Lafluf lamentó el fallo

Omar Lafluf, intendente de Río Negro, lamentó hoy el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya (CIJ) y expresó su temor a que se radicalice la postura de los ambientalistas argentinos.

"Me duele ver el festejo de la gente de Gualeyguachú, donde prácticamente con este tema y en la medida que no entre a discutirse en el Mercosur, se les da una bandera blanca de libertad absoluta para seguir haciendo lo que se les ocurra".

La ciudad argentina de Gualeyguachú se encuentra enfrente a la uruguaya de Fray Bentos, ambas dividas por el río Uruguay y unidas por un puente binacional.

Grupos de ciudadanos argentinos que se oponen a la construcción de la planta de Botnia cortan intermitentemente desde hace un año ese puente e ininterrumpidamente desde el 20 de noviembre.

Los otros dos puentes que unen los dos países son cortados de forma irregular.

Uruguay denunció a Argentina ante la CIJ para pedir que ese tribunal obligase al gobierno de Néstor Kirchner a poner fin a los bloqueos que llevan a cabo los ciudadanos argentinos contrarios a la construcción de la planta.

El tribunal emitió hoy su fallo y dictaminó por 14 votos a 1 que "la Corte considera que las circunstancias, tal como se presentan ahora, no son tales como para requerir el ejercicio de su poder para indicar medidas provisionales".

El intendente considera que el fallo les da "vía libre" a los activistas para continuar con el corte y extremar las medidas "y seguir soportando esto que va cada vez en aumento, porque el nivel de exaltación al otro lado del río es cada vez peor".

No obstante, Lafluf se mostró esperanzado de que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que tildó el conflicto de estrictamente binacional, pueda cambiar ahora de postura.

Los jueces de la Corte consideraron que los bloqueos de los puentes no suponen "un riesgo inminente o un perjuicio irreparable contra los derechos de Uruguay".

El Estatuto de la CIJ establece que para que sea aceptada una petición de medida provisional, la parte demandante tiene que demostrar que la actuación de la Corte es necesaria para prevenir consecuencias "irreparables".

EFE