Esta semana 3.800 presos elegirán a sus delegados

Entre hoy y el viernes, 3.800 reclusos elegirán sus mesas representativas en Comcar, Las Rosas, la penitenciaría de Colonia y La Tablada. Para el Comisionado Álvaro Garcé ese mecanismo cambiará la cultura "del grito" por la de "ciudadanía".

Esta semana se ingresa "en la recta final" de la elección de las mesas representativas de personas privadas de libertad, un mecanismo que la ministra del Interior, Daisy Tourné, aprobó en febrero de este año.

Desde esta mañana se pronunciarán unos 3.050 reclusos del Comcar en siete mesas de votación y también elegirán delegados 500 presos de Las Rosas en Maldonado y 130 de Colonia. El viernes será el Turno de los 200 reclusos de La Tablada.

Al Comcar asistirá el director de Cárceles, Jorge Szasz, quien declinó ayer realizar comentarios a El País. También presenciarán las elecciones Garcé y observadores del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), quienes instrumentan junto al Ministerio del Interior las elecciones.

Cada mesa estará integrada por hasta tres representantes de cada uno de los módulos o pabellones que estarán en funciones durante un año. "Este proceso es importantísimo, es clave, ya que tiende a introducir nuevas reglas de relacionamiento de los internos entre sí y de ellos con las autoridades", señaló Garcé a El País.

Para el comisionado, la puesta en marcha de las mesas representativas "es parte de un proceso de cambio, de sustitución de la cultura del grito o de la exigencia violenta por una cultura de ciudadanía". "Quien elige un delegado, luego confía en él y está participando de un proceso democrático", afirmó.

En particular, la elección de representantes en el ámbito interno favorece los liderazgos por legitimidad y tiende a destruir aquellos que se imponen por medio de la violencia. Eso se ha visto en algunos establecimientos donde ya están funcionando las mesas.

En el Comcar, por ejemplo, hay ámbitos de representación. Y aunque sus integrantes no fueron electos por voto secreto tienen una "legitimidad importante". Por ejemplo, actuaron en momentos claves, donde hubo problemas de seguridad -nerviosismo generalizado de los reclusos-.

En esa instancia esos presos actuaron pidiéndole calma al resto de la población carcelaria y fueron escuchados, de acuerdo a Garcé. "La expectativa es que esto contribuya a un cambio cultural dentro de las cárceles", sostuvo el comisionado.

Ese cambio implica también nuevas reglas para los funcionarios y jerarcas carcelarios. Si bien el "Reglamento general sobre las mesas representativas de personas privadas de libertad" explicita que esas instancias "no son órganos de coadministración penitenciaria", sí modificarán la relación con las jerarquías, según Garcé. "Para los comandos y los funcionarios es un desafío importante y un cambio relevante a estos nuevos delegados", indicó.

En concreto, las mesas van a poder presentar propuestas de soluciones a problemas en las diferentes cárceles y a su vez también plantear cuestiones que les preocupen, como por ejemplo la necesidad de atención sanitaria de un determinado recluso que la necesite. "Es un actor relevante dentro de las reglas carcelarias. El funcionario debe adecuarse a un nuevo tipo de relacionamiento", indicó el comisionado.

Además, para Garcé, en la respuesta que los reclusos sientan que obtienen de esos ámbitos estará la legitimidad que tengan las mesas. "Generar instancias de representación, si después no pueden incidir u obtener resultados concretos podrían tener el riesgo de la deslegitimación", opinó.

Los delegados tendrán reuniones periódicas con las jerarquías carcelarias y con el comisionado, lo que también implica un cambio en las prácticas administrativas. Por ejemplo, tendrán que facilitarles la salida de las celdas para poder reunirse con sus pares de otros sectores del establecimiento o que puedan tener contactos con organismos de contralor.

El reglamento que rige las mesas específicamente aclara que la condición de representante "no debe ser causa de discriminación o represalias" de las autoridades hacia esos reclusos, que deberán además estar sujetos al mismo régimen disciplinario que el resto.

Las mesas representativas pueden diseñar y proponer acciones orientadas a solucionar problemas detectados en los establecimientos de reclusión y especialmente, asegurar y mejorar el respeto a los derechos humanos. También comunicarán resoluciones al resto de los reclusos, como "efectos multiplicadores".

Las autoridades están comprometidas a facilitar el uso de las instalaciones para reuniones, adoptar medidas de seguridad que consideren necesarias para garantizar el funcionamiento de las mesas y contribuir con el "oportuno" desplazamiento de los delegados desde su lugar habitual hasta el sitio donde se realicen los encuentros.