OEA se preocupó por prensa uruguaya

DANIEL HERRERA LUSSICH | CORRESPONSAL PERMANENTE | EL PAÍS EN WASHINGTON

La Relatoría para la libertad de expresión de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA declaró ayer, ante nutrida asistencia de periodistas la "preocupación por una sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de Uruguay que revirtió la jurisprudencia establecida por ella misma en 1997, al condenar a prisión al periodista Carlos Dogliani Staricco por el delito de difamación por la publicación de una investigación sobre presunto fraude por parte de un intendente".

Y dio entrada para su estudio a cinco casos, entre ellos el más reciente que involucra al secretario de redacción del semanario Búsqueda Gabriel Pastor, que el 26 de setiembre denunció al Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay, el cual inició una investigación por supuestos malos tratos contra sus hijos, después de la publicación en ese medio de un artículo que habría molestado al organismo oficial.

El relator de la OEA, Ignacio J. Alvarez, inició la conferencia de prensa exhibiendo preocupación por el deterioro en el respeto de la libertad de expresión en la región en el trimestre julio-setiembre.

Ante la pregunta de algunos casos en el Uruguay, entre ellos el de Pastor y Búsqueda, de una denuncia del canal 2 de Lascano y la confiscación de aparatos de una radio en Castillos (Rocha), expresó que todavía no tenía elementos "para un pronunciamiento de fondo", pero aclaró que en algunos países, no aludiendo directamente a Uruguay, existían "inclinaciones a utilizar más sutiles medios que la censura directa, como inventar o crear determinados hechos contra el periodista que molesta o buscando el ataque financiero, suprimiendo la publicidad o líneas de crédito en bancos oficiales".

En el caso de Dogliani, expresa la OEA que "la decisión es contraria a los estándares del sistema interamericano de derechos humanos, conforme a los cuales no es proporcional en una sociedad democrática que se sancionen penalmente las ofensas al honor de los funcionarios públicos, quienes están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad".

Según Alvarez, la sentencia "es regresiva y tiende a crear ambiente desfavorable para la libertad de expresión."