Denuncia de millonaria estafa involucra una S.A.

EDUARDO DELGADO

Una denuncia penal por estafa o apropiación indebida que ronda los US$ 100 millones, fue presentada por un productor de soja de Paraguay contra paraguayos, brasileños y dos abogadas de un importante estudio jurídico uruguayo.

La denuncia refiere a productores sojeros paraguayos y brasileños que mediante un contrato con la empresa Bunge Alimentos S.A. acordaron suministrarle grano para productos alimenticios a cambio de que la multinacional de origen brasileño aportara capital para financiar la producción.

Se agrega que con la finalidad de obtener mayores beneficios fue que se utilizó la sociedad anónima uruguaya Vorlex y la sociedad anónima de la zona franca de Colonia, South American Grains (SAG), esta última para comercializar la soja y siendo la titular de un crédito millonario (unos US$ 25: anuales) derivado del contrato con Bunge Alimentos.

Pero mediante maniobras calificadas como delictivas, el denunciante, Alberto Pestana, sostiene que un pequeño grupo de sojeros recibieron dinero de Bunge en SAG y, en vez de distribuirlo entre los socios, lo derivaron a una empresa paraguaya de su propiedad. Debido a esta maniobra internacional para la que se usó una S.A. uruguaya, el denunciante sostiene que decenas de productores paraguayos quedaron con deudas millonarias, algunos quebrados.

declaraciones. Pestana viajó a Uruguay y ratificó la denuncia en el juzgado penal de 4o. Turno. Dio una extensa declaración con su versión de lo sucedido y agregó copia del expediente de la Justicia Civil paraguaya sobre algunos de estos hechos.

El magistrado de esa sede penal, Jorge Díaz, citó a declarar a dos de los denunciados que viven en Paraguay.

Quienes ya declararon son dos abogadas del estudio Ferrere, a quienes Pestana acusa de haber conformado el directorio de SAG sin haber defendido los intereses de Vorlex, la empresa que representaban. Agrega Pestana que una de ellas se negó a entregar las acciones de SAG y Vorlex que le correspondían y que tampoco tuvo acceso a la contabilidad o libros de las dos sociedades, por lo que desconoce quién maneja la contabilidad, el registro de operaciones y si esas sociedades manejan fondos y tienen cuentas bancarias en el país.

El estudio Ferrere dijo a El País que no hará comentarios sobre esta denuncia y le quitó seriedad a la acusación.

desvíos. Según el escrito de Pestana, "los denunciantes ilegítimamente destinan los beneficios del contrato con Bunge que corresponden a SAG, a amortizar el pasivo de Agilisa S.A., pero ocurre que ese pasivo está compuesto por deudas de Agilisa S.A. con las sociedades pertenecientes a consocios denunciados".

"En suma, las ganancias que son desviadas hacia Agilisa S.A. y con ello, en forma exclusiva a algunos de los socios de Vorlex, menos el denunciante, quien no ha percibido dinero alguno de lo que le pertenece en su calidad de accionista", añade.

Destaca la denuncia de Pestana que "la operativa" perjudica también los intereses económicos del Estado uruguayo, ya que SAG se beneficia de exoneraciones tributarias por estar en zona franca pero no tiene actividad, puesto que no realiza inversión alguna y sus dineros son desviados de Brasil a Paraguay sin pasar por sus arcas.

"De lo expuesto surge claro y sin lugar a dudas que los denunciados subrepticiamente, mediante maniobras dolosas y en perjuicio de los derechos que corresponden al dicente en su calidad de accionista de Vorlex S.A:, única accionista (100%) de SAG, desvían los dineros que deben ingresar a las arcas de esta última y por ende ser distribuidos entre los socios de Vorlex S.A., su propietaria", concluye Pestana en su denuncia.

El expediente judicial iniciado tras la denuncia penal presentada por Pestana es el único sobre este asunto en Uruguay.

Sin embargo, en Paraguay hay diferentes juicios penales y civiles en trámite que involucran a productores de soja y la empresa Bunge Alimentos.

En algunos de ellos, la multinacional de origen brasileño intenta recuperar el saldo de un préstamo de unos US$ 29 millones que afirma dio a los sojeros a través de SAG, la sociedad anónima de zona franca de Colonia. Los sojeros rechazan que adeuden ese dinero.