El juez Juan Carlos Fernández Lecchini afirmó que la sentencia por la cual concede la extradición de cinco militares y un ex policía a Argentina tiene un "interés científico" pero no práctico, en el sentido de que difícilmente llegue a concretarse.
El magistrado declaró a El País que hizo lugar al pedido de la Justicia argentina porque tras estudiar el caso detenidamente, entiende que se cumplen los requisitos legales necesarios además de que Argentina es un país democrático que ofrece garantías. No obstante, puso en duda que "pase de ahí".
La decisión del juez comprende a Gilberto Vázquez, Ernesto Ramas, Jorge Silveira, Ricardo Medina, José Gavazzo y Ricardo Arab. Los defensores ya decidieron que apelarán el fallo. Tienen tres días para presentar el recurso.
"Desde esta resolución a que se pueda efectivizar la entrega hay un trecho largo", agregó Fernández Lecchini. Explicó que por un lado los militares tienen posibilidad de apelar ante el Tribunal de Apelaciones primero y luego ante la Suprema Corte en casación.
Por otra parte, debido a que están sujetos a proceso en Uruguay, hasta que no cumplan la condena que la Justicia les imponga, por la desaparición de Adalberto Soba, tampoco podrán ser trasladados.
Además, Fernández Lecchini afirmó que habrá que considerar "cómo se encuentran de salud. Es gente grande que tiene algunos problemas de salud". Agregó que llegado el momento esa circunstancia "puede obstar a que sean entregados".
El magistrado estableció en su fallo algunas condiciones. Ellas son que no podrán ser juzgados en Argentina por la desaparición de Adalberto Soba, ni ser juzgados por el delito de asociación para delinquir. Tampoco podrán juzgárselos por delitos establecidos en la ley, vigentes al momento de los hechos.
Además señaló que no se les podrá aplicar la pena de reclusión perpetua y se les deberá descontar de la pena que eventualmente pudieren sufrir, el tiempo que permanecieron detenidos administrativamente a disposición de su sede en este trámite.
El fallo de Fernández Lecchini tiene 159 páginas, en las que despliega los conceptos jurídicos por los cuales entiende que corresponde habilitar la extradición. De todos modos, no ingresa en el análisis sobre si cometieron o no los delitos que el juez argentino les imputa. Esto es asociación ilícita y privación ilegal de libertad por considerar que tuvieron participación en la detención ilegal de 11 uruguayos y de María Claudia García de Gelman.
El juez responde a cada uno de los argumentos de los defensores y cita casos de violaciones a los derechos humanos como el de Nuremberg, el del ex dictador chileno Augusto Pinochet y ex marino argentino Adolfo Scilingo, juzgados en España por delitos de genocidio, tortura, entre otros.
Fernández Lecchini concluye que los crímenes del Plan Cóndor "pueden considerarse de lesa humanidad". Considera que las leyes de amnistía "han sido alcanzadas por condenas u observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por adoptar mecanismos que libran de pena a delitos de lesa humanidad".
Además afirmó que "no existe prueba contundente sobre la prescripción de los ilícitos". El juez suscribió a las normas internacionales que sostienen que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y por ello "se pueden perseguir esos delitos tras largo tiempo" de haber sido cometidos.
La cárcel ya está pronta
El Ejército terminó su tarea y espera la orden del Poder Ejecutivo para trasladar a los militares y policías procesados por violaciones a los derechos humanos a la cárcel especial, informó ayer el comandante en jefe de la fuerza, Jorge Rosales.
Esas personas están hoy detenidas en la Cárcel Central y esperan de un momento a otro que el propio presidente Tabaré Vázquez decida el traslado, explicó Rosales. El nuevo lugar de alojamiento es una ex unidad militar acondicionada con ese fin, que estará a cargo del Ministerio del Interior.
A su vez, el comandante Rosales insistió en que la búsqueda de restos de desaparecidos en predios militares finalizó el 30 de setiembre. Si hay nuevos datos y Presidencia lo dispone, se volverá a buscar, aclaró.
Etapas de un largo proceso
MAYO. Los seis requeridos por el juez Guillermo Montenegro fueron detenidos el 5 ante la solicitud de reclusión preventiva.
JULIO. Luego de la fuga de cuatro días del ex coronel Gilberto Vázquez, el gobierno decidió trasladarlos a Cárcel Central y que dejaran los cuarteles.
SETIEMBRE. El juez Luis Charles procesó el día 11 a los represores requeridos por Argentina, más al militar Luis Maurente y al ex policía Pedro Sande, por la desaparición de Adalberto Soba.
OCTUBRE. Los jueces argentinos Daniel Rafecas y Norberto Oyarbide, concretaron nuevos pedidos de extradición contra todos los represores, por su participación en el Plan Cóndor.
