas y a establecer un documento nacional de identidad. También renovará las academias de la policía federal.

Al Congreso le corresponde dictar una ley anti secuestros y reformar la legislación para impedir que los secuestradores se beneficien de la reducción de condenas. El Poder Judicial deberá nombrar jueces y magistrados especializados en crimen organizado y rotar permanentemente a los titulares de juzgados. Los Gobiernos estatales deberán construir nuevas cárceles, crear unidades contra el secuestro, homologar las leyes en materia penal y depurar los cuerpos policiales.

El acuerdo prevé que una instancia ciudadana monitoree el cumplimiento de los compromisos, en un período máximo de tres años.

Las batallas entre bandas del narcotráfico siembran de muertos las ciudades. Este año ya hubo más de 2.700 asesinatos, incluidos los de unos 300 policías. Los secuestros, aumentaron en 40% entre 2004 y 2007. El secuestro y asesinato, a manos de agentes policiales, de un niño de 14 años, hijo de un empresario que había pagado un cuantioso rescate, ha colmado la paciencia de la sociedad.