Los países de América Latina y del Caribe reflejaron en los últimos años "un progresivo avance" en la educación en derechos humanos, según un estudio elaborado en base a un relevamiento en la región.
El informe, divulgado en Montevideo, fue realizado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), una institución académica creada en 1980, sobre la legislación vigente en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia y Costa Rica.
También lo está en Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Dominicana, Surinam, Uruguay y Venezuela.
El estudio indicó que entre 1990 y 2002 hubo "un aumento significativo" en la incorporación de principios y contenidos sobre educación en derechos humanos en la legislación de los países de la zona y precisó que la prioridad se asignó a la mujer y la infancia.
De las reformas posteriores a 2002, sólo las leyes de Chile y México "incluyeron algún cambio en relación con la educación", agregó el informe del IIDH.
En cuanto a estos casos, destacó que "la variación más destacada" la constituyó "una incorporación en la Constitución mexicana que apunta a incrementar la escolaridad de la población indígena y favorecer la educación bilinge e intercultural".
El IIDH afirmó que en la actualidad los grandes lineamientos en derechos humanos "están presentes en las leyes de educación de todos los países estudiados" y agregó que la legislación la reconoce "como un derecho cuya cobertura debe alcanzar a toda la población en igualdad de condiciones y oportunidades, sin discriminaciones".
En sus recomendaciones el Instituto instó "a los Estados que aún no lo hayan hecho a que ratifiquen los instrumentos internacionales específicos" para completar su adhesión a los estándares mínimos e incorporar a la agenda legislativa el derecho a la educación y la ampliación de la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza.
La coordinadora pedagógica del IIDH, Ana María Rodino, aseguró que el estudio constituye "una herramienta de diagnóstico" que pretende impulsar a los gobiernos para que desarrollen la formación enfocada hacia derechos universales.
ANSA
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