El Frente Amplio podrá seguir negándolo, pero los hechos son contundentes. Una y otra vez sus medidas apuntan contra la clase media como si se tratara de un plan concebido para destruirla. La reforma tributaria iniciada el año pasado y la reciente reforma de la salud no fueron el comienzo sino la confirmación de que existe esa tendencia destructiva que hace carne en un sector vital para la marcha del país. Otrora considerada la base de la estabilidad económica y el principal sostén del sistema institucional, la clase media es la víctima predilecta de un fiscalismo desbocado que se descarga tanto en el plano nacional como en el municipal.

Lejos están los tiempos en que el Uruguay era distinguido en América Latina como "el país de las clases medias" y en que sus gobernantes se ufanaban de ello. Avanzado el siglo XX, mientras otras sociedades pugnaban por cerrar la brecha que separaba a ricos y pobres, en tiempos en que se instalaba el concepto de "distancia social" para medir -y combatir- tal separación, entre nosotros triunfó la idea de reforzar ese segmento social que le daba su impronta al país en virtud de su solidez, dinamismo y ansias de progreso.

Buena parte del tradicional repudio de los uruguayos a las ideas marxistas sobre lucha de clases, viene de su afiliación a esa clase media que los sedicentes revolucionarios llamaron, despectivamente, burguesía. No puede extrañar que su prédica de entonces, sazonada con la violencia de los tupamaros, recibiera el repudio de la población, por más que en estos días algún escriba oficialista pretenda tergiversar aquellos hechos.

Atenazado por tales antecedentes, llegado al poder, el Frente Amplio acometió contra los miembros de esa clase como si de enemigos se tratara. El impuesto a la renta a las personas físicas, aplicado a los salarios y a jubilaciones en franjas de ingresos que lindan con el mínimo de subsistencia, exhibe su condición de instrumento deletéreo y desmoralizador. Prueba de ello es que el ministerio de Economía anuncia un ajuste de esas franjas para mitigar el impacto negativo sobre el cual tanto se le advirtió en su momento. Además, a la descarga del impuesto a la renta se sumaron los efectos de la reforma de la salud con sus quitas a los mismos bolsillos. Fruto de esa política es la incertidumbre entre quienes día a día ven menguar sus posibilidades.

Si en lo nacional la política tributaria carece de contemplaciones, a nivel municipal no es más piadosa. Basta con analizar el nuevo catastro montevideano con las fuertes subas de la contribución inmobiliaria en barrios que son clásicos reductos de ese mismo sector social. Al asestar tan rudo golpe, la intendencia de Montevideo prueba que poco le importa si el momento es oportuno para poner a prueba la capacidad contributiva de los sacrificados de siempre, lo que revela una irracional estrategia tributaria, inspirada sólo en la codicia fiscalista. Siguiendo la doctrina de la izquierda gobernante, recaudar más es la única meta al punto que la comuna estudia imponer una inconstitucional tasa de circulación sobre los vehículos matriculados en otros departamentos.

Los gobernantes nacionales y municipales deberían comprender de una vez por todas que el estrechamiento de la capa social media equivale a desigualdad social. Frente a sociedades polarizadas, víctimas de una aristocracia dominante, se alza la clase media, a la que Weber identificó con valores tan positivos como el ahorro, el trabajo, la educación y la movilidad social.

En un país en donde la presión fiscal supera el 40%, no sorprenden los datos de las encuestas que delatan un pesimismo visceral sobre el futuro del país o la propensión de los jóvenes a emigrar. Se dirá que esa presión fiscal es similar a la de países desarrollados, lo que es verdad. Tan verdad como que en esos países el Estado recompensa al ciudadano con prestaciones dignas en materia de seguridad, salud y educación, algo que no ocurre entre nosotros.

La clase media no vive de rentas de capital sino de su trabajo productivo; por su capacidad de consumo proporciona al Estado los mayores recursos, a través de impuestos indirectos como el IVA y otros muchos de monto creciente; de su solidez y pujanza depende en buena medida el desarrollo del país. Y sin embargo, los gobernantes del Frente Amplio actúan como si ya hubieran decretado su extinción.