La Pasiva pagó parte de la deuda y no cerrará locales

El nuevo año les sonríe a los directores de La Pasiva. Además de obtener la libertad, tras pagar cada uno U$S 25.000 de fianza, la situación económica de los 15 locales quedó prácticamente saneada y no cerrarán nuevas empresas.

Según informó a El País el abogado tributarista Carlos Dentone, las empresas han pagado hasta el momento U$S 2,5 millones de lo que adeudaban, correspondiente a la totalidad del IVA y al monto que reconocieron deber del Impuesto a la Renta.

Ello, sumado a una rebaja en las retenciones judiciales, frente a planteos que las sociedades anónimas realizaron a los diferentes juzgados civiles, permitió frenar los posibles cierres.

Dentone aseguró que no van a cerrar nuevos locales. Explicó que el único local que cerró definitivamente fue el de Plaza Independencia.

Los otros que tuvieron serios problemas económicos -algunos llegaron a enviar a los trabajadores al seguro de paro- finalmente no cerrarán. Esos locales son los de Plaza del Entrevero, Rivera y Soca, Rivera y Larrañaga, Plaza Colón y el de Benito Blanco y Avenida Brasil.

El abogado explicó que otras sociedades cerrarán pero por mudanza, como es el caso del local de 18 de Julio y Gaboto. En ese caso mientras se trasladan los bienes, se enviará al personal a la licencia o al seguro de paro en forma provisoria.

libertad. Esta semana quedaron en libertad los cinco directores que habían sido procesados primero sin prisión, y luego enviados a Cárcel Central. El martes recuperaron su liber- tad los tres primeros y ayer los otros dos. Uno de ellos cumplía prisión domiciliaria por motivos de salud pero también se le levantó la medida cautelar.

Todos debieron pagar una fianza de U$S 25.000 como condición para abandonar la cárcel, según decretaron el juez de feria Roberto Timbal, quien actuó con el fiscal Luis Bajac.

La defensa de los empresarios había pedido la libertad provisional, antes de que se iniciara la feria judicial que comenzó el 25 de diciembre. El abogado Renato Echevarría, del estudio del secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, esgrimió prisión preventiva suficiente y también problemas de salud de los detenidos.

Por ese motivo, la fiscal del caso, Mónica Ferrero, pidió informes médicos al Instituto Técnico Forense. Esos informes fueron enviados por los técnicos la semana pasada a Timbal.

Fuentes judiciales señalaron que tras evaluar los resultados que confirmaron problemas cardíacos y de presión, sumado al tiempo de prisión preventiva sufrido, y a los pagos realizados por los evasores, el juez accedió a darles la libertad.

Habían sido procesados por defraudación tributaria en ma-yo por el juez Pablo Eguren, pero recién fueron enviados a prisión a mediados de septiembre, porque la fiscal apeló. Para darles la libertad, Timbal contabilizó también las tareas comunitarias que llevaron a cabo en el INDA durante cuatro meses.

Las 15 sociedades anónimas intervenidas por la DGI recurrirán al Tribunal de lo Contencioso Administrativo porque entienden que lo que les reclama no corresponde. La Impositiva sostiene que deben $5.436.538 por evasión, $1.087.308 por multas y $17.791.067 por recargos moratorios. A ello se suma $32.619.228 por infracción de defraudación.