La Universidad de la República concluyó que tres docentes de la Facultad de Veterinaria sumariados cometieron severas faltas. El que se llevó la peor parte es el director del Instituto de Investigaciones Pesqueras (IIP) y grado 5, Enrique Bertullo, a quien se lo acusó de falta "gravísima". A los otros dos profesores, Amador Ripoll y Nelson Avdalov, se les imputó "falta grave".

Los sumariantes responsabilizaron a los docentes de un manejo "desprolijo", "poco transparente" e "ilegal" de los dineros provenientes de un convenio con el Ministerio de Ganadería (entre 1997 y 2001).

El sumario tuvo un lento proceso en la Universidad. Se inició en 2004 y si bien las conclusiones estuvieron prontas en 2005, recién llegarán hoy al Consejo de Veterinaria. Ese organismo será el encargado de definir sanciones. Hay consejeros que piensan proponer destituciones.

Del informe sumarial, al que tuvo acceso El País, se desprende que el IIP manejó fondos en una cuenta del Banco República, "cuya existencia era desconocida por la Contaduría de la Facultad de Veterinaria". El documento establece que la apertura de esa cuenta fue conocida por el decano de entonces, Leonardo Pesce, y luego por el decano interino Fernando Riet.

En primer lugar, se señala que Bertullo no estaba autorizado para suscribir el convenio que dio lugar al Programa Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Industria Pesquera, por lo cual "exorbitó" el ámbito de sus atribuciones. Se destaca asimismo que el profesor informó al decano Pesce de una "propuesta" del Instituto Nacional de Pesca (Inape), cinco días después de haber suscrito el convenio.

Los sumariantes establecen que a través de ese convenio se pagaron "sobresueldos" o "compensaciones" a funcionarios del Inape, pues a este último organismo no le era legalmente posible abonarlos directamente. "Bertullo infringió la obligación de todo funcionario público de proceder con lealtad hacia la administración", consigna el informe.

Los instructores concluyen que de los "seis biblioratos" entregados por quienes administraron los fondos, se desprende que existió un "manejo inadecuado e ilegal" de los mismos. "Los comprobantes para justificar los pagos a los funcionarios de Inape eran recibos de uso comercial y formularios de recibos provisorios, los mismos no eran escriturados por los firmantes y en varios casos percibieron dinero personas que no se encontraban autorizadas al cobro", establece el documento.

Para los sumariantes hubo una "clara responsabilidad" de los administradores, y remarcan que en el mismo período en que se ejecutó el convenio, Bertullo y Ripoll mantuvieron simultáneamente cargos de relevancia en el propio Inape.

En sus descargos, Bertullo admite que hubo infracciones administrativas, pero que siempre actuó de "buena fe". Alegó que un "docente que se dedica a las tareas de enseñanza, investigación científica y extensión, necesita confiar en el personal administrativo y no tiene por qué mantenerse al día en el estudio de la normativa". Además enfatizó que es difícil para alguien ajeno al circuito científico entender que "no se puede llamar a licitación" por cada enchufe o canilla que se rompe.

Bertullo es un hombre de peso académico, que dirige el IIP desde principios de los 90 y que además está al frente de la Academia Nacional de Veterinaria. El País intentó consultarlo, pero el profesor no respondió los llamados.