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ONGS pierden exoneración y quieren rescindir convenios
El rompecabezas de la reforma. Las ONGs amenazan con suspender la asistencia social. El Parlamento brega por excluir partidas de secretaría. Las prostitutas pagarán IRPF

Déborah Friedmann

La Asociación Nacional de ONGs evaluará hoy la "devolución" el 20 de julio de los convenios al Estado, luego que el Banco de Previsión Social comunicara a algunas instituciones la derogación de exoneraciones por la reforma tributaria.

El miércoles la directiva ampliada de la Asociación Nacional de ONGs (Anong) consideró la situación. Allí algunas instituciones plantearon poner punto final a los acuerdos, lo que reiterarán en la asamblea de instituciones que se realizará hoy, dijeron a El País fuentes de ese grupo. Ayer no tenían claro si la medida afecta a todas las ONGs. Además, presentarán "acciones legales de amparo" tras entender que el comunicado del Banco de Previsión Social (BPS) es "inconstitucional".

A su vez, fuentes del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) dijeron a El País que están "preocupados" por la situación y que iniciaron gestiones ante varios organismos del gobierno.

De concretarse, la medida de gravar con cargas previsionales dejaría sin efecto miles de convenios, salvo los vinculados a servicios esenciales. Algunas organizaciones comenzaron a informar a sus empleados que con las nuevas reglas los pasarán al seguro de desempleo.

"En riesgo". Esta semana, varias ONGs recibieron un comunicado del BPS que señala que a partir del 1° de julio "se derogan todas las exoneraciones y reducciones de las alícuotas de aportes patronales especiales a la seguridad social (...), entre las que se incluye la que hasta hoy ampara su empresa".

Esa medida fue una amarga sorpresa para las ONGs, que estaban "tranquilas" ante la puesta en marcha de la reforma tributaria, dijeron a El País fuentes de Anong. Eso se debía a que en mayo el Mides realizó una consulta ante el Ministerio de Economía por este tema, quien respondió que sólo iban a derogar las exoneraciones de los clubes deportivos.

El 2 de julio un decreto del Ministerio de Economía estableció límites para las exoneraciones vigentes para las instituciones comprendidas en el artículo 69 de la Constitución (enseñada privada y culturales).

El decreto fijó que en esa categoría están aquellas organizaciones que tengan como "finalidad única o predominante la enseñanza privada o la práctica y difusión de la cultura".

La resolución del BPS les cayó como un balde de agua fría. "Esto pone en riesgo la existencia de las ONGs, que están estructuradas en base a las exoneraciones y que no las pueden afrontar", explicó una de las fuentes consultadas. En concreto, señaló, actualmente no pagan los aportes patronales ni los correspondientes al seguro social por enfermedad.

Los convenios con el Estado les indican a las organizaciones en qué deben gastar "cada peso" que les traspasan. "Estos aportes no están previstos por lo cual, en conjunto, todos los convenios con el Estado son inviables", dijo una de las fuentes.

Para un director de una ONG esta medida, además de ser "unilateral" e "inconsulta", es una "profunda torpeza política" del gobierno, ya que la amplia mayoría de las políticas sociales están sustentadas en estos convenios. Además que, en general, el estar dentro de las instituciones exoneradas es un requisito excluyente en los llamados estatales. Para algunas ONGs que el Estado transfiera el dinero de los aportes de los convenios "no es una solución. Las organizaciones no son viables de todos modos", se indicó.

"Optimistas". Consultado por El País, el presidente del BPS, Ernesto Murro, dijo que los cambios por la reforma tributaria no son una "decisión" de ese organismo. Señaló que el BPS realiza una campaña de información para que los distintos sectores de actividad, cuya situación cambió debido a la reforma, lo sepan "con un mes de anticipación" a que tengan que realizar los aportes.

"No todas las instituciones son iguales. Puede haber una institución que ejerza una actividad educativa y que por ella pueda estar exonerada, pero que a su vez tenga otra actividad por la que deba tributar", consideró.

Murro sostuvo además que las instituciones que están comprendidas en el decreto del Economía "van a ser respetadas" y que se les aconseja ir al BPS, donde se analizará caso a caso la situación. "Esto no quita que se puedan hacer análisis más globales. Esto recién se inicia. Existen numerosas diferencias entre las instituciones que van a ser analizadas. Nosotros somos optimistas", concluyó.

Las cifras

300.000 es lo que hasta la entrada en vigencia de la reforma aporta una determinada ONG por mes al Banco de Previsión Social.

530.000 es lo que debería pasar a aportar al Banco de Previsión Social a raíz de la caída de las exoneraciones, según fuentes de Anong.

Trabajan 71.000 personas y mueven U$S 162 millones

La producción de bienes y servicios de las organizaciones no estatales que persiguen beneficios colectivos en alimentación, salud, educación, formación para el trabajo e intervenciones integrales alcanzaban antes del Plan de Emergencia a 400.000 personas, según un informe de la Cepal de diciembre de 2005.

El estudio relevó a 2.393 organizaciones, 1.175 en Montevideo.

De ellas, 46% hacen intervenciones integrales (educación, salud y alimentación), 26% brindan alimentación y nutrición (comedores y merenderos), 15% dan servicios de salud y 13% efectúan tareas educativas. Estas organizaciones mueven recursos humanos y materiales por U$S 162 millones.

En ese sector trabajan en forma directa 71.000 personas.

El 57% de los puestos de trabajo corresponde a Montevideo y el 43% restante al interior.

Por cada empleo remunerado se registran dos no remunerados.

Por cada peso que el Estado vierte en las organizaciones, éstas movilizan en forma adicional un peso y medio, según el estudio.

El Estado es el principal actor que les aporta fondos. Son U$S 67 millones (antes del Mides), lo que representa 42% del total de recursos captados por el sector.

La segunda fuente en importancia es el trabajo voluntario, cuyo aporte equivale a U$S 32 millones anuales.

El aporte de donaciones provenientes de actores privados nacionales en dinero y en especies alcanza U$S 15 millones y es el 9% del financiamiento de las organizaciones del sector.

Sólo con el Inau asisten 50.000 niños

Centros Caif, guarderías, merenderos, limpieza de calles, planes de trabajo, atención a niño sin techo, a personas con adicciones y a víctimas de violencia doméstica son algunas de las actividades que las ONGs realizan en convenio con distintas reparticiones del Estado.

En las últimas horas varios centros Caif del interior del país recibieron la comunicación del Banco de Previsión Social.

Según dijeron fuentes de ONGs sólo el Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay tiene unos 600 convenios. El propio organismo indicó en su última memoria anual que en 2006 prestaron asistencia a 59.595 niños.

De ellos, 50.938 fueron asistido a través de convenios. Hay casi 2.000 menores que están a través de ONGs en modalidad de atención las 24 horas.

Por todos esos convenios el Inau transfirió en 2006 a las organizaciones $ 571.274.550.

Uno de los ministerios con mayor número de convenios es el de Desarrollo Social, cuyos programas se basan mayoritariamente en la articulación con ONGs. En la memoria anual de 2006 el Mides informó que el programa "construyendo rutas de salida" implicaban 265 convenios y el trabajo de 13.475 personas. A su vez, el programa de prevención de violencia de género funciona con ONGs.

El Programa Trabajo por Uruguay, en tanto, hizo 380 convenios entre el 2005 y el 2006, que implicaron la generación de 2.280 puestos de trabajo. En tanto, el Programa Infancia y Familia tiene vigentes unos 90 convenios para atención a niños carenciados.

CLAVES

Exoneración.

El artículo 69 de la Constitución establece que las instituciones de enseñanza privada y las culturales estarán exoneradas de impuestos.

Decreto.

El 2 de julio, Economía resolvió que están comprendidas las que como finalidad única o predominante tengan la enseñanza privada o la difusión de la cultura.

Comunicado.

Varias ONGs recibieron una nota del Banco de Previsión Social que les informa que por la entrada en vigencia de la reforma se derogan "todas las exoneraciones y reducciones de alícuotas de aportes patronales".

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