Desalojan comerciantes que están en predio fiscal

MALDONADO MARCELO GALLARDO

La Intendencia de Maldonado iniciará el desalojo de los comercios ilegalmente establecidos en el predio fiscal "El Placer", anunció a El País Julio Molina, responsable de la Unidad Asentamientos del municipio fernandino.

La medida se enmarca en la política de realojo de las familias que residen en los asentamientos irregulares del departamento, cuya primer etapa se cumplirá en marzo.

Molina dijo a El País que ya fueron advertidos verbalmente por lo menos cuatro comerciantes. Añadió que en las próximas horas la Dirección de Jurídica del municipio, procederá a emitir los correspondientes oficios exigiendo el retiro de los empresarios del predio que ocupan.

El predio se ubica en una de las zonas más valiosas de Punta del Este, sobre la margen Sureste del Arroyo Maldonado. Es administrado por el municipio por decisión del Ministerio de Turismo. El terreno tiene poco más de 13 hectáreas.

"El caso es bien claro. Hay vecinos que no viven en el asentamiento pero tienen comercios. Siempre fue así. Sucede que nadie le metió el diente hasta ahora. Es como que todo el mundo se acostumbró a ver este tipo de situaciones. Lo único raro es que ahora hay un gobierno que actúa en estos temas", dijo el jerarca a El País.

Y añadió: "Por eso hay una sensación rarísima entre los vecinos porque hay mucha gente que no puede creer que hayamos sacado al Club de Pesca que había dado una concesión cuyos beneficiarios habían tercerizado".

Uno de los lugares que se desalojará es el restaurante "El Pulpito", ubicado en la cabecera del puente. "Es un asentado más que tiene un restaurante. Son situaciones de hecho que se han dado con autorizaciones dadas por gobiernos anteriores", sostuvo Molina.

Al restaurante y a los bailes se suman ventas de antigüedades, comercio de maderas, entre otras actividades que realizadas adelante por personas que ocupan tierras fiscales de subido y estratégico valor. "Hay inclusive almacenes cuyos responsables ni siquiera viven ahí. Viven en El Tesoro o en otros lugares", sostuvo Molina.

El funcionario afirmó que en el predio del asentamiento no hay operadores inmobiliarios aunque sí existe la compra y venta de las casas precarias por parte de los vecinos.

"Los vecinos venden, revenden y recontravenden entre ellos o con otras personas que quieren instalarse allí. No hay una inmobiliaria que opere dentro del barrio. Sí hay gente que especula", afirmó Molina.

El jerarca indicó que el valor por el que se comercializan las viviendas depende "de lo duro que esté el invierno" y del lugar en que estén dentro del predio. "Por una vivienda se puede pagar $ 6.000, U$S 4.000 o U$S 5.000", dijo.

Para Molina hay gente que allí vive "bien" y por ello no se quiere ir. Recordó que en el próximo mes de marzo 60 familias del lugar recibirán una solución habitacional por parte del municipio en el predio adquirido en la continuación avenida Aiguá de la capital departamental. "Los vecinos deberán construir su propia vivienda", señaló.

"La pregunta cae por sí sola: ¿por qué motivo los otros no aceptan el plan de viviendas? ¿Qué debe pensar el gobierno cuando se ofrece un plan de viviendas que establece para los que allí viven hace más de veinte años, no pagarán un peso?", añadió.

En la actualidad viven en el asentamiento unas 130 familias, entre las cuales se encuentran las 60 que recibirán su vivienda en el próximo mes de marzo. "Ahí no debe quedar nadie", sostuvo.

El predio se transformó en un asentamiento irregular a partir de los años noventa gracias a la permisividad de las autoridades que hicieron la vista gorda al continuo desembarco de familias provenientes de diversos puntos. En un principio comenzaron a levantarse casas de recreo por partes de residentes del departamento como fuera de él. Inclusive, de notorias figuras de la política local que llegaron a desempeñar los cargos públicos más altos de Maldonado.

El terreno que ahora está en manos comunales fue propiedad de la Dirección General de Catastro. En 2002 y para un mejor aprovechamiento turístico el gobierno nacional asignó el predio al Ministerio de Turismo. El 15 de junio de 2004, el entonces titular de la cartera, Pedro Bordaberry, firmó un convenio con el intendente Enrique Antía por el cual la extensa zona pasó a jurisdicción municipal.