Privatizaciones

El gobierno ha informado sobre un proyecto de acuerdo para la venta de acciones de PLUNA a un fondo de inversiones extranjero. La noticia ha comenzado a perder algo de su brillo original, a medida que los menos impresionables comienzan a hacer preguntas sobre los detalles. El presidente de PLUNA ha advertido sobre la "exageración del optimismo", agregando que "hay que ser cautos y esperar a la firma del contrato".

La transacción merece un estudio más sobrio y detallado.

Además de los aspectos que se refieren directamente al contrato en si mismo (que suponen que el 75 % de las acciones de la empresa de aviación pasen a los privados), existen preguntas que se refieren directamente al fondo del asunto. Incluyendo ¿se justifica que el Estado continúe invirtiendo en el negocio de la aviación comercial cuando existen otras prioridades mucho más acuciantes y más directamente vinculadas a sus cometidos esenciales, que exigen atención? El espejismo del Estado empresario continua vivo y coleando en la mente de muchos miembros del actual gobierno.

Este no es el único ejemplo de privatización. El diputado Jaime Trobo, ha observado que el Banco Comercial se vendió a un fondo de inversión "y por lo tanto no se sabe quienes son sus accionistas".

Otro caso son las gestiones entre ANCAP y la empresa petrolera venezolana PDVSA. Como informa el sitio web de esta última, "entre los negocios que ambas empresas evalúan se encuentra la ampliación de la Refinería La Teja de ANCAP -con una inversión estimada en 600 millones de dólares-, establecer una asociación para atender las estaciones de servicio que tiene la petrolera uruguaya en Argentina, el suministro por parte de PDVSA a las plantas de cemento en el departamento Lavalleja e inversiones en un proyecto de etanol". El diputado nacionalista Pablo Abdala, dijo a El País, que la asociación se "haría sin ley y sin licitación", para lo cual ANCAP no está habilitada.

Es oportuno felicitar al Frente Amplio por reconocer la conveniencia de privatizar sectores de la actividad estatal. Pero también corresponde exigir que esa estrategia tenga un sólido fundamento conceptual y jurídico y que sea sometida a un previo debate público.