NATALIA ROBA

Una sentencia del tribunal de apelaciones de Familia privilegió el bienestar de un niño a los lazos de sangre. Falló a favor de que el menor de cinco años se quede con la familia adoptiva en lugar de ser devuelto a su madre y abuela.

El caso, que mantiene convulsionada a la Justicia de Pando, llegará a la Suprema Corte de Justicia, ya que la familia apelará la decisión. El juez de familia de Pando, Juan Carlos Duarte, que avaló la tenencia cuando el niño tenía siete meses, ordenó en 2005 la restitución a su familia. Pero ahora el tribunal revocó esa decisión y deja al chico en manos de los tenedores, un albañil y una enfermera de Las Piedras.

Por este caso se mantiene en trámite una denuncia penal (ver nota aparte) y una investigación administrativa a la fiscal del caso. La Suprema Corte, también, pidió informes a los magistrados que actuaron.

El tribunal de familia de segundo turno, por mayoría, entendió que el niño debe permanecer con la familia adoptiva. Para la sala, si bien "es de toda evidencia el derecho del niño al disfrute de sus padres y familia natural" ese "principio general del derecho, esencial y axiomático, no se somete a un referente basado exclusivamente por lazos de sangre".

Para los ministros Jonny Silbermann, Cristina Cantero y Ana María Maggi lo que importa es que "exista correspondencia, con los presupuestos que le son inherentes, esto es, el de vivir y crecer el niño junto a su familia de modo de lograr en su seno el mejor logro de su protección integral".

Sin garantías. Sin embargo, el ministro Ricardo Pérez Manrique al fundar su voto discorde expresó que el proceso por el cual se les concedió la tenencia al matrimonio, "no contó con las garantías del debido proceso". Para el magistrado se deben restituir los derechos del niño para "evitar mayores daños y afectaciones" y permitir que sus actuales tenedores lo visiten regularmente.

Pérez Manrique afirmó que "no se concibe en el Estado de Derecho, que un juez pueda adoptar una medida de restricción o afectación de derechos, sin respetar las garantías mínimas del debido proceso legal".

El magistrado consideró que la abuela del niño fue conducida a la sede judicial por una funcionaria policial, con apoyo de la comisaría local.

Agregó que en la audiencia "estuvo presente la agente policial uniformada, expresión de una autoridad especialmente fuerte para una persona modesta como la abuela, además ubicada físicamente muy cerca de los aquí demandados y de su abogada como lo reconoce el propio juez que presidió la audiencia".

Consideró grave que a la abuela del niño no se le permitió contar con abogado.

También evaluó que el Código de la Niñez y Adolescencia de manera clara dice que un niño "sólo puede ser separado de su familia cuando, en su interés superior y en el curso de un debido proceso, las autoridades determinan otra relación personal sustitutiva".

El ministro afirmó que en el caso de este niño, sólo reconocido por su madre, su familia "es el núcleo integrado por sus abuelos y demás parientes que viven en el marco de esa familia ampliada".

sin pruebas. La mayoría de los ministros opinó que ninguno de los hechos que esgrimieron los familiares del niño, "encuentra respaldo probatorio". Agregaron que no se demostró que "haya sido entregado a los actuales tenedores con violencia, fraude u otra maniobra de similar índole, de modo de encontrar la raíz corrupta que validara hasta por un simple fundamento moral, el regreso o reintegro peticionado".

Además, consideraron que la curadora del caso, la abogada Edith Wieder, se entrevistó con el niño y confirmó "su expresa voluntad de permanecer en el hogar con quienes considera sus padres". También señalaron que una pericia psicológica realizada al niño demostró que se ha "integrado". "Lo anterior por supuesto, no significa el desapego de su familia biológica", afirma el fallo que agrega que se podrá continuar con las visitas a sus abuelos biológicos.

Pero Pérez Manrique consideró que en derecho de familia el principio de estabilidad al que alegan "no puede ser elevado a la categoría de dogma indiscutido e indiscutible (...) y que muchas veces la experiencia demuestra que la aparente estabilidad es contraria a la preservación del derecho del niño a lograr el pleno reconocimiento de sus derechos".

Tampoco puede hablarse de situación de abandono, afirmó y agregó que los tenedores "desconocieron la voluntad de conservar al niño por parte de la abuela materna y de la propia madre en ejercicio de la patria potestad".

Juez, fiscal y defensora citados

El juzgado penal de Pando lleva adelante desde hace un año una investigación para determinar si realmente en el procedimiento de entrega del niño se cometieron ilícitos. El fiscal del caso, Diego Pérez, pidió al juez de la causa, Huberto Álvarez, que cite a declarar a todos los operadores judiciales que intervinieron, y que comparezcan acompañados de abogados.

De acuerdo a ello, deberán declarar en los próximos días el juez de Familia, Juan Carlos Duarte, la fiscal Sylvia Gari, y la defensora de oficio, Beatriz Aristimuño.

Antes de Semana Santa se llevaron a cabo dos audiencias en las que declararon varias personas, entre ellas la madre del niño, el matrimonio que actualmente tiene al chico, un funcionario del INAU, una vecina que presenció el procedimiento, varios funcionarios policiales y el jefe de zona. Algunos de ellos pasaron de ser citados como testigos, a ser indagados, a pedido del fiscal del caso.

Luego que la fiscal penal Gari -que también había intervenido en la Justicia de Familia- pidió abstención, pasó a ser Nancy Hagopian, que también se abstuvo y finalmente se designó a Pérez. La familia del niño es asistida por la defensora pública, Luz Marina Dupetit, que presentó la denuncia porque sostiene que el niño fue robado.