El relato acerca de los últimos momentos de la niña Pamela Silva, asesinada en Maldonado, resulta espeluznante. Del mismo deriva asimismo una comprobación tremenda: que el número telefónico 911 no es lo que debería ser.
La investigación anunciada por la ministra del Interior sobre qué ocurrió con la llamada de la víctima al 911, no le devolverá la vida a la desventurada Pamela y muchas interrogantes sobre este servicio quedan flotando en el aire. Y no es tranquilizador que la ministra haya admitido que el sistema de emergencias aún no está tecnológicamente capacitado para responder llamadas a nivel nacional. Ella dijo que viajará a China "para visitar una ciudad que tiene el tamaño de Uruguay y ver cómo funciona allí el sistema".
Vivimos en una sociedad jaqueada por la violencia. Por ejemplo, en la misma jornada en que se hacía público el mencionado relato, nos enteramos que un joven de 23 años y un niño de 10, intentaron prender fuego a un anciano y que un automovilista fue asesinado por un rapiñero de un balazo en la cabeza. Apenas algunos ejemplos de lo que ocurre en este país donde un 35,6% de su población capitalina fue víctima de al menos un delito durante 2007.
Desde 2005 el Observatorio Nacional sobre Criminalidad y Violencia releva la cantidad y tipo de denuncias que recogen las jefaturas de policía de los 19 Departamentos y esos datos son publicados trimestralmente, pero donde los últimos datos llegaron con dos meses de atraso. Algo que movió a la ministra Tourné a explicar que no había un intento de ocultarlos, sino que se trataba de "entreveros administrativos".
Ni siquiera las cárceles, donde el 50% de los reclusos son adictos a la pasta base, sirven de mucho. Presos en salida transitoria se dedican al delito y es posible que una serie de estafas recientes fueran cometida desde una de las superpobladas prisiones (el Comcar, hecho para 1.200 detenidos, hoy alberga 3.200).
Claro que todo esto tiene su otra cara: la desaprensión de muchos compatriotas. Por ejemplo, el número 911 recibe alrededor de 400.000 llamadas por mes pero de ellas más del 90% no amerita intervención policial.