LORELEY NICROSI

La oposición reclama derogar la ley que impuso el IRPF a los jubilados. En el oficialismo unos coinciden en que no sería "justo" limitar al fallo de la Corte a sus beneficiarios y piensan en una salida.

La posición mayoritaria de tres de los cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia a favor de declarar inconstitucional el IRPF a las jubilaciones, descolocó a los integrantes del gobierno y le abrió el camino a la oposición para promover una ley que derogue el tributo y con ello embretar a la administración del Frente Amplio.

En el Frente hay reacciones de cautela, ideas de reimplantar el Impuesto a las Retribuciones Personales y críticas al ex presidente Julio Sanguinetti, a quien acusan de presionar y precipitar un fallo adverso al gobierno. Las opiniones se dividen entre quienes insisten en la constitucionalidad del impuesto y quienes ven que la derogación de esta parte de la reforma es políticamente inevitable, según distintas fuentes consultadas en la coalición.

El líder del Partido Nacional, Jorge Larrañaga y el ex presidente colorado, Julio Sanguinetti, consideraron que si la Corte declara la inconstitucionalidad del tributo, el gobierno deberá derogar la ley que lo creó o, en su defecto, serán ellos quienes lo promoverán. En la misma línea se pronunció al presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres.

Pese a saber que no tienen votos suficientes para derogar la ley, la oposición dejaría a la administración Vázquez en falsa escuadra, si se limita a respetar los fallos individuales y no los generaliza para todos los pasivos. Vázquez y el ministro Danilo Astori han dicho que respetarán la decisión de la Justicia, pero esto no supone necesariamente que promuevan derogar la ley.

Larrañaga dijo que "este fallo prestigia a la Suprema Corte de Justicia".

"No lo decimos por el resultado, lo decimos en función de lo que sosteníamos, que es la inconstitucionalidad de la reforma tributaria con respecto a los jubilados", agregó. "Creo que en esta parte de la reforma queda contundentemente claro que se debe proceder a su derogación en lo que vincula a los jubilados", afirmó.

Para el líder blanco "la derogación es una consecuencia ineludible que tendrá que estudiar el Poder Ejecutivo" ya que "corresponde por derecho, porque no puede existir, en función de la aplicación del fallo, una situación que sea abarcada por el fallo, y que las restantes que no hayan sido contempladas no sean alcanzadas de la misma manera".

Para Larrañaga "el gobierno tiene que cambiar el trillo, discutir internamente y tomar decisiones políticas". Agregó que el Partido Nacional "está dispuesto a dialogar y conversar porque al partido le interesa que las cosas se puedan hacer de acuerdo al marco del derecho y la Constitución".

Por su parte, el líder del Foro Batllista, Julio Sanguinetti anunció que los senadores colorados presentarán después de Semana Santa un proyecto de ley en el que propondrán la derogación del IRPF a las jubilaciones. "Esta es la única solución que política y jurídicamente corresponde", afirmó a El País. "Si una ley está declarada inconstitucional, arroparse en la técnica jurídica de que esto rige sólo para cada caso, no es sostenible. Vamos a proponer la derogación específica. Es evidente que una ley que la propia Justicia declara inconstitucional no puede persistir", señaló el ex presidente.

Dijo que el Partido Colorado continuará con la campaña de recolección de firmas para reformar la Constitución y establecer que las jubilaciones no podrán ser objeto de gravámenes. "Este tema hay que zanjarlo para siempre. Cuando un gobierno dice que sólo va a aplicarlo al caso y está buscando artificios para no cumplir, mañana puede cambiar cuatro o cinco párrafos de la ley y decir es una ley nueva. Insistimos en que el camino es terminar con este tema para los jubilados, que no pueda estar gravada la jubilación", remarcó.

DIÁLOGO. Para Pablo Mieres "si hay un fallo confirmando la inconstitucionalidad del IRPF, más allá que jurídicamente es cierto que sólo tiene efecto para el caso concreto, no derogarlo sería crear una desigualdad notoria". El orientador del Partido Independiente señaló que "en todos los casos en que se ha producido una declaración de inconstitucionalidad, todo gobierno inteligente y sensible deroga la norma". Agregó que corresponde que el gobierno "asuma la situación" y, una vez derogado el IRPF, "abra un ámbito de diálogo real con la oposición" para resolver cómo cubrir la desfinanciación que implicaría la caída del impuesto a los jubilados.

EN EL FA. En tanto, el diputado Doreen Ibarra de la Lista 1001, señaló que si "efectivamente" la Corte se pronuncia por la inconstitucionalidad se "acatará". "Habrá que analizar jurídicamente si es necesario o no la derogación. Si hay una posición mayoritaria, tendría que ser para todos igual, porque sería lo más justo", opinó.

El diputado del Nuevo Espacio, Jorge Pozzi coincidió con Ibarra: "Si hay un fallo hay que respetarlo ya que ante una señal muy clara, todo el mundo va a terminar por presentar recurso", vaticinó.

El diputado socialista, José Luis Blasina consideró que "hasta que no haya una resolución todo son especulaciones. Primero hay que ver el fallo y después pensar lo que se debería hacer", dijo.

Volver al IRP y duras críticas a Sanguinetti por sus "presiones"

La alternativa de reimplantar el Impuesto a las Retribuciones Personales (IRP) a las jubilaciones si cae el IRPF, es una de las alternativas que comenzó a manejar el oficialismo. El argumento es que si la Suprema Corte de Justicia consideró en el pasado que el IRP era constitucional, no habría dificultades para retomar su aplicación aunque fuera "un retroceso", según admitieron fuentes oficiales.

No obstante, los informantes estimaron que sería necesario promover una nueva ley para volver a aplicar el IRP, debido a que ese impuesto fue derogado cuando se aprobó la reforma tributaria.

Por otra parte, legisladores del Frente Amplio arremetieron contra el ex presidente Julio Sanguinetti por considerar que "presionó" a la Justicia. El diputado Eduardo Brenta de la Vertiente Artiguista rechazó "lo que ha hecho Sanguinetti", y calificó el accionar del senador colorado de "desubicado".

El diputado Edgardo Ortuño del mismo sector, opinó que "la Corte debe ser independiente y no puede jugar un papel político presionada por un ex presidente que representa menos del 10%" del electorado. El senador Víctor Viallant del Espacio 609, también se quejó de "las fuertes presiones" que hubo sobre los jueces y se preguntó si los fallos son "por certeza jurídica" o "dependen de los magistrados".

Por su parte José Mahía ,de Asamblea Uruguay, dijo que "no es oportuno emitir una opinión hasta tanto la Suprema Corte se pronuncie formalmente".