Una denuncia efectuada por Aduanas sobre irregularidades en entregas anticipadas de mercaderías en el aeropuerto de Carrasco, se suma a otros expedientes del Juzgado de la Ciudad de la Costa sobre eventuales ilícitos en la terminal aérea.

Ese juzgado ya tiene la investigación de las denuncias realizadas por el "Señor X" (persona que entregó información al senador José Mujica, al presidente Tabaré Vázquez y luego a la Justicia y cuya identidad se mantiene en reserva) contra dos oficinas claves de la Aduanas: Investigación y Técnica Aduanera y Fiscalización.

En la primer sección se tramitan importaciones de mercaderías solicitados por los despachantes de Aduanas. Mientras que en Fiscalización los despachantes firman convenios de multas por infracciones.

También en Fiscalización se cierran las admisiones temporarias de equipos o maquinaria y, para ello, se precisan certificados del Ministerio de Industria. Ese Ministerio también fue sindicado por el "Señor X" de cometer ilícitos y así lo estableció en la denuncia penal que fue impulsada por el presidente Vázquez.

Un tercer expediente a estudio de la jueza de Ciudad de la Costa, Mariana Mota, y el fiscal Gilberto Rodríguez, son las "propinas" que cobraban aduaneros por trámites de importaciones. Por esa causa ya fueron procesados con prisión 11 aduaneros por el delito de cohecho y en estos días declararon decenas de personas entre aduaneros, despachantes y trabajadores.

En tanto, fuentes de la Aduanas cuestionaron al juzgado de la Costa y a la Policía, por no continuar con las indagatorias acerca de las entregas anticipadas de importaciones denunciadas por el organismo, las cuales permiten el retiro de parte de la mercadería a ingresar al país.

Funcionarios aduaneros no registraban en las computadoras todos los procedimientos, permitiendo sacar productos de contrabando por este mecanismo, concluyó una sumario interno de Aduanas.

Para detectar la existencia de estas irregularidades, la Dirección Nacional de Aduanas instrumentó una investigación administrativa en Carrasco, que determinó que dos funcionarias estaban implicadas en la omisión de controles a las importaciones anticipadas, añadieron las fuentes.

La Dirección de Aduanas solicitó la destitución de una de ellas al Ministerio de Economía, que no hizo lugar a la petición. La otra aduanera tiene un sumario en su contra que no concluyó, añadieron las fuentes.

Las maniobras de entregas anticipadas generan un movimiento de grandes capitales e involucran a funcionarios aduaneros de jerarquía que autorizaron esos procedimientos, despachantes que las tramitaron e importadores, explicaron las fuentes.

Desde ámbitos aduaneros se criticó que, por esta causa, no hayan concurrido a declarar importadores, despachantes ni altos funcionarios del organismo estatal. Sin embargo, algunos de estos empleados y despachantes sí testificaron ante la jueza Mota y el fiscal Rodríguez por el caso de las "propinas"

Fuentes de la Dirección de Inteligencia Policial que realizó este procedimiento explicaron que no estaban informados acerca de las denuncias de Aduanas y que iban a interiorizarse en el Juzgado sobre el tenor de las mismas.

SILENCIO. Mientras que la investigación sobre coimas a aduaneros en Carrasco avanza y surgieron trascendidos de fugas de información desde la Policía, la oposición guarda silencio sobre las irregularidades en Aduanas.

La idea de manejarse con prudencia y dejar actuar a la Justicia prima en la oposición que, al contrario de otros hechos en los que ha reaccionado de inmediato, hasta ahora no ha tomado medidas políticas por la situación en Aduanas.

Es común que casi en forma automática, cuando se conoce una situación irregular en un organismo del Estado, la oposición convoque al Parlamento -o directamente interpela- a los jerarcas respectivos para determinar su eventual responsabilidad política.

En este caso -en que suman 11 los aduaneros procesados y hay otras investigaciones en curso- le correspondería al Ministerio de Economía. Pero nada de eso sucedió. Algunos sectores miran para el costado, otros no lo tienen en la agenda y, los que más arriesgan, están por acordar reuniones de bancada para definir qué hacer.

En Alianza Nacional se espera el resultado del trabajo de la "comisión de notables" que instaló el ministro Danilo Astori, tanto como el desenlace judicial. Después que eso ocurra, en una reunión de dirigentes y legisladores, se resolverá si se hará algún llamado a responsabilidad política. Si se acuerdan medidas políticas, no serán tanto contra el director de Aduanas, Luis Salvo, "sino contra la estructura", porque "lo mismo le pasó a directores anteriores", afirmó el senador blanco Eber da Rosa.

En su reunión del lunes, la mesa ejecutiva de la Lista 15 no trató el tema y ninguno de sus dirigentes hizo comentarios públicos. Por su parte, el diputado forista Gustavo Espinosa informó que ese sector no prevé acciones parlamentarias, pero que el tema se sigue de cerca.

El Partido Independiente también es de la idea de dejar actuar a la Justicia, de acuerdo con lo que confió a El País el diputado Iván Posada.

En el oficialismo, más que llamado a responsabilidad se pide discreción. El MPP y la CAP-L son los sectores más críticos con el funcionamiento de Aduanas y se han mostrado más resueltos a profundizar en las investigaciones.

"Esto recién empieza, y va a traer cola", pronosticó el diputado Juan José Domínguez (MPP). Añadió que se está trabajando "internamente" en la Aduana para saber más.

Un gordo expediente en la Costa

Tanto desde filas aduaneras como policiales esperan que en la próxima semana la jueza penal de la Costa, Mariana Mota, y el fiscal Gilberto Rodríguez se expidan sobre si los despachantes de Aduanas estaba involucrados o no en las "propinas" a aduaneros en el aeropuerto de Carrasco.

Mientras los despachantes de Aduanas señalaron que eran presionados por los funcionarios para aportar el dinero, el gremio de aduaneros dijo que se trataba de una práctica ilegal y que ésta involucraba a las dos partes.

Autoridades de Aduanas señalaron que no conocían la existencia de esas maniobras y que nadie presentó pruebas sobre ellas.

Sin embargo, los despachantes dijeron que sí presentaron denuncias de esos ilícitos a la Dirección Nacional de Aduanas.

Fiscal de Policía investiga si hubo filtración de información

El fiscal de Policía, Héctor di Giacomo, inició una investigación de oficio para conocer si hubo o no filtración de información en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), pero se abstuvo de intervenir en la indagatoria, para lo que designó a otro funcionario.

El Departamento II (Crimen Organizado) de esta repartición policial realizó las investigaciones sobre hechos irregularidades en las oficinas de Aduanas en el aeropuerto de Carrasco que terminaron con el procesamiento con prisión de 11 funcionarios.

El martes 29, el diario El Observador publicó que policías denunciaron que al menos un jerarca de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) filtró información a aduaneros y despachantes que eran investigados por corrupción, lo que es investigado por la jueza penal Anabella Damasco, en el caso de la Operación Medusa. La jueza negó haber recibido dicha denuncia ni investigar tal hecho, y dijo desconocer si esa denuncia fue presentada en otro juzgado.

El Observador también dio cuenta de la actuación de abogados que generan suspicacias. Mencionó que el ex presidente de la Corte, Gervasio Guillot, integra la Comisión para la Transparencia del Proceso Aduanero y que su hijo es funcionario de Aduanas; que el fiscal de Policía Héctor Di Giacomo es el abogado de la Asociación de Despachantes y defiende a algunos de su socios; y que una firma de despachantes es representada por el estudio jurídico del canciller Gonzalo Fernández.