GUSTAVO PENADES
En un período de gobierno que caracteriza por someter a debate todo, uno, si no el de mayor trascendencia, es el que refiere a la Reforma Educativa.
Según la intención manifestada por las autoridades, se trata de que todos los ciudadanos así como organizaciones representativas, expresen su opinión en referencia a tan importante cuestión. La finalidad perseguida -también según lo expresado- es que con los aportes de la sociedad sea aprobada una nueva ley de educación.
Hasta ahora las convocatorias realizadas en diferentes partes del país, y en Montevideo las que tienen por referencia principal a los Centros Comunales Zonales, no han despertado mayor interés. Es natural, además, que convocatorias de tales características deriven en una infinidad de apreciaciones, muchas de las cuales no tienen relación con la finalidad perseguida, a estar a las palabras de los organizadores.
El debate educativo en cuestión se transforma en muchos casos en una discusión que tiene por eje la organización institucional del sistema de educación pública, y , más precisamente, el papel que le correspondería tener a los sectores gremiales. Es decir, se discute si los gremios deben o no estar representados en la conducción de la educación. A todo esto se han sumado las lógicas reacciones por el empecinamiento del Gobierno de que la historia reciente sea incluida en los programas y la conformación, para ello de un grupo de "expertos" responsables de escribir la "historia oficial".
Mientras el Gobierno está enzarzado en dichos temas, se está dejando de lado lo que debería ser su preocupación central y el objeto de sus desvelos: abocarse a educar mejor. Para ello no es preciso disponer de nuevas normas legales, ni es tampoco preciso definir la discusión sobre la enseñanza en valores o sobre si los gremios docentes dispondrán de cargos de conducción. Hay situaciones o defunciones que deberán ser adoptadas y si cuentan con el mayor consenso político y social mucho mejor. Pero mientras tanto los niños, adolescentes y jóvenes continúan enfrentando los desafíos propios de su edad: aprender matemáticas e idioma español, geografía, física, etc.
¿Qué aprenden?, ¿qué materiales se utilizan? , ¿se instrumentan herramientas pedagógicas acordes a los tiempos?, ¿se ponen a disposición los materiales necesarios?, son entre otras, las preguntas que deberían inquietar a las autoridades públicas. A ello, por cierto, debe sumarse el fortalecimiento de la autoridad de los directores y docentes; controlar el ausentismo docente; desterrar la violencia que anida en muchos institutos y exigir del Ministerio del Interior la colaboración a que está obligado para combatir la violencia y el flagelo de las drogas en algunos centros de enseñanza y sus alrededores.
Estas cosas que enumeramos son -aunque parezca mentira- cuestiones accesorias en la mente de algunos. Pero no para nosotros y para los padres y alumnos, que son los usuarios del sistema, y los que viven las angustias y los sinsabores de los defectos de la enseñanza pública. Los puntos señalados deberían ser, sin ningún lugar a dudas, la principal preocupación de las autoridades de la enseñanza.
Siendo la educación uno de los principales agentes de integración social, sería deseable que se dejaran a un lado algunos caprichos políticos y se pensara únicamente en los educando.