Crean centros para acelerar respuesta a abusos a menores

1/1: Menores. El proyecto de Diputados abre el camino extrajudicial para casos no graves. (El País)

SEBASTIÁN CABRERA

Uno atrás de otro, los casos de abuso sexual han acaparado la atención pública. En ese contexto y luego de medio año con el tema en el congelador, el gobierno reformará el proceso de atención al maltrato y violencia sexual a los menores.

Por estos días, los diputados del Frente Amplio de la comisión de Constitución definen, con sus pares del Senado y con el INAU, cambios a un proyecto de ley que reforma el Código de la Niñez y Adolescencia, ya votado en 2007 por los senadores.

Una de las novedades acordadas en la fuerza de gobierno, dijeron fuentes del oficialismo a El País, es la creación de centros de atención a menores que, con equipos multidisciplinarios, deberán ocuparse en forma rápida de los casos de maltrato y violencia sexual que llegan y adoptar una primera respuesta en un plazo breve, que se podría fijar en 72 horas.

Con el nombre de centros de "protección de derechos de niños y adolescentes", se intenta generalizar experiencias piloto que hoy existen. En el plazo mencionado, los técnicos deberán evaluar el caso y adoptar medidas de protección para el niño, según el texto que se negocia en el Parlamento. Luego de recoger evidencias, decidirán si el caso se envía a la Justicia, en el marco de una ley que acelera procesos y "desjudicializa" situaciones no graves.

Si el caso pasa a la Justicia, el juez deberá recibir un informe técnico con la sugerencia que los centros realizan acerca del camino a seguir y las medidas cautelares: retirar o no al agresor del hogar. Se podrá realizar una única indagatoria psíquica y sólo una segunda si hay consentimiento de la víctima.

La reforma al Código causó fuertes discusiones en la interna del Frente. Los abogados de la comisión, los diputados Jorge Orrico, Diego Cánepa y Javier Salsamendi, han expresado su temor por culpar a inocentes si se acelera demasiado el proceso. Por eso, la comisión se tomó medio año para encarar el tema y, luego de intercambiar textos alternativos, se impulsa la formación de equipos multidisciplinarios que estudiarán cada caso en forma urgente.

El proyecto se modifica "ante la gravedad del problema y sensibilidad de un tema que está a nivel público en primer lugar", dijo a El País el diputado frenteamplista Edgardo Ortuño. Se busca mejorar la respuesta: "Avanzar rápidamente, pero con garantías que estarán planteadas a partir de informes técnicos que fundamenten el camino a seguir, sin exponer al niño a una sucesión de peritajes e interrogatorios que lo traumaticen", explicó Ortuño.

Para el diputado blanco Álvaro Lorenzo, presidente de la comisión, hay acuerdo "en que los procesos judiciales habituales no aseguran un tratamiento adecuado" porque "las pruebas son difíciles de recabar, están limitadas en el tiempo, y es difícil que el niño cuente".

En la misma línea, la psiquiatra colombiana Isabel Cuadros, con 20 años de experiencia, dio su visión a los legisladores hace dos semanas: "Si el sistema de protección usa los estándares del sistema penal o criminal, que requiere niveles de pruebas más altos, se llega muy tarde. Hay que actuar ante la sospecha porque puede costar la vida, una nueva victimización o múltiples victimizaciones al niño maltratado". Cuadros dice que la primera investigación no debe ser judicial.

En el Parlamento, la experta advirtió que es fundamental una evaluación muy rápida: "El estándar norteamericano es de unas 24 horas, plazo en el que tiene que estar resuelta la situación del niño y se tiene que saber si el niño está o no con un ofensor". En comisión, la discusión arrancará formalmente esta semana, cuando se reciba el miércoles a la cátedra de psiquiatría infantil.

RESPUESTA. Una de las bases del proyecto -que complementa a la ley del "coscorrón", que prohíbe los golpes a menores- es la reforma del proceso judicial en casos de abuso, para acelerarlo, fortaleciendo la protección al niño abusado. Se agilizan los plazos de respuesta y salvaguarda del niño, para que los casos no "se eternicen".

El proyecto apunta a la toma de decisiones en la sede administrativa. Se introducen pericias multidisciplinarias (con psiquiatra, pediatra, y asistente social) para que el juez tenga los mayores elementos al tomar medidas cautelares duras, como la separación del agresor.

Para situaciones no tan graves -puede ser cuando a un padre "se le va la mano dándole cinto a un niño", al decir de Cuadros- se abre un camino de "desjudicialización". Allí la situación será seguida exclusivamente en estos centros: Cuadros está a favor de un sistema "terapéutico" en esos casos. Lo mismo dice Ortuño: "No llevemos todo a la Justicia. No hagamos pasar al gurí por un proceso judicial largo".

Para las situaciones graves, como un abuso sexual o maltrato fuerte, se plantea un sistema judicial con respuesta rápida. Se prohíben los careos y se fijan medidas cautelares: retiro del agresor del hogar, prohibición de comunicarse, asignación de familia sustituta e internación provisoria en organismo oficial, entre otras. Se recomienda que la entrevista indagatoria se haga a través de un vidrio de visión unilateral (cámara Gessell).

Para el frenteamplista Salsamendi, la interrogante es "cómo resolvés muy rápido sin pasarle por arriba al derecho a la defensa" del acusado. "Hay un equilibrio delicado. Tomamos partido por la protección de la víctima, sin perder las garantías del debido proceso", opinó.

FACULTADES. Los cambios en el proceso son reforzados por la creación de los nuevos centros, que recabarán pruebas y se podrán acordar medidas de protección. Los centros serán la primera respuesta ante "negligencia, abuso, maltrato o explotación de los padres", dice el articulado que ajustan los diputados del Frente. Dependiendo del tipo de violencia a la que haya sido sometido el menor, se procederá a medidas judiciales o extrajudiciales.

También se brindará apoyo económico para casos en los que el abusador sea el sostén del hogar. Los centros funcionarán en la órbita del INAU, tendrán autonomía técnica y equipos técnicos especializados en situaciones de maltrato o abuso. Podrán acordar medidas de restricción de los derechos a padres u otras personas.

Hoy existen experiencias puntuales de estos centros, en acuerdo con Unicef. La ley los incorpora al Código de la Niñez, para generalizar las experiencias. Lo mismo sucede con el Sistema Integral de Protección a Infancia y Adolescencia contra la Violencia (Sipiav), ámbito de coordinación entre INAU, ANEP, y ministerios de Desarrollo, Interior y Salud.

Pamela Silva, de 11 años

Asesinada en maldonado

El caso de Pamela Silva, una niña de 11 años asesinada en la periferia de Maldonado a comienzos de mayo, fue uno de los más impactantes. La investigación demostró que la niña fue sometida a una violación múltiple. Las investigaciones siguen: el principal sospechoso del homicidio es el padrastro, que ya confesó el abuso sexual continuo.

Valentina Ibáñez, de 19 años

Abusada desde los 12, en nuevo parís

En Nuevo París, Valentina Ibáñez, de 19 años, envió a su padre a prisión porque la violaba desde los 12. Había tenido tres hijos con él y decidió denunciar los abusos cuando cumplió la mayoría de edad. Producto de esas violaciones nacieron tres niños, el primero de ellos cuando la joven tenía apenas 12 años. Hoy sus hijos tienen 3, 4 y 6 años.

Belén Espinosa, de 15 meses

VIOLADA DOS VECES, MURIÓ EN ARTIGAS

Es uno de los casos más crueles que se hayan conocido. En la ciudad de Artigas, un padre de familia violó dos veces a su hija de 15 meses, Belén, que murió de paro cardíaco. El padre, Alexander José Espinosa Domínguez, de 37 años, se encuentra preso en Lavalleja. A la salida del Juzgado donde declaró, había unas 200 personas y hubo clima de linchamiento.

159 Es la cantidad de denuncias de violación a menores o adolescentes que la Policía recibió en el año 2007 en Montevideo.

70% Es el porcentaje aproximado de denuncias de maltrato infantil llegadas a la Línea Azul del INAU, que se logra convalidar.

Entre el 90% y el 95% de las denuncias de abuso sexual son verdaderas, aseguró en la comisión de Constitución la psiquiatra colombiana Isabel Cuadros, directora de la asociación Afecto Contra el Maltrato Infantil. "Es mucho más fácil que un niño calle sobre abuso sexual que un niño hable sobre el tema. Y no hay una madre capaz de implantar en un niño la idea de un abuso sexual", indicó Cuadros. En 2007, la Policía de Montevideo recibió 159 denuncias de violación a menores o adolescentes, según cifras del Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior. En 2006 hubo 144 casos y en 2005, 153. Los menores son la mayoría de las víctimas de violación en Montevideo: 62%. En siete de cada diez casos el abuso sexual fue realizado a una niña (72%). En tanto, durante 2007 el equipo de la Línea Azul del INAU actuó en 1.415 casos de maltrato infantil en todo el país, donde están incluidos los casos de abuso sexual. El año anterior habían sido 1.200 los casos de maltrato denunciados. La misma Línea Azul había registrado 295 denuncias de abuso sexual a menores entre el 1° de enero de 1999 y el 31 de octubre de 2004, según se informó en su momento.

"Prefiero un niño muerto que un niño revictimizado cotidianamente", dijo la psiquiatra colombiana Isabel Cuadros, de paso en Montevideo para realizar cursos de capacitación e invitada a disertar en la comisión de Constitución de Diputados.

"Recuerdo a una trabajadora social que lloró durante toda una noche. Le pregunté qué pasaba y me contó: `me imagino lo que va a ocurrir esta noche con la niña, la volverán a violar`. El sistema de protección debe ser suficientemente rápido para impedir una victimización más", explicó Cuadros.

Los diputados usarán como insumo su aporte, aunque en el Frente algunos entienden que su posición es "extremista" al pedir tanta rapidez para procesar los casos. Cuadros abundó sobre la urgencia en este tema: "Si un forense entrevista a un niño un año después, no va a encontrar nada. Es posible que seis meses después ya no se encuentre nada (…) Hay que tener una muestra de la vagina de la niña para saber si hubo eyaculación y penetración. Y debe estar en menos de seis horas".

En cuanto a las pruebas del abuso sexual, la experta indicó que entre 4% y 6% de los niños tienen lesiones físicas. Eso se debe a que gran parte de los abusadores no penetra, los niños cicatrizan muy rápido y a las 24 horas "el tejido ya no tiene señal de lo que pasó".

Con la ley de humanización carcelaria aprobada en el año 2005, se redujo la pena para el intento de violación. En concreto, se derogó un artículo de la ley de seguridad pública del año 2000, aprobada durante el gobierno de Jorge Batlle, que elevaba a dos años la penitenciaría para los casos de tentativa de violación.

El fundamento para derogar ese artículo es que, según el Código Penal, el delito "tentado" debe ser castigado con la tercera parte del delito consumado, pudiendo elevarse la pena hasta la mitad, si el juez lo decide y "teniendo en cuenta la gravedad del hecho", e incluso hasta las dos terceras partes. Pero, tal cual había quedado redactado el Código Penal, la pena mínima para la violación era la misma que la de tentativa: dos años.

Entre enero y setiembre de 2007 bajaron 3,3% las violaciones, pero subieron los intentos de violación.