EDUARDO DELGADO

Esta semana, la Dirección General Impositiva (DGI) prevé pedir a la Justicia el embargo de los bienes de Francisco Casal, como medida cautelar para el cobro de los tributos que considera adeuda el empresario.

Ayer, no hubo definición sobre la solicitud de "no innovar" que presentó Casal en su demanda contra la DGI y que de ser ordenada por la Justicia impedirá a este organismo tomar medidas cautelares contra el contratista.

Fuentes de la DGI indicaron a El País que "en el curso de esta semana" el organismo definirá el monto que Casal debe en impuestos y pedirá medidas cautelares a la Justicia Civil, al estimar que corre riesgo de cobrarse ese dinero adeudado.

Una alta fuente de gobierno señaló que tras las declaraciones públicas del ministro Danilo Astori -en que pidió acelerar una definición sobre Casal-, las actuaciones de la DGI sobre Casal seguirán y "tendrá que pagar lo que corresponda".

"Si el ministro hizo apreciaciones, con esa actitud se supone que el presidente lo avala", expresó la fuente ante las versiones de divisiones en el Poder Ejecutivo sobre cómo encarar el tema de la posible deuda de Casal con la DGI.

Tributos. Consultado sobre estos puntos, el director nacional de Rentas, Nelson Hernández, dijo que debido al secreto tributario no puede referirse a casos concretos.

En términos generales, afirmó que la DGI "no tiene dudas sobre el régimen aplicable a contratistas de fútbol. Es un actividad comercial como cualquier otra, en donde se utiliza capital de trabajo, el que está aplicado en el país y quizá en el exterior. Por tanto encuadra en el Impuesto a la Renta de la Industria y Comercio (IRIC) y hoy en el Impuesto a la Renta de las Actividades Empresariales (IRAE)".

Según Hernández, la demanda de Casal tiene dos objetivos: dar un enfoque mediático a un tema de la administración fiscal que de llegar a la Justicia sería a través del TCA, e intentar detener posibles medidas cautelares.

Otro contratista importante tuvo contactos con la DGI por el pago de tributos y no acordó, dijeron personas cercanas al empresario. Añadieron que la DGI y el contratista acordarán o llegarán a instancias judiciales cuando se resuelva el diferendo entre la DGI y Casal, el principal empresario del medio.

Demanda del contratista

El contratista Francisco Casal presentó una demanda contra la DGI denominada "acción declarativa de certeza". En la misma solicitó al Juzgado civil de 4° Turno, que defina cuáles tributos debe pagar por sus actividades, puesto que la DGI lo inspecciona desde hace seis años y no tomó una definición. Casal también pidió en su demanda que, en tanto se tramita este expediente, la Justicia disponga la medida de "no innovar", que impida a la DGI pedir a la Justicia Civil medidas cautelares en su contra. Se aguarda la decisión sobre este punto.