Buenos Aires - El máximo tribunal penal de Argentina ratificó hoy la validez de la reapertura de una de las principales investigaciones judiciales sobre crímenes cometidos durante la última dictadura militar (1976-1983).
La decisión adoptada por la Cámara de Casación Penal involucra la causa, que había sido reabierta en 2003, por delitos perpetrados en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionó la mayor cárcel ilegal del régimen de facto.
El tribunal rechazó un recurso de "cosa juzgada" que había presentado hace cuatro años el ex capitán de navío Raúl Scheller, acusado por delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA, informaron fuentes judiciales.
El presidente argentino, Néstor Kirchner, ha reclamado públicamente a la Cámara de Casación que se pronuncie sobre el recurso de Scheller y también suele criticar la "lentitud" con que avanzan las investigaciones judiciales sobre crímenes de la dictadura.
Luego de esas críticas, la Cámara resolvió en junio pasado que un tribunal se aboque exclusivamente a las dos grandes pesquisas sobre delitos cometidos durante el régimen militar que se reabrieron en 2003, tras la derogación de las llamadas "leyes del perdón" a los represores.
En una de esas causas se investigan los crímenes cometidos bajo la órbita del Primer Cuerpo del Ejército y en la otra los perpetrados en la ESMA, ubicada en Buenos Aires y cuyo predio será convertido en un Espacio de la Memoria.
En 2003, el Parlamento derogó las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que libraron de responsabilidad a más de un millar de agentes del régimen militar, y en 2005 también fueron declaradas nulas por la Corte Suprema de Justicia.
Scheller había planteado la inconstitucionalidad de la norma que anuló las "leyes del perdón" y, por llevar cuatro años detenido sin condena, presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Actualmente, el ex marino Héctor Febres está siendo sometido al primer juicio oral que se lleva a cabo en Argentina por crímenes cometidos en la ESMA, donde, según los organismos de derechos humanos, estuvieron cautivos unos 5.000 detenidos.
EFE
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