La iniciativa del Gobierno de impulsar una ley para indemnizar económicamente tanto a los familiares de víctimas de organizaciones guerrilleras como a los de víctimas del terrorismo de Estado ha generado polémica y divisiones.

El proyecto de ley presentado al Parlamento este martes establece compensaciones de 150.000 dólares para unos y otros.

De ser aprobado, lo cual no es difícil, pues el Frente Amplio tiene mayoría en ambas cámaras, cobrarán esa suma unas 70 familias de militares, policías y civiles muertos entre 1962 y 1976, periodo que abarca los años previos y los primeros del régimen "de facto" (1973-1985), los mas duros en enfrentamientos armados.

Unas 20 familias de personas detenidas por el régimen militar y desde entonces desaparecidas también serán indemnizadas.

"Es absolutamente inaceptable que se quiera equiparar la situación de los desaparecidos con la de funcionarios públicos muertos en el cumplimiento de su tarea", dijo hoy a Efe el abogado Javier Miranda, integrante de la organización Familiares de Uruguayos Detenidos-Desaparecidos.

"No se puede comparar a las víctimas del terrorismo de Estado con otras que cayeron mientras estaban en servicio", enfatizó.

"Si el gobierno desea indemnizar a las familias de los militares y policías, nosotros no tenemos nada que decir, pero la reparación para los familiares de los desaparecidos debe ser integral y no solo económica", agregó el abogado, hijo de un notario detenido-desaparecido cuyos restos fueron localizados el pasado año.

"La postura de Familiares ya es conocida y en el pasado se la hicimos saber al presidente Tabaré Vázquez: queremos conocer la verdad y devolver la dignidad a los detenidos-desaparecidos", afirmó.

Miranda opinó que detrás del proyecto de ley "parece haber intenciones políticas y de polarizar a los uruguayos". "En eso no vamos a entrar", indicó.

Según precisó el Gobierno, el primero de izquierda en la historia de Uruguay, al enviar este martes el proyecto de ley al Parlamento, el objetivo es "ayudar a la consolidación de la paz" en el país y "dar un tratamiento justo" a las familias de los fallecidos.

La iniciativa de reparar a las familias de militares, policías y civiles muertos en enfrentamientos con los ex guerrilleros "tupamaros" y con otros grupos radicales de izquierda, o en atentados de éstos, y también a los herederos de los detenidos-desaparecidos había sido presentada tiempo atrás por el diputado Daniel García Pintos, del opositor Partido Colorado.

"En ambos lados hubieron muertos y no se pueda hablar de muertos de primera o de segunda categoría, por ello la reparación económica debe ser para todos", destacó García Pintos a Efe.

El legislador señaló su "satisfacción" porque el Poder Ejecutivo "haya hecho lugar" a su iniciativa y destacó su convicción de que el proyecto tendrá una rápido trámite y será aprobado por el Parlamento antes de mediados de año.

Dentro de la gobernante coalición de izquierda Frente Amplio está el partido formado por ex guerrilleros "tupamaros".

Guillermo Paysé, coordinador del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) destacó que "luego de transcurridos 22 años de la recuperación de la democracia los familiares de los detenidos-desaparecidos aún esperan un resarcimiento"

La iniciativa "me parece totalmente justa y positiva para quienes sufrieron el terrorismo de Estado", agregó.

Paysé manifestó, sin embargo, a Efe sus "dudas" acerca de si le corresponde al Estado asumir indemnizaciones "por las acciones realizadas por bandas armadas".

"De ser así se crearía un precedente muy peligroso", afirmó, aunque matizó que quizás la explicación de motivos que acompaña el proyecto de ley "pueda aclarar el panorama".

Actualmente varios de los líderes históricos de los "tupamaros" forman parte del gobierno, como el ministro de Ganadería, José Mujica, ocupan cargos en la administración o son legisladores.

Entre las familias que se beneficiarían de la indemnización están las de Carlos Abdala, que fue embajador en Paraguay, y Armando Acosta y Lara, que fue viceministro de Educación y Cultura, ambos asesinados.

Sólo cuatro familias de uruguayos detenidos-desaparecidos lograron años atrás pequeñas indemnizaciones del Estado por disposición de la Justicia y tras entablar juicios de manera individual.

Según una investigación de la Comisión de Paz creada durante el Gobierno de Jorge Batlle (2000-2005), 26 uruguayos desaparecieron durante el régimen militar.

EFE