Una de las peculiaridades del actual gobierno es que nadie sabe quién decide en educación. Nuestro país tiene a este respecto un orden institucional curioso pero al menos claro: el Codicen fija las políticas públicas en relación a la educación preprimaria, primaria y media; el Ministerio de Educación y Cultura fija políticas en relación a las guarderías y universidades privadas, y luego ejerce una función de coordinación a través de la Comisión Coordinadora de la Educación; la Universidad de la República se gobierna y se evalúa a sí misma. Esta distribución de tareas es exótica y criticable, pero es la que establecen las normas vigentes.
El actual gobierno no se propuso modificar esas normas, pero decidió actuar como si no existieran. Durante casi dos años afirmó que la política educativa surgiría de un Congreso Nacional de Educación que se preparó durante meses y se lanzó con estruendo. De acuerdo a lo que se decía, esa reunión establecería las definiciones fundamentales que luego serían aplicadas desde el Codicen y el Ministerio de Educación. Hasta la Universidad de la República pareció plegarse a esa lógica, como lo sugería la presencia de su Rector.
Pero, no bien terminadas las sesiones en el Palacio Peñarol, hubo un giro inesperado: las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura informaron que no iban a tener en cuenta todas las decisiones del Congreso. El punto de quiebre fue la decisión de una sólida mayoría de congresistas en contra del proceso de acreditación universitaria. La construcción de una Agencia Nacional de Acreditación es un objetivo del MEC, y sus jerarquías anunciaron que van a seguir adelante.
A partir de ese momento reinó la confusión: ¿quién tiene en este país la última palabra en política educativa? Durante casi dos años pareció que iba a ser el Congreso, pero de pronto resultó que no. El MEC anunció que va a hacerle caso a veces y a veces no, lo que también podría ocurrir con el Codicen. Si esto es así, ¿cuáles son los criterios para distinguir entre aquellas recomendaciones que serán tenidas en cuenta y las que no?
Esta pregunta quedó en el aire hasta que, el pasado 7 de febrero, el Director de Educación Luis Garibaldi la respondió. En declaraciones al diario El Observador, Garibaldi explicó que el MEC va a seguir adelante con el proceso de acreditación pese al voto de los congresistas porque "el Congreso, en ese momento, votó con poca información. Pensó que era un proceso de aval a las instituciones privadas y alguna intervención poco informada pudo hacerlo ver así".
O sea: lo que define si una recomendación del Congreso Nacional de Educación será tenida en cuenta o no por el MEC es el juicio del Director de Educación sobre si los muchos cientos de congresistas presentes estaban bien informados en el momento de votar. Cómo puede saber semejante cosa el maestro Luis Garibaldi, sigue siendo una incógnita. También es un misterio saber cuánta información, y de qué clase, es necesaria para decidir que una decisión estuvo bien informada. Y es otro misterio saber con qué instrumentos contará el Director de Educación para vencer la muy humana tendencia a ver como mal informadas aquellas decisiones con las que discrepa.
La política educativa del gobierno fue hasta ahora errática e ineficaz. Mientras la educación nacional se desmorona, no es posible mencionar dos prioridades claras ni una línea de acción articuladora: el gobierno no ha hecho una sola propuesta ante la inmensa fuga de estudiantes en enseñanza secundaria, pero ha decidido gastar dinero a través del Mides en un ambicioso programa de educación para adultos; tampoco se han tomado medidas concretas para mejorar los penosos niveles de aprendizaje en materias básicas como idioma español o matemática, pero se ha invertido tiempo, energía y dinero en fomentar la enseñanza de una muy sesgada historia reciente.
Ahora, a la ausencia de prioridades y de líneas articuladoras, se agrega la arbitrariedad. Un juicio subjetivo es suficiente para resolver qué se recoge y qué no de lo que se definió como la principal instancia de decisión educativa.
Pero no hace falta sorprenderse. Este resultado era inevitable una vez que se abandonó el orden institucional establecido. Fuera de la seguridad de las instituciones, sólo queda la veleidosa probidad de los hombres.
