"C`est pas serieux"

GONZALO AGUIRRE RAMíREZ

Conocido es el batifondo que había generado y con que parecía haber concluido la ocurrencia del gobierno de llamar rentas a las pasividades y, en consecuencia, gravarlas con IRPF. Es decir, con tasas progresivas que van del 10 al 25%. Salvo las que ya estaban exoneradas de pagar el IRP, de monto inferior a $ 10.650.

Ciento sesenta y dos mil jubilados pasaron a tributar este impuesto desde el 1° de julio pasado, según tuvo que reconocer el ministro Astori en la reciente interpelación del diputado Pablo Abdala. Antes había dicho, muy suelto de cuerpo, que eran solo 92.000 los pasivos víctimas de su voracidad fiscal.

Estos, privados de una parte de sus más o menos menguados ingresos destinados a satisfacer sus necesidades básicas e insusceptibles de ser incrementados, que consideraban intangibles desde el día en que abandonaron sus actividades (art. 67 de la Carta), reaccionaron demandando a la Suprema Corte, la declaración de la inconstitucionalidad del impuestazo.

Cientos de acciones se presentaron con dicho objeto. Cerca de veinte mil pasivos suscribieron esas acciones.

Ya se sabe como terminó esta historieta, tras los episodios de burda presión ejercida contra el máximo órgano judicial y sus miembros, protagonizados por Astori y su subsecretario, así como por legisladores oficialistas, antes y después de que la Corte, tras trascender que existía mayoría a favor de declarar la inconstitucionalidad, dictó sus primeras trece sentencias en tal sentido.

Cesada la dignísima Dra. Bossio y sustituida que fue por el Dr. Larrieux, éste transformó la minoría en mayoría y dictó, el 30 de abril, una sentencia contradictoria con los anteriores. Unos 1800 pasivos habían sido beneficiados por los fallos anteriores, que además dispusieron que su efecto se retrotraía a la fecha en que comenzó a aplicarse la ley 18.083. En consecuencia, el IRPF dejó de cobrárseles y se les reintegrará lo que pagaron por tal tributo.

Pero los muchos más que también habían accionado ante la Corte y, en razón de la lentitud de sus trámites, no habían obtenido sentencias favorables, quedaron en Pampa y la vía. Se consumó así, en su perjuicio y de todos los demás pasivos gravados por IRPF, una grave transgresión del principio de igualdad. Como la misma no podía corregirse volviendo a cobrárselo a los favorecidos por las primeras sentencias, pues ello hubiera significado su desacato, se pensó, por mucha gente sensata, que no había otra salida que derogar el IRPF a los pasivos. A todos ellos. No había otra manera de restablecer la igualdad.

Pero no fue así. Como en el gobierno no impera la sensatez, como está integrado por gente autoritaria que no practica uno de los sabios consejos de Churchill -"en la derrota, impavidez"-, se exprimieron el magín y Astori sacó de su galera, alquimia jurídica mediante, la solución mágica para que todos vuelvan a pagar. No el IRPF pero sí el IASS. Que es un impuesto casi gemelo del otro.

El Estado no puede, cuando está pleiteando, sancionar una ley que le da razón y ganar así el litigio. Montesquieu se lo impide. Menos puede, entonces, enervar los efectos de la sentencia que le fue adversa y derrotar a los gananciosos mediante una nueva ley que les impone lo contrario de lo dispuesto por tal sentencia. Ello equivale a asistir a los funerales de Montesquieu. Y a tirar la cosa juzgada a la basura.

¡Horror!, diría don Juan Pivel Devoto. O, como dicen los franceses, que son sabios para definir con una frase lapidaria los procederes indebidos o absurdos: "C`est pas serieux..."