Sindicatos públicos inician juicio al Estado por nuevo sistema de salud

EDUARDO BARRENECHE

Tras una reunión con el ministro de Economía, Danilo Astori, la Mesa Coordinadora de Entes anunció ayer que iniciará juicios al Estado por la decisión del gobierno de no respetar las prestaciones de salud que reciben los funcionarios públicos.

Los sindicalistas argumentan que perdieron estas prestaciones con la entrada en vigencia del sistema de salud y la creación del Fondo Nacional de Salud (Fonasa).

Astori recibió a la Mesa Coordinadora de Entes y a otras delegaciones en un local de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU), ubicado a dos cuadras del centro de Paso de los Toros. La sala de la reunión tenían pintadas sus paredes con reclamos de soluciones para los problemas de la Caja Bancaria. El hecho fue comentado en forma jocosa por dos legisladores oficialistas que se encontraban fuera de la sede del sindicato.

Durante el encuentro, Astori dijo que no discutiría con la Mesa Coordinadora de Entes sobre sus reclamos asistenciales, ya que la reforma de la salud no fue una resolución del Ministerio de Economía sino de todo el gobierno.

El dirigente sindical Óscar López calificó de "intransigente" la posición del ministro Astori de no respetar los convenios firmados y subrogados con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y advirtió que hoy comenzarán las movilizaciones en los entes públicos. (ver página A9)

Hasta el 1° de marzo los funcionarios de los entes públicos percibían partidas monetarias destinadas a cubrir los gastos de salud y aportaban el 3% de sus salarios al ex Disse.

Sin embargo, la reforma de la salud determinó las pérdidas de estos beneficios. Además, los obliga a pagar una alícuota de $ 900 por cada funcionario y encima aportar por la reforma de la salud. Es decir, los trabajadores con hijos menores de 18 años pagan un 6% de sus ingresos por este concepto y aquellos que no tienen hijos un 4,5%.

Los funcionarios públicos ingresaron al nuevo sistema el 1° de marzo (los privados lo hicieron el 1° de enero).

Los trabajadores del sector público que automáticamente fueron derivados al Fonasa fueron los de los entes autónomos, de la banca oficial, del Poder Legislativo, del Poder Judicial y del Ministerio de Salud Pública (MSP). Entre todos suman unas 50.000 personas, más sus hijos.

Desde el 1° de marzo, y por un plazo de 30 días, estos trabajadores tendrán que ir a confirmar el prestador de salud para ellos y para sus hijos. Es el mismo trámite que realizaron los trabajadores privados el 1° de enero cuando comenzó al regir el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS).

Desde hace semanas los funcionarios públicos vienen reclamando que el gobierno se haga cargo de parte de lo que les descuenta el Fonasa.

Este será uno de los puntos que estará en la plataforma del paro de hoy. Los empleados de los 10 entes autónomos y servicios descentralizados protestarán porque con la instrumentación del SNIS pierden el cobro de la cuota mutual y comienzan a tributar 4,5% o 6% para el Fonasa. Los funcionarios reclaman que las empresas públicas asuman el 3% del pago al Fonasa o que no cese el pago de la cuota médica mensual.