Muñoz respondió a denuncias sobre irregularidades en el MSP

1/1: DENUNCIAS. La ministra responde por irregularidades en licitaciones y en el manejo de fondos (Francisco Flores)

La ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, se presentó hoy —por iniciativa propia— ante la comisión de Salud de Diputados para explicar supuestas irregularidades en una licitación del Ministerio de Salud Pública (MSP) por 15 millones de euros provenientes del gobierno italiano y destinados para la compra de equipamientos para el sector público de la salud, la cual fuera denunciada la semana pasada por el semanario Voces del Frente.

El diputado frenteamplista Luis José Gallo dijo a EL PAÍS digital que las explicaciones fueron "absolutamente satisfactorias" y resaltó el hecho que desde la oposición no se realizó ningún tipo de cuestionamientos a la información brindada.

"Se informó todos los pasos que se tomaron desde el momento en que se firmó el convenio hasta que se puso en marcha el memorando de entendimiento que terminó con el pliegue de licitación", agregó Gallo.

El diputado frenteamplista explicó que los "largos y extenuantes" pasos realizados por el MSP en este proceso apuntaron a "la mayor transparencia posible" del convenio.

LARGO. Gallo reconoció que el proceso, de más de tres años, "fue demasiado extenso" pero luego agregó que todo respondió por la gran cantidad de análisis y estudios realizados a fin de implementar de la mejor manera posible algo que más que un convenio "es una donación, que tiene 17 años de gracia y ahí son 42 cuotas para resarcirlo a un interés del 0,1%", afirmó.

El objetivo del convenio, dijo Gallo, es potenciar el primer nivel de asistencia en el camio de modelo que comprende la reforma de la salud. "Eso significa 2.790 equipos médicos para distribuirlos en todo el interior del país en 268 unidades ejecutoras. Ese es el objetivo final", explicó.

"Y por la importancia que esto tiene, se tomaron una serie de medidas y precauciones a los efectos que no se generen dudas para los usuarios y proveedores", agregó.

Gallo destacó la necesidad de los equipos adquiridos: ecógrafos, aparatos de rayos x, aparatos de cirugía y mesas para cirugía además de instrumentación.

"El objetivo se postergó por la necesidad de transparencia en el proceso, ya que hay antecedentes pasados de este tipo de créditos que han sido cuestionados", afirmó el diputado al tiempo que puso como ejemplo el caso Focoex.

Gallo dijo que para esta instancia, similar a las anteriores, dijo que se buscó un mecanismo que fuese lo más claro posible en su formalidad y contenido.

RECURSO. Gallo informó que la licitación no se ha realizado sino que se llevó adelante una preadjudicación "porque algunas empresas presentaron recursos, los cuales son lógicos, ya que sienten que pueden quedar por fuera de la licitación al tiempo que cuestionan determinados aspectos de la misma", agregó.

Estos recursos fueron elevados y están siendo analizados por la asesoría jurídica del MSP. Los mismos fueron solicitados por el Tribunal de Cuentas para poder, antes que se firme la adjudicación, "haya una opinión del Tribunal para poder darle la total transparencia y dar la posibilidad de que los recursos presentados sean laudados en el proceso", enfatizó Gallo.

IMPASA. El diputado nacionalista Jaime Trobo presentó por su parte una denuncia por supuestos desvíos de fondos del MSP a la mutualista Impasa.

Gallo afirmó que su colega blanco no "tenía toda la información sobre cuál fue la resolución que tomó el Fondo Nacional de Recursos".

Explicó que el fondo adelantó a un IMAE, en este caso el Instituto Nacional de Cirugía Cardíaca que funciona en Impasa, $ 12 millones del pago de servicios que el instituto hace al fondo por actos médicos realizados.

Esta cifra está destinada a potenciar la infraestructura y el funcionamiento del servicio para que los resultados del instituto estén dentro de los niveles que ha tenido, explicó Gallo.

"En este sentido, el fondo tiene antecedentes de más de 40 adelantos brindados a instituciones en toda su historia", expresó.

Si bien aceptó que en algunas oportunidades los adelantos han sido por montos elevados que podían comprometer el pago de los servicios. "Pero en este caso, por las características del pago que comienza el año que viene a $1 millón mensual está asegurado porque representan el 7% de la recaudación del IMAE", afirmó.

LEGALIDAD. Gallo argumentó que pueden haber discusiones respecto a la formalidad jurídica de los adelantos, pese a que el Fondo tiene un soporte jurídico que avala estos casos.

"De cualquier manera se llegó a la conclusión de que el objetivo que tiene esta financianción es totalmente compartible. Además el Fondo tiene la necesidad de que sus IMAES tengan el mejor servicio para tener mejores resultados. Tal vez haya que hacer algunos ajustes jurídicos a los efectos de que no se generen dudas en estos casos", finalizó.

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