En los últimos tiempos, Uruguay ha vivido una especie de fiebre en materia portuaria. Desde la polémica por la nueva terminal de contenedores en Montevideo, el proyecto de Puntas del Chileno en Punta del Este, los emprendimientos en el litoral y ahora también la idea de una terminal pesquera en Capurro. Pero dentro de este "boom", uno de los más debatidos es el puerto de "aguas profundas" de La Paloma. La semana pasada, el incansable y locuaz ministro de Transporte, Víctor Rossi, estuvo en Rocha acelerando los trámites para que la Junta Departamental aprobara la entrega de 51 hectáreas municipales sobre la playa La Aguada. Elemento clave para el proyecto que vendría impulsando una empresa española, que promete invertir, según con quien se hable, entre 600 y 1.000 millones de dólares en la obra.
La operación promete ser objeto de fuerte polémica, por ser La Paloma un centro fundamental para el turismo nacional. Ya se sabe que este tipo de proyectos suelen reeditar la polémica entre desarrollo económico y potencial turístico, entre naturaleza y "progreso". Ni que hablar del aspecto político, donde el intendente frenteamplista, Artigas Barrios, que históricamente se opuso a los proyectos portuarios en la zona, ahora ha abrazado la causa con fervor.
Es indudable que la ejecución de una obra de estas características tendría aspectos positivos. Desde el ocaso de la industria pesquera, La Paloma entró en una fase de decadencia económica, que ni siquiera el auge turístico de los últimos años ha logrado revertir por completo. Quien frecuente la zona fuera de las tibias épocas estivales, sabe que allí se vive un panorama social complicado: desempleo rampante, falta de inversión y problemas serios de delincuencia. En tal sentido, y aunque la obra no prospere, la operación municipal al ceder esos terrenos al gobierno central, permitirá que la comuna salga de la lista negra de deudores públicos, y acceda así a fondos vitales para realizar las obras mínimas que requiere el balneario.
Ahora bien, la operación encierra también aspectos negativos. La inserción de un puerto de cargas generales, con toda su parafernalia de logística, transporte, y cemento, en medio de un área de turismo veraniego, generará contradicciones. Desde el "choque" entre camioneros y veraneantes, hasta el problema de la calidad de las aguas, se necesitará mucho esfuerzo de conciliación para poder complementar estas actividades sin problemas. Si bien hay ejemplos positivos en la materia, como el propio puerto de Miami, la realidad indica que en la mayoría de los casos, la actividad portuaria y la turística no se llevan bien entre sí.
Hay otros aspectos que generan duda. Expertos en la materia afirman que no se ve a mediano plazo la necesidad de desarrollar una nueva terminal portuaria en el país. Por un lado, no hay un desarrollo productivo en la zona, que haga pensar en requerimientos urgentes en la materia. Por otro, se sostiene que el Puerto de Montevideo tiene muchísimo para crecer y desarrollarse, y que lo lógico sería que las autoridades se concentraran en ello, en vez de estar anunciando puertos por todo el país, como si fueran almacenes.
Esa duda es la que se observa entre los pobladores de la zona. Si bien, en general, miran con optimismo la posibilidad de una obra que suponga una fuente de empleo fuera de temporada, históricamente han sido tantos los anuncios y promesas, que hay un fuerte escepticismo sobre su verosimilitud. Se palpa asimismo un reclamo sobre la falta de información efectiva a la población. Salen datos en los diarios, hay declaraciones de jerarcas, pero al parecer es nula la información con la que cuentan los propios habitantes. Un déficit que puede generar problemas en el futuro, si el proyecto se concreta sin apoyo local generalizado.
También desde algunos operadores turísticos hay molestia con las autoridades. Se entiende que por años La Paloma estuvo olvidada, y que si logró sobrevivir fue gracias a la inversión privada que impulsó el desarrollo turístico. Y cuando éste empieza a dar sus frutos, se le quiere imponer ahora un proyecto mastodónico que puede amenazar su futuro, y ocupando para fines "fabriles" nada menos que 50 hectáreas de bosques costeros, de un valor turístico incalculable.
Como suele pasar en Uruguay, el problema de fondo es la falta de planificación seria, que dé a los ciudadanos un marco de estabilidad mínimo que permita desarrollarse y progresar, sin tener que estar siempre rezando a ver con que nueva ocurrencia va a salir el Estado.