Tabaré Vázquez instruyó al Ministerio de Transporte y Obras Públicas a presentar una denuncia penal contra una empresa constructora que demanda una cifra millonaria al Estado. Al mismo tiempo, el mandatario dispuso una investigación administrativa en los ministerios de Transporte y de Economía que involucra a funcionarios de ambas carteras. Esta investigación estará a cargo de la Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República.

La decisión de Vázquez surgió por un planteo que le realizó el ministro de Transporte, Víctor Rossi.

La investigación ordenada por el presidente Vázquez se fundamenta en el artículo 182 del decreto 500/991 del 27 de septiembre de 1991. Ese decreto fija las "normas generales de actuación administrativa y regulación del procedimiento en la Administración Central". En su artículo 182 dispone que "la investigación administrativa es el procedimiento tendiente a determinar o comprobar la existencia de actos y hechos irregulares o ilícitos dentro del servicio o que lo afecten directamente aún siendo extraños a él, y a la individualización de los responsables".

Rossi dijo a El País que por tratarse de una situación "con aspectos irregulares del punto de vista administrativo", ya cuenta con actuaciones judiciales en curso.

Subrayó que la empresa constructora que trabajó para el gobierno en la década de 1990, inició una demanda millonaria contra el Estado. Dijo que la investigación administrativa se fundamenta "en los gastos de obras y la liquidación de los mismos". Por esa razón es que estarían eventualmente involucrados funcionarios de Transporte y Economía.

"Hay responsabilidades específicas", afirmó Rossi, y destacó que su cometido es evitar que por el litigio que lleva adelante la empresa privada, se le realice "un daño al Estado".

El ministro se excusó de revelar el nombre de la empresa, las obras que realizó, así como los motivos del litigio, por entender que podía afectar la actuación judicial.

"El tema está en la Justicia porque tiene varias puntas. No se puede hablar necesariamente de una empresa", indicó. Anunció que además de la denuncia penal y la investigación administrativa, tiene previsto adoptar "otras medidas".

En tanto, otras fuentes oficiales señalaron que se trata de "un litigio con una empresa constructora". "No se habría procedido por parte del Estado como corresponde", aseguró una fuente de Presidencia.

Las fuentes del gobierno dijeron que el tema podría abarcar a los dos últimos gobiernos.

Por su parte, Canal 10 informó anoche que Vázquez dispuso la investigación administrativa "por la desaparición de documentos vinculados a un litigio millonario entre el Estado y una empresa". Agregó que los documentos "pueden favorecer la posición del Estado" en el litigio con una constructora por el pago de U$S 28 millones.